Luis Alberto Romero

artículo publicado

7 octubre 2018

Desarrollo y democracia: ¿qué falló en la Argentina?

La intrínseca relación entre desarrollo y democracia formó parte del sentido común de varias generaciones. Desde principios de los años sesenta, en las teorías del desarrollo se dio por sentado que dictaduras y oligarquías eran los regímenes propios del subdesarrollo y que, con el desarrollo, la democracia surgiría casi naturalmente.

El sentido común suele ser resistente a las evidencias que lo contradicen, pero sólo hasta cierto punto. Lo que eran anomalías o excepciones hoy son realidades habituales: los crecimientos económicos más espectaculares, como los de China o Corea, se producen en contextos no democráticos.

Presupuestos y sentidos comunes guían también nuestros relatos del pasado. Uno de ellas, muy fuerte, asocia el gran crecimiento iniciado en 1880 con la Ley Sáenz Peña de 1912. En esta versión, que todos hemos aprendido y enseñado, el desarrollo económico creó las bases para la democracia. Otra interpretación -ampliamente difundida desde el gobierno en 2010- habla de crecimiento deformado y de un régimen que hasta 1945 hambreó al pueblo y le escatimó el poder.

Entre ambas versiones, los historiadores procuran hoy, con dificultad, mostrar que las cosas son más complejas y rara vez lineales.

Entre 1880 y 1955 la parte moderna de la Argentina -las cosas son distintas en el interior tradicional- fue el núcleo de un país que, más allá de los altibajos, fue próspero.

Crecimiento e inmigración sustentaron una sociedad nueva, caracterizada por la movilidad, el ascenso y la democratización de las relaciones. Un conjunto variado de asociaciones conformaron una sociedad civil densa y tramada, que dio voz a los reclamos y atenuó los conflictos. También adquirieron densidad los grupos de interés, que canalizaron sus reclamos hacia un Estado eficiente, capaz de organizar y de conceder.

Hacia 1910 creció la conflictividad, con la movilización de los chacareros y los trabajadores urbanos, que se sumaron a los reclamos cívicos por la pureza del sufragio.
Roque Sáenz Peña y su grupo, preocupado por el crecimiento de las demandas y por el desapego de una sociedad con numerosos habitantes extranjeros y pocos ciudadanos, concibió una reforma política de avanzada. Consistió en hacer obligatorio el sufragio universal masculino ya existente, y en eliminar su manipulación por la autoridad. El sistema de mayoría y minoría debía estimular la formación de partidos, programáticos y no caudillísticos.

Prolongando el proyecto educativo de la ley 1.420, la reforma trataba de integrar, ciudadanizar y nacionalizar a los habitantes, empujándolos imperativamente a hacerse ciudadanos. Era una apuesta arriesgada, pero los reformistas confiaban en algo parecido al paradigma “desarrollo/democracia”: la transformación económica había conformado una sociedad democrática, y en ella debía surgir una política democrática y republicana.

Las cosas fueron un poco diferentes. La democracia realmente existente, surgida de la Ley Sáenz Peña, fue la de Yrigoyen y Perón, quienes, más allá de enormes diferencias, definieron una línea. Fue una democracia de líder, poco republicana, con un fundamento más plebiscitario que representativo, y una común identificación de sus respectivos movimientos con la nación y el pueblo. Consecuentemente, la oposición, siempre numerosa, fue negada y excluida por ser ajena al pueblo y a la nación. Por ese camino, la política se hizo facciosa, inestable y vulnerable a las intervenciones militares. Algo bastante distinto a lo imaginado por los reformistas de Sáenz Peña.

¿Qué falló? La pregunta comenzó a plantearse a poco de llegar Yrigoyen a la presidencia. En la década de 1920 las críticas a la Ley Sáenz Peña fueron duras, pero las soluciones -sufragio proporcional o representación corporativa- no llegaron a cuajar. Lo único que funcionó, por un tiempo y con un costo alto, fue el sufragio fraudulento de los años treinta.

Quienes posteriormente buscaron respuestas más allá del régimen político pensaron en las consecuencias de la transformación aluvional de la sociedad, los límites en el proceso de integración de los inmigrantes, nunca concluido, y los profundos desgarros sociales y culturales, que no pudieron expresarse adecuadamente con la llamada “democracia formal” y buscaban otra “real”.

Otros señalaron los problemas de una democratización social acelerada en la zona moderna del país, contrastante con el arcaísmo del país tradicional. El igualitarismo -una filosofía espontánea de la nueva sociedad- tiene sus costos, como lo había señalado en el siglo XIX Alexis de Tocqueville, quien vio allí el germen del despotismo.

La democratización -rasgo característico de la sociedad argentina en el conjunto latinoamericano- es algo tan valioso como complicado. En lo inmediato, genera conflictos propios de la incorporación de nuevos contingentes al disfrute de los bienes, materiales y simbólicos, hasta entonces reservados a un conjunto más reducido.

A la vez, erosiona a las viejas élites, asociadas con esos privilegios. La nuestra caducó en la década de 1940 y por alguna razón, no surgió una élite de remplazo, con renovadas propuestas para el país. Su lugar fue ocupado por los representantes de intereses sectoriales y corporativos, más preocupados por defender lo suyo que por integrar las demandas colectivas en un proyecto conjunto. Sus reclamos no transitaron por los canales del sistema democrático representativo sino que se dirigieron al interlocutor más importante, el Estado.

El Estado es la clave para entender cómo fue la democracia realmente existente, tan lejana de los proyectos de 1912. En tiempos previos a la globalización, la clave del Estado estaba en la unidad de la comunidad gobernada. Su búsqueda fue la obsesión de intelectuales y políticos que postularon homogeneidades en una sociedad crecientemente plural.

Eso hicieron los actores políticos no integrados a la democracia institucional: el Ejército, la Iglesia, los sindicatos y los movimientos, como el de Yrigoyen y el de Perón, que encontraron en la fórmula nacional y popular la clave para interpelar con éxito a una sociedad en busca de su identidad. Contra esta tradición, muy viva hoy, se destaca el “momento 1983”, tan brillante como efímero.

Los problemas del crecimiento económico -versión mínima del desarrollo- son acuciantes en la Argentina. Conviene saber que una eventual recuperación del crecimiento, como la de 2003, no nos asegura una democracia mejor.
Quienes aspiramos a ella deberemos hacer un esfuerzo adicional y específico.

Publicado en Los Andes

Etiquetas: Democratización, Desarrollo, Ley Sáenz Peña, Perón, Yrigoyen

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