Luis Alberto Romero

artículo publicado

9 de abril de 2004

Apenas una cátedra

Historia Social General es solo una cátedra, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; es, a la vez, un caso actual del proceso de deterioro, y quizá de destrucción, de la universidad pública. Quienes la fundamos, en 1984, tomamos como modelo la célebre cátedra que José Luis Romero dirigió entre 1958 y 1966, que hoy figura en la historia de la Universidad de Buenos Aires y también en la de la historiografía argentina. Muchos saben que durante veinte años, y pese a tener una inscripción masiva, nuestra cátedra se ha caracterizado por la excelente formación de sus docentes, la cuidadosa organización, el rigor del trabajo y un elevado estándar de exigencia: quien concluye el curso, sale sabiendo bien algo importante para su formación.

A fines del año pasado, por iniciativa de las agrupaciones estudiantiles, se promovió una cátedra “paralela”. Las segundas cátedras son una opción normal y saludable en la Universidad. Pero en este caso se eludió recurrir al procedimiento habitual y razonable para su constitución: el concurso docente público y abierto, que asegura la selección de los mejores candidatos. Se optó, en cambio, por la vía “política”. Contra la opinión de la gran mayoría de los profesores de la carrera de Historia, en los cuerpos de gobierno se votó la designación de profesores mediocres y poco calificados, se aprobó un programa inconsistente y desactualizado, lleno de errores y dogmatismos, se conformó un plantel docente con jóvenes con más pergaminos en la militancia que en el estudio. Para coronar este conjunto de desaguisados académicos, se estableció que en esta cátedra no habría examen final: para aprobar, bastaba con parciales domiciliarios. Luego, a la hora de inscribirse los estudiantes, equipos disciplinados de militantes se consagraron a denigrar la cátedra establecida con infundios dignos del doctor Goebbels, y a promover un curso que, según decían, se aprobaría fácilmente. El resultado de ese argumento de venta fue demoledor: 1300 alumnos optaron por la cátedra paralela, y 300 por la constituida.

¿Qué tiene de malo nuestra cátedra de Historia Social General? Mucho tiene que ver con las luchas facciosas de la Facultad, con el deseo del actual “oficialismo” de aniquilar a los “opositores”, pues ellos piensan en esos términos. Pero en el fondo, creo que lo que molesta es su alto nivel académico y su exigencia, que la han convertido en un símbolo de la Universidad de la calidad, el esfuerzo y el mérito. La cátedra, y yo particularmente, nos convertimos en un blanco doble: se trató de castigar a quienes no comulgan con la facción gobernante y de abatir un símbolo de la Universidad llamada elitista. En suma, se trató de una operación política en toda la regla.

Como ocurre a menudo, un caso singular revela un problema general de la universidad pública, cogobernada por estudiantes, graduados y profesores. La política estudiantil está hoy dominada por minorías militantes que confiscan la voz de un estudiantado apático: quienes tienen inquietudes son incapaces para competir en eficacia con las máquinas profesionales y los militantes de tiempo completo. Pero hay algo más: las consignas “facilistas”, como la de remplazar el examen final por la llamada “promoción directa”, la reducción de la bibliografía obligatoria, la enseñanza en un nivel pedestre, todo eso tiene eco en alumnos que llegan a la Universidad mal preparados, como consecuencia de una escuela media en crisis. Los profesores de Medicina o Ingeniería saben que, pese a todo, no pueden reducir sus exigencias, pues correrían el riesgo de que muchas vidas humanas quedaran en manos de profesionales mal preparados. Tampoco imagino una Facultad de Medicina aceptando la petición de unos alumnos que, en lugar de Patología, quieran estudiar las Flores de Bach, o cambiar la medicina científica por el estudio de “nuestro” curanderismo. Tales planteos y peticiones, en cambio, parecen tener legitimidad en nuestras carreras humanísticas y sociales hoy. Muchos piensan que es buena política no ser tan exigentes, y bajar los niveles de modo de contener a todos los que quieran estudiar, aunque no posean, por ejemplo, la capacidad de la lectura y la escritura en nivel universitario.

Hoy estos son los reclamos de las agrupaciones estudiantiles que se reclaman “de izquierda”. Es difícil imaginar una propuesta menos democrática y progresista que esta. La gran virtud de la educación pública ha consistido siempre es su capacidad para compensar las desigualdades sociales y los capitales culturales por la vía del estudio, el esfuerzo y el mérito. El “facilismo” satisface la pasión igualadora dejando a los alumnos en la ignorancia. Quizá con un título, pero ignorantes. Como ocurre siempre, las elites acomodadas tendrán sus propios modos de formarse, y así se acentuarán y profundizarán las desigualdades de la sociedad. Se suele acusar al Banco Mundial y a otros inspiradores de nuestra política educativa de impulsar la segmentación de la educación y dejar una escuela pública degradada para quienes no pueden pagarse otra educación. Hasta ahora, la universidad pública viene manteniéndose al margen de esta lógica siniestra. Hoy la veo caer en ella, de la mano de quienes quieren presentarse como representantes de los intereses populares.

Admitamos que la lógica de las agrupaciones estudiantiles es férrea; hacen eso y seguirán haciéndolo, porque su interés en la Universidad es en realidad instrumental. Están allí para otra cosa. Quienes deberían equilibrar el fiel de la balanza, e inclinarlo hacia el lado de los intereses académicos son los profesores. Pero a menudo no lo hacen, resignan, sus responsabilidades y dejan hacer. ¿Por qué?

El cogobierno de profesores, estudiantes y graduados tiene una dimensión positiva: evita que los destinos de la Universidad estén solamente en manos de la corporación académica, obliga a ésta a exhibir sus criterios, sus argumentos; en suma, a hacer transparente su gestión. Ese fue, en su tiempo, el mérito de la Reforma universitaria. Funcionó bien en otro país. En la Argentina de hoy, donde casi cualquier institución ha perdido su soporte ético, no. El gobierno de las Facultades está habitualmente en manos de facciones lanzadas al aprovechamiento de todo lo que el poder puede dar, desde satisfacciones simbólicas hasta materiales. Es sorprendente cuántas de estas últimas dependen de las decisiones del órgano de gobierno: una fotocopiadora, que funciona en condiciones más que monopólicas, un “bar estudiantil”, que a menudo es un fumadero, un contrato de limpieza. También una promoción académica, un contrato de gestión, un pasaje para viajar al exterior. Cuando controlan el poder, algunos alumnos, graduados y profesores, comparten esos beneficios. A veces, las facciones son relativamente virtuosas, moderan sus apetitos, piensan también en el interés común, velan por los criterios académicos. Otras, son nefastas; tanto como cualquiera de las que hoy operan en la política grande.

La posibilidad de un funcionamiento discretamente virtuoso o descarnadamente faccioso está en los profesores, pues ellos son naturalmente los encargados de velar por los principios académicos, de perseguir y custodiar la excelencia, de conservar la Universidad como un lugar donde conviven quienes aprenden y quienes enseñan. Cuando los profesores reniegan de sus convicciones, cuando olvidan que son los adultos y se subordinan a las agrupaciones estudiantiles, todo el edificio universitario tambalea y se derrumba.

Desgraciadamente, esto ocurre a menudo, por la perversa concurrencia de distintos factores. Los argumentos llamados “de izquierda”, aunque sean intrínsecamente conservadores, antidemocráticos y destructores de la Universidad como tal, tienen un efecto paralizante en muchos profesores: no son muchos los que se atreven a explicitar que el verdadero progresismo puede consistir en oponerse a las reivindicaciones de las agrupaciones estudiantiles. Luego está la alianza de la mediocridad. Es sabido que el mundo académico es intrínsecamente competitivo y allí el mérito merece ser premiado. La institución más característica de la Universidad es competitiva y selectiva: el concurso para los cargos docentes, de antecedentes y oposición. Como en toda competencia, los brillantes se diferencian de los mediocres. Pero el control de las instituciones de gobierno universitario, que son electivas, permiten a muchos de estos últimos lograr, por la vía política, lo que no pueden conseguir por sus propios méritos. Quienes no siguen a los estudiantes por razones ideológicas, pueden en cambio hacerlo por conveniencia: hay muchos premios académicos que pueden obtenerse en las votaciones.

Lo curioso es que todo puede hacerse legalmente, como ocurrió en el caso de la cátedra de Historia Social General. Es legal votar sobre tablas cualquier arbitrariedad, sin discutir y sin consultar con quienes realmente saben. Las mayorías a las que no les preocupa destruir la Universidad han sido elegidas legalmente, y cada una de sus decisiones es usualmente válida, aunque no sea legítima. Hace muy poco, el juez Zaffaroni dijo que la democracia no consiste simplemente en hacer lo que la mayoría quiere: al fin fueron mayoría quienes quemaban a los herejes, o quienes exterminaron a los judíos en la Alemania nazi. El tema, que está en el centro del drama de la Universidad pública, es clásico en la filosofía política: la democracia exige un delicado balance entre el principio del número y el de la razón. El número remite a las votaciones de los cuerpos colegiados; la razón, a las bases mismas de la Universidad, a veces inscriptas en sus estatutos pero sobre todo en sus tradiciones. Y las tradiciones son vulnerables frente a las votaciones. En muchos ámbitos de las universidades públicas hoy el gobierno se inclina ante el número, y la esencia misma de la Universidad retrocede, se resquebraja, se derrumba. La posibilidad de defender la razón, y la responsabilidad por su deterioro, corre por cuenta de los profesores. Muchos parecen haber renunciado a su misión.

Publicado en Debate

Etiquetas: Cátedra de Historia Social, Excelencia académica, Populismo universitario, Universidad

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