Luis Alberto Romero

artículo publicado

16 de septiembre de 2010

El Gobierno decidió reescribir el Nunca Más

Marx ha escrito que la historia se repite: la primera vez en forma de tragedia y la segunda como farsa. Ojalá no se haya equivocado. Que aquello que vivimos la primera vez como tragedia sangrienta concluya, en esta segunda experiencia, como farsa. Porque los signos actuales de la intolerancia, las amenazas y agresiones, y hasta la violencia velada son cada vez más alarmantes.

Hace casi cuarenta años, con esos métodos, un gobierno peronista abrió las puertas al terrorismo clandestino de Estado. Hoy la violencia de las palabras y de las acciones viene de otro gobierno peronista y son amplificadas por algunos actores de la vida social con los que ha establecido relaciones colusivas y espurias. Podemos esperar, razonablemente, que no vaya mucho más lejos. Después de la terrible experiencia de la dictadura, la sociedad argentina supo construir una sólida muralla para defender sus libertades: los Derechos Humanos.

La idea no entusiasmaba mucho en los años sesenta y setenta: se pensaba por entonces que los fines justificaban los medios. Pero con la dictadura, los Derechos Humanos adquirieron otra envergadura, hasta convertirse en 1983 en el Arca de la Alianza de la democracia. En nombre de los Derechos Humanos no sólo se garantizaron las libertades personales. También se consagró el pluralismo y la tolerancia, el diálogo y la argumentación, tomando distancia de una cultura política que durante casi todo el siglo XX había practicado la descalificación facciosa del enemigo . En nombre de los Derechos Humanos, la Justicia condenó en 1985 a los principales responsables del terrorismo de Estado, junto a los responsables de las organizaciones armadas terroristas.

Así se legitimó el principio de que ningún fin, por justo que parezca, justifica el recurso a la violencia asesina .

A la vez la Justicia, al condenar las propias prácticas del Estado terrorista, fundamentó el Estado de Derecho, piedra sillar de la democracia. Por entonces la idea de los Derechos Humanos había arraigado profundamente entre nosotros.

El monolítico compromiso político en torno de estos principios, forjado en 1983, había sido precedido por la acción verdaderamente heroica de organizaciones sociales que, bajo la dictadura, defendieron el tema de los Derechos Humanos contra viento y marea.

Estas organizaciones, y en particular Madres de Plaza de Mayo, se convirtieron en el símbolo de esos valores. Su defensa requería que se mantuvieran por encima de las múltiples divergencias propias de la práctica política democrática. Así lo hicieron, por un tiempo.

Acuerdo político, más allá de otras disidencias, y organizaciones de Derechos respetadas e incontaminadas fueron los pilares sobre los que se construyó la fortaleza de los Derechos Humanos.

Desde hace varios años ambos pilares están siendo sistemáticamente destruidos por un gobierno que, paradójicamente, dice defenderlos . Su interpretación de los Derechos Humanos es limitada y contradictoria . Limitada, porque en lugar de expandir la noción a los múltiples problemas que genera la vida social, la circunscribe al juicio de los partícipes secundarios de la represión, tarea ciertamente necesaria, pero limitada, sobre todo si el ánimo de revancha se impone al de justicia.

Contradictoria, porque se ha limitado a acusar al Estado terrorista, pero mira con ojos benevolentes y hasta reivindicativos a los otros responsables: las organizaciones armadas . Por esa vía, ha ayudado a volver a instalar en nuestra cultura política la terrible idea de que existe una violencia asesina legítima .

El Gobierno ha transformado lo que era una causa de todos en una herramienta de su lucha facciosa, habilitando así otras lecturas facciosas del pasado, inclusive la de los panegiristas del terrorismo de Estado.

Ha construido su propio relato, vilipendiando o ignorando a los auténticos protagonistas de la gesta y asignándose -tan luego ellos- el papel protagónico . Ha reescrito la Introducción al Nunca Más.

Por otra parte, el Gobierno ha dividido las organizaciones de derechos humanos . Cooptó a una parte de ellas, incorporándolas al juego de los subsidios colusivos y el discurso faccioso. El caso extremo es precisamente Madres de Plaza de Mayo. Hoy, con la administración de Sergio Schoklender y Felisa Miceli -curiosa elección-, forma parte de las corporaciones subvencionadas por el Gobierno y constituye uno de esos nuevos “monopolios amigos” , cuya vasta extensión apenas conocemos. Por otra parte, su jefa y vocera, la señora Bonafini, que otrora supo ser el ícono de los derechos humanos, predica la violencia, glorifica el terrorismo y se une a la máquina intimidatoria.

No son los únicos que practican este doble juego de cobrar y hablar . En el caso de Luis D’Elía o Milagro Sala esto tiene una importancia acotada. En el caso de las organizaciones de Derechos Humanos alcanza una trascendencia enorme.

El Gobierno ha politizado la causa de todos.

Algunos de los símbolos de los Derechos Humanos han caído en el lodo de la política facciosa.

Lo que era un valor establecido, ahora es una opinión, discutible y vulnerable .

Cabe preguntarse quién defenderá nuestros derechos cuando lo necesitemos. Quien evitará que la farsa se convierta en tragedia.

Publicado en Clarín

Etiquetas: Justicia, Kirchnerismo, Violencia

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