Luis Alberto Romero

artículo publicado

14 de diciembre de 2009

Defender los derechos humanos

Durante mucho tiempo creí que 1984 constituía un momento fundador en materia de derechos humanos y más en general de cultura política, y que todos –con excepción de algunos obcecados “procesistas”- estábamos de acuerdo en su sentido. Hace poco cobré conciencia de que no era así. Para muchos tal jalón no está en realidad en 1984 sino en 2003, y consideran que antes de esa fecha, poco o nada se ha hecho en materia de derechos humanos.  Tal afirmación me permite recapacitar sobre matices y diferencias no explicitadas dentro de aquel consenso de 1984, y sobre la evolución de las opiniones y creencias a lo largo de los veinte años siguientes.  El hecho de que algunos o muchos lleguen hoy a un resultado tan diverso del original obliga a preguntarnos exactamente de qué estamos hablando con “derechos humanos”.

Los fundadores

Fueron las organizaciones defensoras de derechos humanos, y en particular Madres de Plaza de Mayo, las que en la noche de la dictadura establecieron el tema, abrieron una brecha en el discurso oficial, alinearon voces disidentes y finalmente contribuyeron a fundar una nueva cultura política. Los derechos humanos trazaron una línea categórica respecto de la violencia asesina, la violencia como método político, y la idea de que los fines, si son elevados, justifican los medios.  Le dieron a la política un fundamento ético que era raro antes de 1983.  En defensa de principios ubicados más allá de la competencia política,  apelaron a una opinión plural  y cuestionaron el valor superior de la unanimidad.

Casi todos los que habían participado con entusiasmo en las luchas facciosas previas se convirtieron a la nueva creencia. Algunos, por un arduo proceso de autocrítica; otros, por una vía más rápida: la adscripción al boyante mundo de las instituciones internacionales defensoras de los derechos. Hoy parece evidente que sobrestimamos la sinceridad de esa conversión.  La nueva creencia se impuso, en parte por convencimiento pero sobre todo por su capacidad para deslegitimar otros discursos. No siempre se adueñó de las convicciones íntimas de los antiguos faccionalistas, que hoy sabemos que fueron resistentes, pero al menos bloqueó eficazmente su argumentación pública.

Nunca más: el imperio de la ley

A partir de 1984 este movimiento de los derechos humanos produjo su primer gran fruto: el informe Nunca Más y el juicio a las Juntas militares.  Lo hecho en ese momento fue excepcional, por la capacidad de investigar en caliente lo más grueso de lo ocurrido, y de juzgar, con todos los recaudos, a los máximos responsables.  Fue un proceso arduo. Emilio Crenzel ha mostrado la compleja negociación entre el equipo gobernante y las organizaciones de derechos humanos, más preocupados unos por lo que había que hacer de ahí en más,  y los otros por lo que había sucedido.  También señaló el sólido bloque con que se enfrentó, donde convergieron casi todos los partidos (incluso una buena parte del oficialista) y las grandes corporaciones.

La resultante fue la construcción, a través de los partidos, de un actor político, la civilidad, capaz de fundamentar y sostener la instauración del estado de derecho y el gobierno de la ley.  Porque según la concepción de 1984, el juicios a las Juntas no fue un fin en si mismo, sino el camino para la construcción de algo que los trascendería: el gobierno de la ley. Los derechos humanos enlazaban el ejercicio de la justicia con la afirmación de un orden jurídico que cerrara la posibilidad de su violación. Eso significaba, creo, Nunca más.

Veinte años de caminos divergentes

Durante los siguientes veinte años, la continuación de juicios a los responsables del terrorismo de estado fue una materia pendiente.  Aquella coyuntura privilegiada, en que la civilidad y el gobierno civil dominaban el conflicto, pasó.  Por impotencia, Alfonsín concluyó en la ley de Obediencia debida. Por propia intención,  Menem llegó hasta la amnistía de los ya condenados.  Esto formó parte de una desilusión generalizada, que caracterizo a la experiencia democrática toda, luego de la euforia inicial. En ese contexto, el propósito de los derechos humanos se desdibujó gradualmente, y muchos de quienes habían sido sus defensores siguieron senderos diversos y divergentes.

Unos tomaron el camino de la construcción ciudadana de una memoria ejemplar, formulada en los imperativos términos del “deber de la memoria”.  Se construyó una retórica densa, fundada en el Holocausto, la maldad absoluta, y su banalidad. Fue una retórica polifuncional, que sirvió para muchas causas diferentes.

Una de ellas fue la legitimación de los derechos de individuos y grupos, más allá de cualquier regulación o limitación pública, que era siempre definida como autoritaria. Detrás de cada director de escuela o inspector municipal que quería hacer cumplir los reglamentos aparecía la sombra del Proceso. En nombre de los derechos humanos, el pacto social de convivencia fue sacrificado al ejercicio de la santísima voluntad personal o grupal.

El deber de memoria dio origen a muchas instituciones, dedicadas a su construcción, que florecieron en paralelo con las consagradas a la defensa de los derechos humanos. Subsidios privados y gubernamentales financiaron a unas y otras, y también a quienes las convirtieron en un objeto de estudio. Tanto la memoria como los derechos se convirtieron en actividades especializadas y profesionalizadas. Para muchos, resultaron ser una salida laboral, y hasta el fundamento de una carrera política. En este punto, empezó a haber disonancias entre los elevados fines iniciales y las consecuencias de su práctica.

Las instituciones aseguraron la perduración del movimiento inicial, más allá de entusiasmos personales efímeros, pero desarrollaron necesidades institucionales, principalmente presupuestarias, y también compromisos.  Fue un camino similar al del cristianismo, que nació en las catacumbas y se convirtió en iglesia oficial, con privilegios y responsabilidades.  En uno y otro caso, los costos y beneficios de tal cambio son materia opinable.

Un segmento importante de quienes reivindican memorias ejemplares cambió un poco el foco ejemplar: de la construcción de una nueva civilidad y un nuevo orden jurídico, que superaran la violencia política, pasaron por pasos sucesivos  a la reivindicación de los militantes,  figura que empezó a remplazar a la de víctimas inocentes, y con ellos, la reivindicación de  la lucha y la violencia.  La dimensión militante de las víctimas es sin duda una verdad histórica. Pero también es una propuesta y un proyecto,  que implica la resignificación y la instrumentación de las prácticas asociadas con los derechos humanos.

Un halo revolucionario impregnó las antiguas ideas, y los medios retrocedieron ante los fines. Así, la idea de justicia derivó en la de justicia popular. El tribunal judicial retrocedió ante el comité jacobino o sans culotte y la sentencia fue remplazada por el escrache, detrás del cual casi se perfilaba el linchamiento. Afloraron la política facciosa, el señalamiento de los enemigos del pueblo y su condena y exterminio verbal,  tan característicos de la cultura previa a 1983, que se suponía superada. En el mismo sentido, la demanda de justicia se deslizó desde la idea de la majestad de la ley hacia la más simple la venganza. Lo importante era que los responsables pagaran por sus culpas. Juzgarlos dejó de ser un medio de construcción del estado de derecho, para convertirse en un fin en si mismo.

2003: la emergencia

Muchos de estos sentidos convergieron y se polarizaron desde 2003, cuando el gobierno de Kirchner declaró que asumía la bandera de los derechos humanos, impulsó la anulación de las leyes de indulto y obediencia debida, dio nuevo impulso a los juicios, hostigó a las fuerzas armadas,  estableció lugares de memoria e inició un diálogo estrecho con las organizaciones de derechos humanos. También fue importante la dimensión discursiva y la confrontación con un enemigo cuyo núcleo eran los partidarios de la dictadura pero que incluía a otros muchos, acusados de complacencia o tibieza.

En ese contexto  de iniciativas loables y discursos confrontativos, el gobierno declaró que por primera vez esa política era desarrollada de manera profunda y consistente.  Cabe preguntarse si se trata de un nuevo impulso a las orientaciones de 1984 o si, en cambio, el propósito es marcar un camino distinto y eventualmente contrapuesto. También, si ese camino conduce a alguna variante reconocible de los derechos humanos o a otro lugar distinto.

Una de sus características es la actitud fundadora. Contradice  la idea de un gran acuerdo ciudadano que, más allá de las diferencias políticas, sostenga el marco jurídico y asegure la convivencia pacífica. La manera de encarar la cuestión por el actual gobierno es incompatible con la idea de civilidad construida en 1984.

Otra característica es el tono revanchista del discurso: los derrotados de 1976 se toman desquite de sus vencedores y verdugos, y de alguna manera legitiman sus antiguas prácticas.  Es grande la diferencia con el espíritu del juicio a las Juntas, que también incluyó a los responsables de las organizaciones guerrilleras, y su repudio a cualquier tipo de violencia.

Paradójicamente, una consecuencia de esta postura de parte  es abrir el espacio para la reivindicación de la otra parte, que el  Nunca Más había bloqueado. A través del recuerdo de sus propias víuctimas, ignoradas por el discurso oficial, los defensores de la dictadura, sus fines y sus medios (aunque no sus excesos)  encontraron un espacio legítimo de expresión.

El escrache se ha convertido finalmente en un instrumentó de gobierno. Ya no se trata de los sans culottes sino de la Mazorca, conducida, dosificada y orientada por el poder político, que le indica objetivos y tiempos.

El diálogo con algunas de las organizaciones de derechos humanos ha derivado en una colusión de intereses, hecha de servicios recíprocos y prebendas. No conocemos su magnitud, pero es claro que en esta época de subsidios gubernamentales, una parte va a algunas de esas organizaciones, convertidas en constructoras de viviendas o gestoras de planes de ayuda.  A cambio, sus principales referentes concurren a los palcos oficiales y transfieren al gobierno la legitimidad construida con el sudor y la sangre de esforzados militantes.  Hay algo importante de los derechos humanos que desaparece, por la doble  acción de estado corruptor y organizaciones devenidas corporaciones:  la existencia de un poder moral construido al margen del estado y capaz de interpelarlo en nombre de los principios.

Veinte años atrás, los derechos humanos eran otra cosa. Remitían a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa y también a los artículos de nuestra constitución que establecen los derechos individuales, civiles, políticos y sociales, así como o la forma de gobierno adecuada para defenderlos, representativa, republicana y federal.  Remitían a instituciones estatales sólidas e independientes de los gobiernos. Remitían finalmente a una idea de la convivencia y de la política basada en el pluralismo, el consenso, la argumentación racional, la ciudadanía.

Nada de esto puede reconocerse en la política de un gobierno que, sin embargo, dice defender los derechos humanos, y es defendido por muchos de sus tradicionales sostenedores.  Si es así, se trata de otros derechos humanos, distintos de los que conozco. Me temo que esta diferencia de interpretación existió, larvada, en 1984, y que durante más de veinte años hemos vivido en el error, creyendo que coincidíamos pero hablando en realidad de cosas diversas.

Publicado en El Iniciador

Etiquetas: Corrupción, Nunca Más, Organizaciones de Derechos Humanos, Politización

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