Luis Alberto Romero

artículo publicado

11 de abril de 2013

El Estado es el culpable de tantas tragedias

El culpable fue descubierto. Como en las novelas policiales, finalmente sabemos quién es el responsable de los desastres recientes. Primero se los cargó a la autoridad local respectiva; pero pronto se advirtió que además de los imprevisibles factores climáticos, hubo descuidos, olvidos, imprevisiones y decisiones equivocadas de larga data, que no podían atribuirse sólo al ocasional gobernante. Entonces apareció, desnudo, el responsable principal: el Estado.

Debimos advertirlo hace tiempo, pero nos engañamos con pistas falsas o verdades a medias: la corrupción, que es universal; la terquedad de los gobernantes; la fantasiosa arrogancia del discurso oficial. El reciente derrame de fondos estatales, que de un modo u otro llegó a muchos, quizá nos hizo pensar en que las cosas del Estado mejoraban. La muerte de Mariano Ferreyra, a fines de 2010, comenzó a revelar una articulación siniestra entre gobernantes, sindicalistas, policías y matones. La tragedia ferroviaria de Once volvió a mostrar cómo empresarios corruptos y altos funcionarios cómplices se quedaron con fondos millonarios, mientras los trenes no sólo estaban peor que nunca sino que mataban.

En la última tragedia la evidencia fue más contundente. Las fallas de fondo del Estado no quedaron veladas por el prebendarismo o la corrupción. Se manifestaron en la ausencia de aquellas políticas públicas que tienen un largo plazo de desarrollo, demandan mucha sapiencia técnica y producen frutos poco espectaculares. Prever lo que ha de ocurrir con los desagües en ciudades en crecimiento es complicado y rinde poco en imagen. Preparar a las distintas agencias estatales para que actúen coordinada y eficazmente ante una emergencia es más complejo aún.

Lo que el Estado no pudo hacer en estos días corresponde a cosas no hechas, mal hechas o incluso desechas a lo largo de décadas.

Las falencias no son sólo de los gobernantes de turno sino del Estado. Se trata de las oficinas y agencias estatales, grandes y chicas, –desde los ministerios hasta las escuelas y hospitales– y de sus funcionarios, que deben ser profesionales aptos y comprometidos con su tarea, y no meros militantes de La Cámpora. Se trata también de las auditorías, fiscalías y sindicaturas, que ponen límites al ejercicio discrecional del Gobierno. Se trata finalmente de los reglamentos, las leyes y la Constitución, que regulan las instituciones y cimientan el Estado de derecho.

Hasta hace unos cuarenta años, la Argentina tuvo un Estado potente. Con agencias técnicas experimentadas. El Consejo Federal de Inversiones era capaz de estudiar el problema de las inundaciones y orientar acciones estatales de largo plazo. Hubo mucha capacidad técnica acumulada, por ejemplo, en el Banco Central, el Consejo Nacional de Educación, la Dirección de Vialidad o YPF.

Era aquél un Estado con potencia para imaginar, organizar y dirigir acciones de largo plazo y alcance universal.

No se trata de idealizarlo.

Fue también un Estado colonizado por los intereses particulares organizados, que lo presionaron desde fuera y desde dentro, para dirigir la larga mano estatal en beneficio de unos o de otros. El Estado potente fue también un campo de batalla y un botín.

Desde 1976, el Estado comenzó a ser sistemáticamente desarmado y licuado. Lo fue por casi todos los gobiernos, en dictadura y en democracia, con propósitos y argumentos diferentes, desde los neoliberales hasta los estatistas. Poco importan.

Todos coincidieron en tres cosas. Lo primero: eliminar o neutralizar los instrumentos de control y desatar las manos de los presidentes para usar discrecionalmente el poder estatal. Lo segundo: reducir sus gastos –el famoso déficit fiscal– a costa de los servicios básicos y universales (la educación, la salud, la seguridad). Finalmente: utilizar el poder para favorecer a grupos prebendarios, que a esta altura merecen ser llamados depredadores del Estado. Desde los contratistas de YPF, que medraron durante la dictadura, hasta los Cirigliano o los Cristóbal López de estos tiempos, hay una línea de continuidad.

Las víctimas del licuamiento estatal fueron los argentinos. Los desastrosos efectos de las inundaciones recientes –un caso entre muchos– son producto de décadas de descuido de las políticas ambientales y de los procedimientos para encarar las emergencias. Durante mucho tiempo supusimos que ese descuido, como muchos otros, era uno de los costos de la emergencia económica, en la que vivimos durante tres décadas. Pero gracias a la soja, el Estado volvió a ser solvente en el siglo XXI y el Gobierno nos aseguró que estaba recuperando el Estado.

Hoy descubrimos que malgastó alegremente los años de holgura, que su gestión fue pésima y que el Estado no fue rehabilitado sino que, por el contrario, recibió unos golpes decisivos.

Quizá ahora asumamos que el meollo de la crisis argentina está en esteEstado destruido. No se trata de refundarlo: los regeneracionismos no llevan a nada. Se trata de zurcir la tela desgarrada; de identificar aquellos fragmentos supervivientes del viejo Estado potente y volver a articularlos y potenciarlos. Algo parecido a la paciente recuperación de la cultura clásica, luego del derrumbe del Imperio romano.

Cualquier política que se quiera emprender exige reconstruir esa herramienta.

En tiempos de elecciones, quizás esta tarea debería estar a la cabeza de las agendas políticas.

Publicado en Clarín

Etiquetas: Corrupción, Crisis del Estado, Kirchnerismo

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