Luis Alberto Romero

artículo publicado

8 de junio de 2008

Derechos humanos, ¿de qué estamos hablando?

Existen pocas tradiciones políticas e intelectuales más nobles que la de los derechos humanos. Más allá de los precedentes clásicos, sus lejanos orígenes nos llevan a las comunas medievales, donde se gestaron de manera práctica las nociones de libertad y de contrato político. Los derechos humanos fueron formulados de manera más genérica en el siglo XVII -la Declaración de Derechos inglesa, de 1688- y de manera contundente en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, un texto notable que sigue interpelándonos y desafiándonos. En el siglo XIX, infinidad de Constituciones los tradujeron de manera precisa, como ocurrió en los artículos 14 y 18 de la nuestra de 1853. En 1948, luego de las terribles experiencias totalitarias, las Naciones Unidas le dieron una formulación más amplia y, sobre todo, nutrida en tradiciones ideológicas diversas y universales.

En la Argentina del siglo XX los derechos humanos no fueron un tópico político importante hasta 1983. Ni los regímenes militares ni los gobiernos democráticos de corte plebiscitario aceptaron la idea de que su potestad podía estar limitada por derechos particulares previos. Cada uno a su modo, compartieron la idea de que quien encarnaba la voluntad de la nación tenía derecho a actuar de manera irrestricta. Los fines aducidos -siempre los hay- justificaban los medios.

Las cosas cambiaron hacia 1983, cuando los derechos humanos fueron el fundamento último del conjunto de renovadas convicciones democráticas: institucionalismo, pluralismo, deliberación, acuerdo. La semilla fue puesta durante la dictadura por las organizaciones de derechos humanos y, en especial,por Madres de Plaza de Mayo.

En ese contexto, el gobierno de Raúl Alfonsín encaró la cuestión de la pasada violación de los derechos humanos desde la perspectiva de la afirmación del estado de derecho. La rápida investigación de la CONADEP; el texto del Nunca más, de excepcional valor pedagógico; la contundente acción de la Justicia condenando los principales responsables, todo ello encadenó las demandas sociales de justicia con la programática afirmación de la soberanía de la ley. Asumido por un actor plural que atravesaba las identidades partidarias -la civilidad-, el discurso de los derechos humanos dominó la escena pública, subordinó discursos alternativos y cerró el camino a las confrontaciones. Fue una victoria en toda la línea.

Pero no definitiva. Luego de la euforia inicial, la ilusión que sustentó la construcción democrática dejó paso a la desilusión. En parte, por las dificultades económicas, que desmintieron la pretensión de la panacea democrática, y en parte por la capacidad de resistencia de la corporación militar, que logró imponer al poder civil la ley de Obediencia Debida. Luego, los indultos de 1989 derrumbaron buena parte de lo logrado en 1985, aunque, por una paradoja común en los procesos históricos, el mismo presidente que los sancionó terminó siendo quien concluyó el proceso de subordinación del poder militar al civil.

En ese contexto de desilusión, quienes se habían movilizado en favor de los derechos humanos continuaron actuando, pero con rumbos diversos. Muchos se consagraron a la construcción de una memoria ejemplar, capaz de orientar las prácticas correctas. Por ese camino, la imposición del deber ser -base de las convicciones ciudadanas- desplazó la preocupación por entender qué es lo que había pasado. También derivó en un cierto fariseísmo, con el riesgo de que los ritos y las palabras consagradas postergaran o debilitaran las convicciones auténticas.

Otros pasaron al reclamo de derechos absolutos para los individuos o los grupos. Derechos reclamados, pero no responsabilidades asumidas. Derechos esgrimidos contra una autoridad usualmente descalificada como autoritaria. Derechos que, en el extremo, cuestionaban el pacto social de convivencia.

Un tercer camino llevó al cuestionamiento del relato construido por Nunca más, y sobre todo, de su idea central: las víctimas inocentes. Se trataba de una ficción, pasablemente verosímil y muy adecuada en las circunstancias de 1983 para construir la democracia. La revisión comenzó señalando, con justicia, que en su mayoría las víctimas habían sido militantes, sinceros y convencidos, que habían pasado luego a la reivindicación de sus formas de acción: la lucha armada y la violencia asesina. Así, la bandera del juicio a los responsables se alejó de la noción de gobierno de la ley y se acercó, más simplemente, a un reclamo vindicativo.

Otro camino tiene que ver con la profesionalización de los derechos humanos, una práctica que requiere dedicación, especialización y desarrollo institucional, del mismo modo que lo requirió, en su momento, la defensa de los derechos sindicales. El caso es que profesionales y organizaciones tienen necesidades materiales; hay carreras, prestigios, vinculaciones y tentaciones, cosas humanas y comprensibles que, sin embargo, terminaron relativizando o matizando los objetivos altruistas iniciales.

Muchos de estos nuevos enfoques se manifestaron en la política que el presidente Kirchner ha denominado “de derechos humanos”. Un aspecto saliente ha sido la reanudación de los juicios a los agentes del terrorismo de Estado. Otro, el ejercicio de la función pedagógica a través de las conmemoraciones o la institución de lugares de memoria, y el estrechamiento de las relaciones con las organizaciones de derechos humanos, o con algunas de ellas. En lo discursivo, lo característico fue la asunción de un rol fundador en la materia -como si nada se hubiera hecho antes de 2003-, y la toma de distancia de quienes eventualmente podían compartir esa defensa de los derechos, o que tenían credenciales sólidas. También incluyó la reivindicación de la acción de los militantes de los años 70.
Puede prescindirse de la cuestión de la legitimidad de sus propias credenciales: dónde estaban en 1976 o en 1983, cuando asumir esas posiciones era más difícil que en 2003. Aunque esos antecedentes ayuden a entender motivaciones y consistencia de las actitudes, una política tal merece ser evaluada en sus términos estrictos: ¿se trata de una reivindicación de los derechos humanos, tal como se constituyeron hacia 1983? ¿O quizá el mismo nombre esta siendo usado para algo distinto?

Repasemos sus características. La idea de construir una sociedad plural ha sido remplazada por la de dividir, antagonizar y polarizar el campo de los defensores de los derechos humanos. Es claro que se trata de una estrategia consciente, aplicada también en otros terrenos. La idea de construir un estado de derecho, fundado en la ley, da paso a la de Justicia discrecional como instrumento de desquite o revancha. No es el único terreno en el que el Gobierno deja ver que la construcción normativa e institucional no es una prioridad. Finalmente, las organizaciones de derechos humanos han sido bajadas a tierra, incluidas en el colusivo sistema de subsidios, que está en la base de la práctica gubernamental, y convocadas para demostraciones públicas de adhesión al grupo gobernante. Hay algo importante de los derechos humanos que desaparece, por la doble acción del Estado corruptor y de organizaciones devenidas cuasi corporaciones: la existencia de un poder moral construido al margen del Estado y capaz de interpelarlo en nombre de los principios.

Es indudable que esta política, que gira hacia la arbitrariedad, el faccionalismo y la colusión, satisface el imaginario militante de los 70, a los profesionales de los derechos humanos y también a quienes han asumido la función admonitoria de la memoria, incluidos el tono elevado y el índice levantado. Lo difícil es colocar esta política en la línea tradicional de los derechos humanos, los de 1789 y 1948, que siempre puso el acento en las garantías individuales, en el estado de derecho y, en general, en el empleo institucional del poder. Me temo, en suma, que los derechos humanos de 2003 no son los mismos que los de 1983.

Publicado en La Gaceta (Tucumán)

Etiquetas: Justicia, Kirchnerismo y derechos humanos, Politización, Venganza

Volver a artículos de periodismo

Últimos artïculos publicados

9 de octubre de 2017

Argentina 2030: Construir la historia pública de la democracia plural. Pensando el futuro para consolidar el crecimiento y la democracia.

Esta propuesta apunta a atenuar los efectos nocivos de una memoria traumática del pasado que ha llegado a ser hegemónica, y a estimular la construcción de otra, abierta y plural, acorde con la democracia...

Publicado en Nuevos Papeles

26 setiembre 2017

Las tomas, una muestra del deterioro de la ley y la autoridad

Como las golondrinas, cada tanto vuelven a Buenos Aires las tomas de los colegios (que ahora empiezan a ser levantadas). Para los alumnos, hay mucho de hábito y hasta de deber. Cambian los desencadenantes...

Publicado en La Nación

24 setiembre 2017

De Freud a RAM y Macri: secretos de la política de masas

La tarjeta de presentación de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) parece un poco contradictoria. Los “pueblos originarios” instituidos por la Constitución son llamados “ancestrales”, un vocablo...

Publicado en Los Andes

Buscar artículos por temas

Luis Alberto Romero
© 2014