Luis Alberto Romero

artículo publicado

28 de septiembre de 2009

El gobierno contra el estado

En los últimos meses el gobierno ha hecho avances sustantivos en áreas que hasta entonces se le escapaban: jubilaciones privadas, Aerolíneas, fútbol, medios de comunicación. En todos los casos ha esgrimido una justificación similar: el estado recupera el control de áreas cruciales, que en los noventa habían pasado a manos de monopolios privados.

La cuestión está mal planteada. Es cierto que los grupos privados concentrados avanzaron y lucraron. No es cierto que, frente a ellos, hoy se plante un estado defensor de lo público. El estado argentino no es el estado sueco, el francés o el chileno; ni siquiera el italiano. Desde hace un tiempo, sus gobernantes no sirven al estado sino que se sirven de él. Lo hicieron en los noventa con Menem, y lo siguen haciendo ahora con los Kirchner. Discursos opuestos, maneras algo diferentes, pero propósitos y resultados esencialmente similares.

A lo largo del siglo XX, entre tantos eventos dramáticos de la política, hay una continuidad llamativa. Entre 1930 y 1976 tuvimos un estado potente, que hizo muchas cosas. Sus capacidades de intervención se desarrollaron ampliamente, a medida que los grupos de interés se hacían más complejos y diversificados. Esta ha sido usada para regular y controlar en nombre del interés general, y para promover el crecimiento o la equidad. Pero también para conceder franquicias, privilegios o prebendas, es decir para dar a unos lo que le niega a otros.

El primer Perón, que le dio legitimidad al movimiento obrero, a la vez concedió una formidable franquicia a los sindicatos, que fueron únicos, nacionales y por rama de industria. Así quedó, hasta hoy, pese a los esfuerzos de la CTA. Las políticas desarrollistas de los años 50 y 60 trajeron también importantes franquicias y privilegios para las empresas beneficiarias de la promoción industrial, como las automotrices. La iglesia consiguió sus propia prebenda, con los subsidios a sus escuelas. En los setenta tuvimos emprendimientos privilegiados como Aluar. Y así sucesivamente, cada uno obtuvo lo suyo, a costa de otro, particularmente de quienes no tenían una corporación que se ocupara de ellos.

Aunque potente, el estado fue crecientemente colonizado por los intereses que debía controlar. El estado prebendario ha estado manejado por burocracias bifrontes, con un pie en su negocio y otro en la agencia estatal. Cada grupo defendió y fortaleció su prebenda desde dentro mismo del estado, ocupando con su gente las oficinas respectivas: los sindicalistas, el ministerio de Trabajo, los gerenciadores de salud el Pami.

En los últimos treinta años algunas cosas cambiaron y otras permanecieron y se acentuaron. Cambió la potencia del estado. Desde la última dictadura militar todos los gobiernos, salvo el de Alfonsín, contribuyeron a desmantelarlo, en nombre de la eficiencia y de la nación. Quien más, quien menos, corrompieron las normas con el abuso de las excepciones, y degradaron sus burocracias, sistemáticamente descalificadas. Las oficinas de control perdieron su capacidad de vigilancia y fueron entregadas a quienes debían ser controlados. Hasta el INDEC, una de las joyas del estado, cayó en esta carrera de los gobernantes por la discrecionalidad.

Tener las manos libre fue la aspiración de quienes gobernaron en los noventa y lo hacen ahora. Pero unos y otros coincidieron en explotar sin ataduras la capacidad prebendaria característica del estado argentino. Una capacidad potenciada por el deterioro de sus agencias, su normatividad y su legitimidad: en los años 60 las prebendas se limitabas a una devaluación o una excepción impositiva; hoy son más suculentas, y permiten transformar a oscuros personajes en potentados en un par de años.

Lo hicieron con diferentes discursos y argumentaciones: la del mercado en un caso, la del estado en otro. Muchos las aceptan como buenas, y creen que privatizar y reestatizar son cosas opuestas. Pero detrás de las palabras, las prácticas van a lo mismo: alimentar a quienes gobiernan, a costa del estado, es decir el patrimonio de todos.

Lo más grave no es el enriquecimiento de una u otra banda predadora sino que, al hacerlo, destruyen el estado, que es la herramienta indispensable para que otro gobierno, mejor intencionado, haga algo distinto. No hay futuro ni alternativa en la Argentina sin la reconstrucción del estado. Para hacerlo, habrá que vencer poderosos intereses, instalados en el gobierno.

Publicado en Clarín

Etiquetas: Estatizaciones, Gobierno, Privatizaciones

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