Luis Alberto Romero

artículo publicado

14 de julio de 2019

1946, una elección decisiva que todavía marca a la Argentina

La elección de febrero de 1946, que consagró presidente a Juan Domingo Perón, fue a la vez un final y un principio. Cerró el ciclo dictatorial iniciado el 4 de junio de 1943 e inauguró una larga etapa dominada por la figura de Perón, que se extendió al menos hasta su muerte en 1974. Para discutir la singularidad de esta coyuntura decisiva, el Club del Progreso y la Universidad de San Andrés convocaron al historiador Juan Manuel Palacio y a Juan Carlos Torre, uno de los más reconocidos estudiosos del peronismo.

Torre analizó el complejo camino recorrido por Perón desde el golpe militar del 4 de junio de 1943 hasta su llegada a la presidencia en 1946. Pronto se destacó entre sus camaradas golpistas del GOU por su visión política y su búsqueda de una salida para el gobierno militar. Preocupado por el avance del comunismo en el emergente movimiento sindical, imaginó una solución que no fuera solo represiva. Desde la Secretaría de Trabajo lanzó una reforma profunda de las relaciones laborales, que incluía el reconocimiento sindical, la creación de mecanismos de concertación y el apoyo a las demandas obreras. Convocó a todos los dirigentes, con excepción de los comunistas, duramente reprimidos, y conformó en el sindicalismo una base de apoyo que resultó ser muy sólida.

Su proyecto era más vasto. Al Ejército y la Iglesia, que acompañaba a la dictadura militar, pensaba sumar a los empresarios -ante quienes esgrimió el fantasma de la amenaza comunista- y las fuerzas políticas. Este proyecto fracasó, pues la oposición, nucleada en la Unión Democrática, se endureció y los empresarios no vieron ni los riesgos ni las ventajas de la propuesta de Perón.

Sobre la marcha -sostiene Torre- Perón reformuló su proyecto, apoyándose más decididamente en el sector sindical. Sumó algunas medidas, como el aguinaldo, de fuerte impacto en los ingresos, y un discurso anticapitalista, condensado en el célebre “combatiendo el capital” de la marcha peronista. La jornada del 17 de octubre de 1945 reveló la potencia política de ese apoyo, que le permitió controlar el gobierno y manejar desde allí el inminente proceso electoral, en el que enfrentaría a una coalición democrática muy fuerte.

En los cuatro meses siguientes logró formar una organización política nacional, algo complejo en provincias donde el movimiento obrero pesaba poco. Perón invitó a todos los partidos y en cada uno cosechó algo, especialmente en la UCR. Finalmente, su candidatura fue respaldada por dos fuerzas políticas -el partido Laborista y la UCR Junta Reorganizadora-, que reunieron el 52% de los votos, en elecciones cuya limpieza fue reconocida por todos. De acuerdo con las normas vigentes, esa mayoría ajustada se convirtió en una holgadísima representación en los órganos legislativos y en las gobernaciones. Perón inició su presidencia constitucional con tanto o más poder que el que había tenido al fin del gobierno militar.

Una justicia peronista

¿Qué hizo con ese poder? Palacio elige un aspecto, el más original y trascendente: las políticas laborales y la creación de la justicia del trabajo. La legislación laboral se venía desarrollando, con más debates que conclusiones. Desde 1943, Perón utilizó el poder dictatorial para cortar varios nudos gordianos y producir un salto cualitativo, que consolidó desde la presidencia, para ampliar las reformas y, sobre todo, para asegurar su cumplimiento.

Se sancionaron leyes significativas, como el estatuto del peón, y se dictó un gran número de reglamentaciones, relativas a los diversos aspectos de la relación laboral. Lo más novedoso fue la firme decisión de aplicarlos. La Secretaría de Trabajo y Previsión -el gran instrumento de acción estatal y política- absorbió todas las dependencias estatales afines y, sobre todo, las de nivel provincial, convertidas en agencias del poder central. Cada una se dedicaba a vigilar en el lugar las condiciones laborales, difundir la legislación existente, asesorar a los trabajadores jurídicamente e iniciar los trámites judiciales o de mediación. Eran abogados de parte.

Por otra parte, en 1944 se creó el fuero laboral y la justicia del trabajo, algo ya existente en muchos países, que el Congreso había discutido sin resolverlo. Perón tomó la decisión y la instrumentó de una forma que -admite Palacio- fue singular y quizá extrema. El sesgo se manifestó sobre todo en la designación de los jueces, personas consustanciadas con las ideas gubernamentales que fallaron sistemáticamente en favor de los trabajadores.

El equilibrio de fuerzas cambió sustancialmente. Palacio concluye que, desde entonces y hasta hoy, el “lenguaje de los derechos” se convirtió en parte estructurante de la identidad de los trabajadores. La propaganda política lo decía más llanamente: la “justicia de los trabajadores” había desplazado a la justicia oligárquica. Palacio opta por una fórmula menos extrema: lo que se construyó fue la “justicia peronista”.

Torre señala que en esa frase -“justicia peronista”- el adjetivo casi niega al sustantivo, y se pregunta por las condiciones institucionales de esa gran transformación. En julio de 1955, Perón había admitido que ésta se había hecho a costa de algunas libertades. Más que eso, dice Torre. El régimen político peronista fue inicialmente autoritario. Buscó la unanimidad acallando las voces opositoras y cercenando las libertades políticas. Convirtió en “doctrina nacional”, de rango constitucional, las célebres “Veinte verdades peronistas”, y finalmente gobernó, lisa y llanamente, de manera dictatorial.

En suma, en la Argentina el camino hacia la institucionalización de los derechos de los trabajadores se hizo a costa de las libertades personales y de las instituciones republicanas. ¿Por qué?

Torre encuentra la respuesta en el momento en que el rumbo imaginado inicialmente por Perón dio un giro brusco. Un derrape, diría François Furet. Inicialmente se había propuesto seguir desarrollando y ampliar la reforma social en gestación, con el apoyo de un vasto frente social y político que incluyera y moderara al nuevo y activo movimiento sindical. Su proyecto fracasó por la deserción de una pieza fundamental: los empresarios no vieron la ventaja de “ceder algo para no perderlo todo” y se sumaron al frente opositor.

En ese momento, rápidamente, Perón pasó a su segunda opción: volcarse al costado sindical y potenciar su política obrerista. Era consciente de que el apoyo obrero no le bastaba y que debía recurrir a fuerzas políticas tradicionales. Su movimiento terminó siendo policlasista, pero conservó en su núcleo ese actor sindical, sobrerrepresentado, opina Torre, que lo llevó a adoptar una política radical, en las palabras y, en el caso de la justicia laboral también en los hechos.

Probablemente esto no condecía con su personalidad de “león herbívoro”, ni con su natural aprecio del orden, pero la marca jacobina quedó, y generó las resistencias y facciones características de los corsi e ricorsi posteriores, hasta hoy.

La “justicia peronista” dejó una estructura sindical que tiene poco de jacobina y mucho de corporativa, y que resultó una de las herencias más perdurables del régimen. Por distintos caminos, y con valoraciones diferentes, Torre y Palacio coinciden en esto. En ese sentido, la de 1946 fue una elección decisiva, a cuya sombra proyectada vivimos todavía hoy.

Publicado en La Nación

Etiquetas: Justicia Laboral, Partido Laborista, Peronismo, Secretaría de Trabajo, UCR Junta Reorganizadora

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