Luis Alberto Romero

artículo publicado

Noviembre de 2006

El pasado que duele y los dilemas del historiador ciudadano

Hoy hay en la Argentina una fuerte disputa por la memoria, mucho más intensa que la que hubo en 1983. Junto a lo que había sido la memoria oficial, fundada por Nunca Más,  aparecieron otras formas de ajustar cuentas con el “pasado que duele”: una memoria militante, otra rencorosa y una reivindicativa de los hechos de la dictadura. Pero a diferencia de aquella ocasión, hoy está bajo examen no solo la dictadura militar sino la experiencia democrática de veinte años. Esto renueva y da nueva forma al dilema de los historiadores, y su compleja y ambigua relación con las memorias de la dictadura y de la democracia.

Memoria e historia

La memoria, individual o social,  es una actividad libre. Está  hecha de recuerdos, olvidos, distorsiones, refracciones, tergiversaciones, subrayados, esfumados  y mil operaciones más. En ninguna de ellas la “verdad”, en el sentido convencional del término,  tiene un sentido especial. Cada uno se acuerda de lo que quiere y se olvida de lo que le da la gana. La memoria es valorativa y categórica, y tiende a considerar las cosas en términos de blancos y negros. En su construcción hay conflictos,  victorias y derrotas, imposiciones y concesiones.
Todo lo que en la memoria es exaltado y contrastado, en el campo del saber de los historiadores es opaco  y matizado. Los historiadores son un gremio cuya actividad se orienta a tratar de establecer la verdad, pero sabiendo que ésta no existe en términos absolutos. Sobre todo, desde el saber histórico no se aspira a juzgar sino a comprender, admitiendo que los valores son relativos, y que en los conflictos cada una de las partes tiene sus razones y sus verdades.

En los combates que los ciudadanos libran por la memoria, esas preocupaciones por el matiz y la comprensión del historiador son generalmente mal recibidas: quien trata de comprender suele ser acusado de justificar,  o de poner en cuestión verdades que son centrales para las creencias.  El mismo historiador, como persona, tiene dos almas, que coexisten en armonía o en conflicto. Sobre todo cuando se ocupa del “pasado que duele”, es a la vez ciudadano que defiende valores,  y practicante de un saber que los relativiza. Vive la tensión entre la afirmación ciudadana de la verdad valiosa, y la corrosión de esa verdad mediante el examen crítico.

Hay una segunda tensión, que tiene que ver con la eficacia. Aquel historiador que quiere colocar su oficio al servicio de una causa ciudadana deberá decidir si lo más eficaz es una versión moral, simple y contundente, donde esté claro quiénes son los amigos y quienes los enemigos, o una versión crítica, compleja y matizada. En este caso las lecciones serán menos evidentes,  pero posiblemente la comprensión de la realidad, de las circunstancias que condicionan la acción, será más clara, de modo que, a la larga, su mensaje será más eficaz. Este es el dilema que me parece  que afrontan hoy los historiadores comprometidos con la construcción de la democracia republicana,. pero que son más amigos de la verdad que de Platón.

Memoria del Proceso y construcción  del imaginario democrático

La imagen generalmente aceptada de la última dictadura –el Proceso– se elaboró en su último año de vida, luego de la derrota de Malvinas,  y fue contemporánea de la construcción de la nueva imagen de la Democracia. Más aún, puede  decirse que una alimentó a la otra, y que fueron dos versiones simétricas de lo mismo.  El Procesofue visto como una poderosa organización dedicada al mal: una imagen demoníaca,  potente y perversa a la vez. La democracia, en cambio, sería a la vez virtuosa y potente, y aseguraría a la sociedad la solución de todos sus problemas. Al demonizar aquella, en la misma medida se afirmaban los valores de ésta.

Es bien conocido el papel que en aquella imagen tuvo el informe de la CONADEPNunca más, que sirvió luego de fundamento al juicio y condena de las cúpulas militares. El informe y el fallo judicial configuraron una interpretación de lo ocurrido, popularizada como “teoría de los dos demonios”: la sociedad argentina había sido víctima inocente de dos demonios simétricos y antitéticos, los militares y los subversivos.  Muchos militantes de la civilidad señalaron que esta interpretación igualaba las responsabilidades entre un grupo político armado y aquellos cuya misión era custodiar el orden jurídico. Pero esta objeción fue salvada ampliamente en los discursos derivados del Nunca más.

Esa interpretación tiene otra singularidad a mi juicio más trascendente: ambos demonios –se nos dice- fueron en cierto modo ajenos. Venidos desde sus márgenes, agredieron y oprimieron a una sociedad indefensa, donde la inmensa mayoría fueron víctimas y donde todos rechazaron, siempre, los excesos de estas fuerzas ajenas.  No era una interpretación fácil de aceptar, pues tergiversaba y olvidaba los comportamientos concretos y bien cercanos que la mayoría de los miembros de la sociedad tuvieron en esos años, como por ejemplo el no prestar demasiada atención al clamor de las organizaciones de derechos humanos. También, corría un telón sobre los acontecimientos anteriores a 1976, y en particular sobre los primeros pasos del condenado terrorismo de estado.

En 1983, esa versión fue esencial para constituir el sujeto de la nueva democracia, la civilidad. Se trataba de  la parte activa de la ciudadanía, galvanizada por la convicción de que tenían una misión histórica: defender los derechos humanos y construir un régimen institucional fundado en el estado de derecho y la república. La construcción de la civilidad  requirió sobre todo acentuar la concordancia  y el pluralismo, animus conciliandi, mediante la supresión o postergación de las cuestiones que podían generar divisiones. Así, entre quienes se identificaban con la civilidad se evitó la discusión a fondo de las alternativas políticas futuras, así como profundizar en cuestiones delicadas, como por ejemplo la Guerra de Malvinas. Tampoco se ahondó en lo que cada uno había hecho durante los años de la dictadura. Mucho menos, en lo que cada uno había hecho en los diez años anteriores a 1976. La unidad de la civilidad fue el gran propósito.

Por otro lado, estaba la convicción de la panacea, de la acción milagrosa de la democracia. Se trataba de una ilusión, algo boba, pero absolutamente indispensable para construir una democracia republicana, que en 1983 no tenía ni tradiciones o rutinas arraigadas, ni dirigentes templados ni, siquiera, una ciudadanía formada y consciente. La ilusión debía cubrir todas esas carencias hasta que la democracia, echada a andar, generara sus propias condiciones.
Por entonces, los historiadores profesionales identificados con la civilidad confirmaron esta versión y se abstuvieron de plantear dudas. ¿Qué hubieran podido decir, siguiendo sus preferencias profesionales por el matiz y la relativización de las convicciones? Solo afirmaciones molestas y negativas para el propósito del momento. Cuestionar al sujeto trascendente –la civilidad- y la posibilidad de su misión histórica –fundar una democracia que fuera la panacea- habría significado minar su confianza, y en las circunstancias de 1983, esto era una apuesta demasiado arriesgada. Los historiadores profesionales integrantes de la civilidad obraron, en la ocasión, como ciudadanos comprometidos.

Veinte años de democracia

Las consecuencias de las acciones deliberadas son usualmente imprevisibles para sus actores, y este es uno de los casos. La memoria de la dictadura y la imagen de la democracia, conformadas a partir de Nunca Más, concurrieron  en la conformación de un tipo de ciudadanía con enormes virtudes y grandes defectos. Fue una ciudadanía; pero una ciudadanía crónicamente desilusionada,  intermitente en su interés,  más consciente de sus derechos que de sus deberes, y crecientemente intolerante.

En primer lugar, fue una ciudadanía desilusionada. La realidad de la gestión democrática de un país empobrecido y con el estado en situación de licuación estaba muy lejos de los prospectos y utopías de 1983. Tan grande había sido la ilusión, tanto más lo fue la desilusión democrática, que fue produciéndose por etapas, y afectando a porciones más grandes de la sociedad, a medida que los problemas heredados explotaban, como bombas de acción retardada.  En 1987 el gobierno democrático y la civilidad  no pudieron doblegar el planteo corporativo de un conjunto reducido de oficiales y suboficiales del Ejército. Ese fracaso desencadenó la desilusión de la parte más activa y politizada, que argumentó que eso no era lo que se les había prometido. En 1989 la crisis económica y la primer hiperinflación condujo a la desilusión al conjunto de la sociedad, que constató que la democracia no aseguraba el pan, la educación ni la salud, y que más bien parecía agravar los problemas. En 2001 la crisis del fin de la Convertibilidad produjo un descreimiento generalizado en la clase política, concretado en la famosa consigna “que se vayan todos”. Fue el punto más bajo para el imaginario democrático.

En segundo lugar, fue una ciudadanía que controló de manera intermitente las cuestiones públicas. Al principio siguió con atención la marcha del gobierno, pero a medida que perdía las ilusiones y se sucedían los problemas económicos, fue desentendiéndose; confió en las soluciones un poco mágicas que ofreció el presidente Menem en los años noventa  -como confía hoy en la perduración del ciclo de bonanza-  y dejó de controlar a sus representantes, que terminaron convertidos en una corporación corrupta, dedicada a exprimir al estado.

En tercer lugar, fue una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos que de sus deberes. Una ciudadanía heredera de las organizaciones de derechos humanos, acostumbrada a pensar que el estado era algo ajeno, y que tenía una gran deuda con ella. Una ciudadanía acostumbrada también a considerar cualquier manifestación de autoridad estatal en términos de autoritarismo.  Finalmente,  el sector más consciente de la ciudadanía fue derivando hacia la intolerancia. La defensa de los derechos humanos  llevó en muchos casos a su utilización facciosa por parte de quienes se autoproclamaron dueños de los valores éticos y con autoridad propia para juzgar el comportamiento de los demás y someter a la vindicta pública –como fue el caso de los escraches–  a quienes acusaba  de enemigos de la democracia.

Estos rasgos remiten, por diferentes caminos, a la imagen de la dictadura acuñada por Nunca Más. La memoria, libre del control de una reconstrucción más rigurosa del pasado, incidió de ese modo en el proceso político y tuvo efectos notorios: facilitó el accionar de una banda de políticos corruptos, posibilitó los avances del presidencialismo a costa de las instituciones republicanas, alimentó el clima faccioso.

Nuevas imágenes del Proceso

Desde fines de los noventa, nuevas imágenes del Proceso se constituyeron junto a la principal, desarrollando algunos aspectos de aquella y contradiciendo otros.  Por un lado, la memoria rencorosa, la de los  soi disant ciudadanos justos, preocupada por saldar cuentas pendientes del pasado. Catones y Robespierres, que por algún motivo –edad u otras preocupaciones- no participaron en la  defensa de los derechos humanos en tiempos de la dictadura, encontraron en esos juicios retrospectivos la forma de construirse un pasado de militante, como le ocurre,. por ejemplo, a nuestro Presidente.
Gradualmente, fue reapareciendo una memoria militante. Los que en el Nunca máshabían sido denominados  “víctimas inocentes”, sin ninguna filiación ni práctica política, empezaron a ser reivindicados como luchadores sociales y políticos idealistas, que habían sacrificado su vida para una transformación revolucionaria de la sociedad. Por ese camino, comenzó también una reivindicación de la acción violenta, aquella que en 1983 había sido categóricamente condenada en nombre de los derechos humanos. En esta línea se inscribe la más conocida de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: Madres de Plaza de Mayo, y su presidenta, Hebe de Bonafini.

Finalmente, ha terminado por tomar estado público una memoria del Proceso ligada a los derrotados de 1983. No se llega a reivindicar el terrorismo de estado, pero se menciona el estado de anarquía violenta en que se encontraba el país en 1976. Sobre todo, se hace la cuenta de la  lista, bastante nutrida, de víctimas de las acciones guerrilleras. Afirman, basándose en la doctrina de los derechos humanos, que toda vida humana debe ser igualmente respetada, que los muertos no tienen partido, y que los agentes de esas muertes son igualmente condenables.

Más allá de lo que se opine acerca de sus móviles, estas tres memorias ponen en discusión temas que la memoria del Nunca más había ocluido.  La polémica por la reivindicación de las “victimas de la subversión” –el gobierno ha sancionado a los militares que participaron en actos conmemorativos- puede resolverse en términos estrictamente ciudadanos, recordando los principios de 1983: la dimensión ética de la política,  el valor absoluto de la vida humana y la imposible subordinación de los medios a los fines. En ese caso, las víctimas son, primero y antes que nada, víctimas, y sus victimarios son  sus asesinos.

Las otras cuestiones no son tan simples. La memoria rencorosa plantea las cuestiones de la supuesta inocencia de la sociedad, y de las responsabilidades individuales. La memoria de los militantes plantea el problema de la violencia, que los militares llevaron hasta el extremo horroroso pero que ciertamente no inventaron. El debate ciudadano ganaría con la incorporación de nuevas perspectivas, que no se agoten en la condena moral, y afinen en la comprensión.

Los historiadores, veinte años después

Aquí es donde, veinte años después, los historiadores ciudadanos deben recuperar su voz de historiadores, si quieren ser eficaces. La democracia es lo que es –un vaso por la mitad- y no está en riesgo. Por otra parte, la sociedad no se divide hoy simplemente en dos bandos. Las cuestiones en debate son muchas, y un poco de claridad seguramente es bienvenido. La claridad que pueden aportar los historiadores.

La memoria oficial del Nunca Más limitó el tema de la violencia a dos actores: las organizaciones guerrilleras y las fuerzas armadas. Por su parte, la memoria militante se concentró exclusivamente en el terrorismo de estado. Pero la violencia política, asociada  con la eliminación física del adversario, estaba ya plenamente instalada en amplísimos sectores de la sociedad argentina desde la segunda mitad de los años sesenta. El asesinato no solo era considerado un medio legítimo, si el fin lo justificaba; también podía servir como instrumento aleccionador  o disciplinador. Un dato de la cultura política de entonces es el extrañamiento que muchos sienten hoy por su propia manera de pensar en los años sesenta y setenta, que hoy juzgan horrorosa.

A la vez, este extremo de violencia tiene claros precedentes en las décadas anteriores; por ejemplo, los fusilamientos de 1956 o los bombardeos de 1955. Inclusive si se atiende a los discursos justificadores o incitadores, esos que hacen que el asesinato sea considerado normal, las raíces llevan a muchos lados, desde el integrismo católico, con su dimensión sacrificial, a los imitadores del Ché Guevara, a la tradición nacionalista,  o hasta al propio discurso democrático, que en la Argentina previa a 1955 fue significativamente faccioso y violento. Entender la violencia que acompañó a la última dictadura, y también neutralizar su eventual reaparición, exige esa mirada amplia, que se pregunte no solo por sus actores directos sino por el público, la famosa sociedad que habría sido una víctima inocente, pero que en realidad, en buena medida admiró, aplaudió o al menos toleró como algo natural el uso del asesinato como instrumento político.
Con respecto a las responsabilidades durante la dictadura,  se trata de un problema más amplio que el de la estricta responsabilidad judicial. La mirada de los historiadores está ya desnudando las limitaciones del cuadro idílico del Nunca Más. No hubo multitudes que aclamaran a los jefes militares, pero tampoco hubo un repudio masivo, y no solo por miedo. La propuesta autoritaria y represiva tenía anclajes y elementos de reconocimiento en la cultura política, y la dictadura pudo construir sobre ellos una victoria discursiva consistente.

Pero el punto principal para el historiador es otro. Hay infinidad de estudios acerca de la vida y supervivencia en regímenes totalitarios o terroristas. En ellos,  la gente no se divide entre quienes aceptan y quienes se oponen, el blanco y el negro que exigen los juicios morales. Vivir en dictadura significa conceder algo y defender otras cosas. Consiste quizás en aceptar el discurso del poder y contestarlo allí donde ofrece una brecha. Tal fue el caso de Madres de Plaza de Mayo, que se hizo fuerte en uno de aquellos valores que el Proceso no podía cuestionar: el derecho de la madre a conocer el paradero de su hijo. Vivir en dictadura consiste en elegir los ámbitos donde la resistencia puede tener alguna trascendencia, y abandonar otros. Consiste por ejemplo en utilizar la diversidad del estado, la pluralidad de agencias estatales, la vigencia, aunque sea formal, de valores institucionales, para sobrevivir y combatir. Son, según la célebre frase de Michel de Certeau, las tácticas del débil, frente a las estrategias del fuerte.

El análisis detallado, día a día, de conductas y actitudes durante la dictadura, puede arrojar, prima facie, un resultado desalentador: desde un punto de vista extremo, todos pueden ser considerados cómplices, aunque solo sea por haber sobrevivido. Pero la lección que extrae el historiador es otra: las conductas son grises, ni blancas ni negras, y lo que importa es explicar el matiz. Llegado a ese punto, la pasión por juzgar se atempera y se desarrolla el ansia por entender. Al fin, esa fue la regla de oro que planteó Marc Bloch, un historiador que, a fuer de ciudadano, se enroló en la resistencia francesa y murió fusilado por los nazis.

Estas salvedades sobre la violencia y la responsabilidad, si fueran incorporadas en el debate público y se tradujeran en una memoria de la dictadura más matizada, sin duda contribuirían a asentar uno de los pilares de la democracia republicana que decimos querer construir. El pluralismo consiste en aceptar que la sociedad es plural, y que ninguna de sus partes tiene el monopolio de la verdad y del bien o, para decirlo con la frase bíblica, que nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Ayudaría a limitar la intolerancia, a achicar el terreno de la facciosidad, y también acostumbraría a mirar los problemas del pasado, y los del presente, de una manera menos esquemática y más comprensiva. Si la intervención de los historiadores en los combates por la memoria lograra eso, no sería poca cosa.

Publicado en Revista Criterio

Etiquetas: Ilusión democrática, Memoria del Proceso, Memoria e historia

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