Luis Alberto Romero

artículo publicado

27 de abril de 2008

El interés general

En el siglo XVII los campesinos franceses se rebelaron, una y otra vez, contra la extorsión fiscal de una monarquía necesitada de recursos para su política de guerra y poder. Frecuentemente se les sumaron los nobles, los magistrados judiciales, los burgueses y el pueblo de París. El absolutismo rampante de Luis XIV logró el milagro de unir el agua con el aceite. La unión fue ocasional: faltaba a los descontentos la idea interés general, pues ni Rousseau ni Locke habían escrito todavía. Los campesinos fueron aislados y masacrados.

Apenas una analogía. Pero ayuda a entender el eco que hoy tiene la protesta agraria entre quienes, sin interés de parte, encuentran en ella un aporte a la reconstrucción del olvidado interés general. El problema no está en la cuestión corporativa; en ese terreno la Argentina tiene una larga tradición de negociación y acuerdos, que no sería difícil restablecer. Los hubo con Perón y su “comunidad organizada”, y también con el “parlamento negro” post 1955, de sindicalistas, empresarios y militares. Onganía, en cambio, a fuerza de autoridad mal entendida, logró unir en su contra a un bloque social tan militante como heterogéneo. La política actual del gobierno se filia más en Onganía, o en Luis XIV, que en el Perón artífice de la persuasión y la conducción.

El problema está en la construcción del interés general. Para que los ciudadanos comunes pueden discutir en pie de igualdad con las corporaciones, se necesita representación democrática, debate racional, transacción y subordinación de lo particular a lo general. Se necesita un Congreso que funcione en serio, cosa rara en la Argentina del siglo XX. No funcionó, naturalmente, durante los gobiernos militares, pero tampoco con los gobiernos democráticos plebiscitarios, en los que la facultad de decidir qué era lo mejor para todos se delegaba en un déspota benévolo.

La construcción de ese espacio de representación y debate fue una de las ilusiones de 1983. Lo hecho fue erosionado en los noventa y destruido en el ciclo actual. Tras el entramado republicano, fue reapareciendo Luis XIV. Una parte de la responsabilidad le corresponde a los presidentes, pero otra, igualmente importante, a quienes en el Congreso desertaron de su responsabilidades y transfirieron facultades al Ejecutivo. Unos reclamaron y presionaron; los otros consintieron y cedieron, y entre ambos destruyeron la posibilidad de un procesamiento democráticos de las demandas de partes.

La rebelión del campo tiene lógicamente una dimensión corporativa, flexible en lo concreto –nadie niega el principio de la retención fiscal- pero sólida en la forma: quién decide cuánto se recauda y para qué. Como en los albores del parlamentarismo, reclaman el derecho a discutir sobre los impuestos. Como en los inicios de la democracia representativa, demandan la discusión colectiva acerca de la distribución de la carga fiscal y, sobre todo, del uso del ingreso fiscal. Pretenden que ésta sea hecha por los cuerpos representativos. Allí puede vislumbrarse el reclamo por el interés general ausente. Tras sus voces se escucha, ahora si, a Locke y a Rousseau.

Publicado en La Nación

Etiquetas: Corporaciones, El campo, Interés general

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