Luis Alberto Romero

artículo publicado

9 de diciembre de 2009

Gobierno y oposición: el arduo combate que viene

Durante los dos próximos años tendrá lugar un intenso conflicto político entre el Gobierno y la oposición. Esta ha conseguido una buena base en el Congreso y se propone controlar desde allí al Poder Ejecutivo. Tal es la función del Congreso, pero hace ya tanto tiempo que no la ejerce, que resulta una novedad.

La oposición está respaldada por los resultados electorales de junio y por las encuestas de opinión posteriores. También la alienta la movilización ciudadana que se generó en 2008 a partir del reclamo del campo. El Gobierno ya mostró sus cartas. Ha blindado las facultades excepcionales, que le garantizan la caja fiscal y la posibilidad del soborno y el chantaje. Ahora se dispone a ignorar al Congreso, o a anularlo mediante los vetos. Se apoyará en las corporaciones amigas, particularmente los sindicatos, las organizaciones piqueteras amigas y quizá, las barras bravas, con las que espera bloquear y disciplinar la opinión opositora.

¿Es posible controlar al Gobierno desde el Congreso? La tradición política argentina no es muy alentadora. El Congreso funcionó bien con presidentes que respetaron sus atribuciones, como Marcelo de Alvear y más recientemente, Raúl Alfonsín. Pero con los gobiernos peronistas, por una u otra razón, el Congreso no llegó a ser relevante. En cambio las corporaciones siempre tuvieron un desempeño brillante con esos gobiernos. Se beneficiaron con franquicias o prebendas, y establecieron con los elencos gubernamentales una relación colusiva.

El caso más notable es el de los sindicatos. Desde la primera ley de Asociaciones profesionales, sancionada en 1945, que instituyó el sindicato único por rama de industria, el sindicalismo se ha consistido en un grupo de burócratas sindicales -así se los llamaba en los setenta-, amparados por los gobiernos y respaldados por sus matones, que obtienen algunas ventajas para sus afiliados, pero muchas más para si mismos. Las organizaciones sociales, surgidas para amparar a los desocupados, se han desarrollado en un sentido similar, particularmente aquellas adictas al Gobierno. En ambos casos, presionan al Estado desde la calle y desde las propias oficinas estatales, ocupadas a menudo por algunos de ellos, como los hombres de Moyano en la dirección que atiende las Obras Sociales, o los de D’Elía en alguna otra. Lo hacen hasta que el Estado pone el huevo de oro de la prebenda -pagado por quienes no tienen corporaciones que los defiendan-, que alimentan tanto a las bases como, sobre todo, a su burocracia dirigente.

No son los únicos, claro; y el proceso actual de las barras bravas es muy ilustrativo al respecto. Estas corporaciones sirven hoy para controlar, hasta donde se pueda, la conflictividad de una sociedad hundida en la miseria y el desempleo, que no encuentra otros canales de expresión. Pero también sirve para controlar la calle, algo importante en el combate que se avecina.

Desde mediados del siglo XIX la calle ha sido el lugar de expresión de la opinión pública. Con Perón apareció otra calle, plebiscitaria: el lugar de la aclamación y la legitimación del líder, que expresaba la voluntad y los intereses del pueblo. En los setenta la calle fue el escenario del combate, simbólico y real, entre distintas organizaciones políticas peronistas, que combatían con consignas y con armas. En 1983 la calle volvió a ser el lugar de la expresión de la opinión, pero ese entusiasmo pasó, y en la última década, sobre todo después de 2001, se convirtió en el escenario y el instrumento de un reclamo social que no encontró otra forma de presionar que obstruir y bloquear la vida cotidiana del resto de la sociedad.

La crisis del campo devolvió a la calle, por un tiempo, su función de expresión de la opinión. Hoy el Gobierno no aspira más a una calle plebiscitaria -cuyo montaje es demasiado burdo para impresionar a alguien- pero no desdeña la calle combativa, y está dispuesto a impedir que se constituya la calle de la opinión, movilizando a las corporaciones amigas, que disponen de una considerable capacidad de violencia. Al hacerlo, se colocan en el filo mismo de la legalidad. Amagan con emprender un camino similar al que en 1922 le permitió a Mussolini y sus squadristi destruir las instituciones desde el gobierno.

De modo que lo que se viene es un combate de resultado incierto. El destino de la oposición se juega, en primer lugar, en su capacidad para articularse y construir, a partir de varios segmentos, una alternativa de gobierno. Deberá hacerlo cuidando de la legalidad, algo que hoy le preocupa poco al Gobierno, en franca actitud desinstitucionalizadora.

Para ello deberá potenciar al Congreso -y también a la justicia- desde una sociedad civil movilizada. Deberá alentar la expresión de aquellas corporaciones excluidas del privilegio y la prebenda, y sobre todo a las distintas voces de la sociedad civil, capaces de hablar de algo más que de un interés sectorial.

Necesita también recuperar la calle para la opinión. Una opinión que vigile a los representantes, tan frágiles. Para instalar esa calle ciudadana y vigilante deberá acotar el matonismo con protección gubernamental que existe hoy, lo que no es fácil. Pero debemos confiar en que aún existe en la sociedad, y en sus jueces, algún sentido de la legalidad.

Publicado en Clarín

Etiquetas: Congreso, Gobierno, La opinión de la calle, Oposición

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