Luis Alberto Romero

artículo publicado

23 diciembre de 2018

El Estado asediado y la cleptocracia

¿Cuándo se jodió la Argentina? La pregunta remite a una premisa ampliamente compartida: la Argentina está hoy en decadencia. ¿Desde cuándo? No hay respuesta simple: en el hilo de la historia se entrelazan muchas fibras, cada una con su especificidad y su temporalidad. Elijo una de ellas, que me parece clave: el Estado. Creo que nuestro Estado se jodió en la década de 1970, y afectó todo: la economía, la sociedad, la política y la cultura.

Antes de los años setenta, la Argentina supo tener un Estado potente, capaz de diseñar y sostener políticas de largo plazo, como la educativa de Sarmiento, o las sociales de Perón. Buenas o quizá no tanto, fueron políticas de Estado. Pero, a la vez, desde su origen mismo, ese Estado se vio asediado por los intereses sectoriales, organizados en corporaciones dedicadas a obtener franquicias, privilegios o finalmente prebendas. El Estado primero fue asediado y luego colonizado por los intereses que debía controlar, que sacaron provecho del botín, a costa del interés general.

Los años setenta del siglo XX —su primera mitad populista; la segunda dictatorial y asesina— fueron una bisagra en la historia del Estado. En 1974, en un contexto de alta conflictividad social y política, el intento de Perón de subordinar las corporaciones a un pacto social fracasó rotundamente, facilitando la instalación de la dictadura. La consigna de los militares, “achicar el Estado es agrandar la nación”, sintetiza lo que siguió, casi hasta nuestros días. Los posteriores gobiernos democráticos, por acción u omisión, cada uno con sus propios objetivos y argumentos, coincidieron en esta nueva política de Estado, consistente no meramente en achicarlo —lo que era razonable— sino en maniatarlo, desarmarlo y destruirlo. Hoy vemos las consecuencias.

La primera y más visible es la formación de un “mundo de la pobreza”, que vive al margen de todo, y sobrevive como puede, a su modo. En el otro extremo, un grupo reducido, los ganadores, concentraron el ingreso y aumentaron su poder para consolidar privilegios y prebendas. Polarizada y segmentada, la vieja sociedad de clases medias, todavía visible en la década de 1960, se fue perdiendo en el olvido.

Muchos de los cambios obedecen a causas generales, que se manifestaron en todo el mundo. En nuestro país las consecuencias se profundizaron por políticas estatales específicas. La desocupación aumentó como consecuencia de una gran transformación de la economía, pero el Estado se desentendió de los nuevos pobres y de los servicios básicos que debía darles: educación, salud, seguridad, justicia. Lo que en otros tiempos había sido un patrimonio social común se escindió en lo que estaba al alcance de quienes podían pagarlo, y lo poco y degradado que daba el Estado a quienes no podían pagar otra cosa.

La crisis fiscal explica este retroceso estatal, pero solo en parte. Desde los años setenta es visible el deterioro de las agencias de gestión política y administrativa, la dispersión de sus mejores agentes, la pérdida del saber acumulado. La dictadura inició la destrucción del sistema de normas administrativas, sistemáticamente violadas, y la erosión de la ética del funcionario público que en tiempos mejores tuvo el Estado argentino.

Por otra parte, los procesos de privatización, iniciados por el gobierno militar y profundizados en los años noventa, llevaron a limitar la acción de los órganos estatales de control, para dejar con las manos libres a los empresarios de servicios públicos. Finalmente, desde Videla hasta Kirchner, presidentes decididos a eliminar los límites a sus decisiones personales fueron deteriorando e inutilizando las distintas agencias estatales dedicadas a controlar la acción de los gobiernos: auditorías, sindicaturas, fiscalías, parlamento y justicia.

En 1983 pareció que se desandaba el camino. Pero la “democracia delegativa” de Menem y el decisionismo de Kirchner mostraron que se volvía a la antigua senda, en la que un Estado aparentemente grande pero desarticulado era sistemáticamente subvertido por un gobierno hipostasiado.

Los diferentes grupos corporativos —desde los grandes y muy conocidos hasta las grises mafias que se fueron instalando en los intersticios entre el Estado y la sociedad— pudieron aprovechar este deterioro estatal. Pero con los Kirchner apareció un depredador de nuevo tipo, que no venía del ámbito de los intereses sino de la política. Más concretamente, era el presidente y su pequeño grupo. Este saqueo del Estado desde el gobierno, que probablemente alcanzó dimensiones macroeconómicas, se merece un nombre ad hoc: cleptocracia.

De ese modo, como en el cuento de Horacio Quiroga, un monstruo anidó en el Estado, succionó la riqueza de la sociedad y desalentó su fuerza emprendedora. Como siempre, las raíces pueden buscarse muy atrás. Pero en la década de 1970 hubo un salto y un desvío en el que todavía estamos metidos. Desde entonces, estamos jodidos. Quizá 2016 haya sido una bisagra. Todavía no lo sabemos.

Publicado en Infobae

Etiquetas: Burocracia estatal, Cleptocracia, Corporaciones y Estado, Crisis estatal, Los años setenta

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