Luis Alberto Romero

artículo publicado

Mayo de 2006

El concurso y el gobierno de la Universidad

Es posible, como se dice hoy, que las Universidades públicas deban reformar sus estatutos, y que deban hacerlo en un sentido más democrático. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Cuáles de los muchos sentidos de la polisémica democracia deberían ser reforzados?

La Universidad pública es parte de una sociedad democrática. Debe posibilitar el acceso de todos a los estudios universitarios. Debe colocar el mérito por encima de cualquier otro criterio, y debe tratar de equilibrar las desigualdades sociales, por ejemplo mediante becas. Pero sobre todo, debe darle a la sociedad democrática los mejores profesionales, investigadores, intelectuales. En su formación, debe someterlos a las más duras exigencias. Cuanto mayores sean estas, mayor será el aporte de la Universidad pública a la sociedad democrática.

La Universidad pública es parte de un conjunto de instituciones del Estado, regido por un régimen político democrático, en su variedad republicana. “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”, dice la Constitución, y con otras palabras, lo dicen la ley universitaria y cualquiera de los estatutos vigentes. El primer criterio democrático y republicano a ser tenido en cuenta para el gobierno universitario es el de las normas. Estas deben ser respetadas y acatadas, particularmente en lo referente a la limitación que imponen a la “voluntad política” de quienes la gobiernan.

Las universidades públicas son autónomas y están gobernadas por sus claustros. Todos deben estar representados, y la participación de todos es vital para el control recíproco. Pero a diferencia de la sociedad política, regida por el principio de la igualdad de derechos –un hombre equivale a un voto-, la Universidad no es una comunidad de iguales. No lo es ninguna institución del Estado: ni un hospital, ni un juzgado, ni una empresa. En la Universidad hay una jerarquía intrínseca: la del saber. Unos enseñan y otros aprenden; el hecho de que también se aprenda enseñando, o se enseñe aprendiendo, no modifica aquella relación básica, determinante en última instancia. En este caso, la reivindicación democrática consiste en que esa jerarquía académica se funde únicamente en el mérito, la capacidad y la excelencia.

La excelencia académica se establece primordialmente a través de la designación de docentes mediante concursos. Allí, quienes más saben eligen a quienes han de seguirles. Infinidad de cargos docentes no están hoy cubiertos por concurso, y es lamentable. El concurso es la institución estratégica de la Universidad pública. También, la más delicada, la que más exige el cuidado y el control de todos, pues entre quienes la dirigen hay otros criterios, políticos, corporativos, facciosos, que compiten con el de la excelencia. Cualquier discusión sobre una mejora en la forma de gobierno de la Universidad pública debería, en mi opinión, partir de esta cuestión.

Publicado en Clarín

Etiquetas: Concursos de profesores, Gobierno de los profesores, Universidad

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