Luis Alberto Romero

artículo publicado

2002

La democracia y la memoria del Proceso

Desde hace década y media muchos hemos coincidido en impulsar políticas de la memoria referidas a la última dictadura militar: el Proceso. Se trataba de sacar a la luz la acción represiva de esos años, de modo de generar sentimientos de rechazo y horror, que debían cumplir un papel de importancia en la construcción de la democracia. Quienes teníamos alguna relación con la educación, coincidimos en que era una tarea cívicamente significativa. Para sintetizarlo en un ejemplo: concordamos en la importancia de que los adolescentes leyeran el informe Nunca más.

Existe una tensión entre las políticas de la memoria y el saber histórico. El pasado es de todos, y cada uno es libre de recordar lo que más le convenga, sin exigencia de “verdad”. Acordarse, olvidar, tergiversar, subsumir, seleccionar, alterar, silenciar, inventar: todas son operaciones válidas para quienes, en definitiva, están construyendo su identidad. En cambio quienes cultivan el saber riguroso, aunque no esperan llegar a la verdad absoluta, asumen el compromiso de acercarse a ella lo más posible, trabajar con rigor y reducir y controlar el sesgo propio de cada perspectiva. Una actitud lleva sobre todo a juzgar; la otra, a comprender, y entre ambas hay una coexistencia tensa, con equilibrios diferentes.

En 1983 hubo un amplio consenso: se trataba de una cuestión de memoria y de política y había que juzgar. Los historiadores coincidimos, nos despreocupamos un poco del rigor y pensamos sobre todo como ciudadanos. Desentendida de las exigencias del saber riguroso, nuestra política de la memoria, la que practicamos desde el fin de la guerra de Malvinas, tuvo como propósito construir una imagen del Proceso tal que sirviera para fundamentar la nueva democracia. En lo fundamental, fue una tarea exitosa: el Proceso llegó a ser aborrecido. ¿Fortalecimos con ello la democracia de manera duradera?

El Proceso debía ser condenado por razones morales y también políticas. La democracia que se empezaba a construir carecía prácticamente de tradiciones reconocibles y debía fundarse en un acto de fe colectiva, una afirmación a priori de sus valores y de su potencia. El horror al Proceso suministró esa convicción: salíamos de las tinieblas y entrábamos en el reino de la luz. Son manifiestos los éxitos inmediatos de esta política de la memoria, de esta construcción de un pasado de espanto. El Proceso fue, en esta versión, un genocidio practicado por los militares, que transformó en su víctima a la sociedad toda, a la gente. Era una simplificación útil. Muchos de los que en 1981 estaban atrapados por el discurso de “los argentinos derechos y humanos”, o de los que en abril de 1982 vivaron a los jefes militares que habían “reconquistado” las Malvinas, adherían con sinceridad y entusiasmo a las ideas que supo sintetizar en su campaña electoral Raúl Alfonsín. El éxito discursivo y político fue rotundo, y no pareció conveniente debilitar ese consenso trayendo a colación detalles incómodos, que saltan a la vista apenas se revisa la crónica periodística de esos años.

Hoy aparecen los efectos no queridos de una política de la memoria que en su momento me pareció altamente virtuosa y que aún considero, en lo sustancial, correcta. Esos efectos remiten a la tensión entre la perspectiva del ciudadano y la del historiador, para quien la realidad no se compone de blancos y negros, y que además de juzgar quiere comprender. Hemos logrado mucho más en el aborrecimiento al Proceso que en su comprensión, y esta carencia tiene consecuencias cívicas y políticas importantes. Aunque no faltan textos académicos excelentes, todavía son pocos, y no han podido influir mucho en el sentido común, sobre todo en el de aquellos formados en la lucha por la defensa de los derechos humanos, incluyendo a los padres y a los hijos de sus víctimas.

El primer resultado no querido fue el conformismo, propio de los tiempos de la fiesta,asociado con una celebración del triunfo de la sociedad sobre la opresión que parecía cada vez más ritual: el 24 de marzo iba en camino de engrosar los fastos escolares, como un feriado móvil. Hoy aparece otro motivo de alarma, de sentido contrario: las actitudes, los juicios y las prácticas maniqueos que se desarrollaron al calor de esa imagen. El maniqueísmo, en cierta medida, es bueno para alimentar la convicción y la fe colectiva y constituir una identidad; y la nueva democracia necesitaba mucho de ello. Pero suele ser la fuente de una nueva intolerancia, manifiesta tanto en las prácticas como en las ideas.

Con la profundización de la crisis argentina, las prácticas intolerantes han ido crecreciendo. Para algunos, la memoria del Proceso se ha convertido en arma de lucha; distintas organizaciones constituidas en torno de la defensa de los derechos humanos se han considerado autorizadas a abandonar los principios que en su momento constituyeron su principal aporte a la construcción de la democracia: la idea de derechos, la tolerancia, el respeto a la ley. Una cosa es mostrarle a los vecinos de un barrio que una persona de apariencia normal es fehacientemente un torturador; otra muy distinta es su linchamiento. Una cosa es aplicar esos métodos de denuncia pública a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y otra es usarlos contra aquellos con quienes se disiente políticamente. Entre una y otra cosa transcurre la línea que separa la acción cívica digna de la barbarie. En muchas de las prácticas que se han vuelto habituales en los últimos años esa línea parece a punto de ser cruzada.

Hay otra intolerancia: la del pensamiento. Afecta a quienes no quieren apartarse del camino de la corrección política y se aferran a sus formas exteriores, convertidas en fetiches y tabúes. Es sintomática la facilidad con que en estas exitosas políticas de la memoria se ha asimilado el Proceso con el Holocausto, como si uno explicara automáticamente al otro: fórmulas o símbolos utilizados en nuestra política de la memoria han sido tomados, sin un examen crítico, de la experiencia del nazismo. Con ello se ha ganado en eficacia, pero se ha perdido en comprensión. El repudio al Proceso se apoya en palabras o fórmulas fuertes, colocadas más allá de la comprensión racional. Cualquier esfuerzo de indagación que cuestione alguna de las denominaciones, clasificaciones o fórmulas es considerado una amenaza para el edificio todo. Se postula inclusive que una parte de la experiencia del horror es inaccesible a la razón, un razonamiento indigno de quienes afirman querer construir una convivencia basada en la búsqueda racional del bien común.

En el campo de nuestra política de la memoria, la palabra “genocidio” se ha impuesto como forma de denominar la masacre de disidentes políticos; aporta al aborrecimiento del Proceso el conjunto de los sonidos armónicos que resuenan con el Holocausto: al fin, todos los responsables son “fascistas”, otra palabra simbólica. Hace un año, en un Encuentro sobre la Memoria, Silvia Sigal desató la indignación de un sector del auditorio, políticamente correcto, cuando señaló la escasa pertinencia de la palabra –no había habido criterios étnicos en las matanzas– y a la vez su capacidad para encubrir la verdadera dimensión de la represión, que era política. Un razonamiento no sólo más comprensivo sino, en el fondo, aún más correcto que el anterior fue rechazado en nombre de una amenazada ortodoxia de la palabra. En este punto, condenar parece ser más importante que comprender.

El principal problema, en mi opinión, se refiere a la imagen resultante de la experiencia democrática actual, construida a partir del aborrecimiento del Proceso. Frente a un régimen militar que sintetizaba las fuerzas todopoderosas del mal, la democracia, igualmente potente, se identificó con el bien. La democracia lo podía todo. Era la panacea, una imagen que Raúl Alfonsín supo construir de manera convincente en sus discursos de campaña, a la que muchos adherimos con entusiasmo. Quizás debimos advertir entonces que los dos aspectos de la ecuación democrática –la potencia y la bondad del sistema– merecían ser sometidos a escrutinio. Lo cierto es que las posiciones vinculadas con el civismo, con la conciencia y con la militancia se impusieron a aquellas, necesariamente más matizadas y con menor capacidad de entusiasmar, relacionadas con el saber.

En el tramo inicial de la construcción democrática tuvimos una democracia “boba”, ilusa y confiada. No estuvo mal: sin esa ilusión no habría habido democracia. Con esa ilusión, se sobredimensionó la capacidad de la democracia, que debía dar a todo el mundo una solución satisfactoria para todos los problemas. Es obvio que esto no es posible, en general, y en particular dado el conjunto de circunstancias de la Argentina post 1983, algunas antiguas y otras que eran fruto reciente del Proceso. Exageramos su potencia, sin tener en cuenta la fuerza de esos condicionamientos. Cuanto más se esperó de la democracia, más dura fue la confrontación con la realidad.

Las democracias que existen realmente son siempre inferiores al ideal de democracia, nunca realizado. El ideal tiene una formidable capacidad de movilización, pero todo movimiento en pos de un ideal supone, en algún momento, una cuota de desilusión, mayor o menor de acuerdo con la dosis de realismo con que se lo haya matizado. Con la democracia construida en 1984 faltó en primer lugar una mirada crítica, que achicara la brecha entre el ideal y la realidad; luego, faltó también una mirada comprensiva, que procurara entender las razones de esa brecha. Faltó todo lo que usualmente puede proveer el saber.

No se trata de que hayamos escrito malos libros de historia. Es que condujimos las cosas de modo tal que pasamos sin transición de la extrema ilusión a la desilusión. El objeto de amor pasó a ser objeto de demandas y críticas. Hasta es posible que, a fuerza de llevar la cuenta de las promesas incumplidas, terminemos haciendo de la democracia un objeto de odio: no sólo no sirvió para resolver nuestros males, sino que los agravó y hasta los ocasionó. Antes de que colegas académicos hayan comenzado a plantear la cuestión, muchos hemos recogido este pasaje del amor a la crítica, y a las antesalas del odio en las conversaciones que hemos podido tener con estudiantes, quienes sin embargo no flaquean en su aborrecimiento al Proceso.

De alguna manera, la crisis actual nos ayuda a entender mejor lo que pasó. Parece claro hoy que los problemas argentinos exceden ampliamente los del régimen democrático y se relacionan con cosas más profundas, como la índole del Estado, la ubicación del país en el mundo y aun los términos mismos del contrato político que, quizá precariamente, convirtió en un Estado y una nación a un conjunto de personas asentadas en diversos fragmentos territoriales. Así como no es fácil imaginar quién puede tener la clave de la solución, también resulta hoy excesivamente simplista echarle todas las culpas al Proceso. Si logramos superar la ira y la desesperación y podemos encarar nuevamente, en la escuela y en los ámbitos públicos de discusión, el examen de nuestra historia reciente, probablemente descubramos que es el momento de achicar esas apoteosis de la memoria, en las que colocamos al Proceso en una escala y clave explicativa similar al nazismo y al Holocausto. Quizá sea el momento en que los historiadores recordemos las premisas básicas de nuestro saber.

Una de ellas es que ninguna sociedad construye algo de la nada. Ni el Proceso ni la democracia. El Proceso no fue un suceso extemporáneo; estuvo ligado por múltiples lazos con la experiencia de la sociedad argentina. En su inmensa maldad –quién lo duda–, sus responsables fueron criaturas de nuestra sociedad, y el contexto en el que surgieron no desapareció mágicamente con su retirada. La democracia, que debía en su imaginario renegar del pasado inmediato, no nació de un repollo sino de ese mismo vientre: se construyó con los materiales existentes, precarios, de desecho quizá. Los que había. Con políticos de larga militancia en épocas anteriores, con instituciones profundamente deterioradas –al fin, la democracia debió gobernar con la Policía Bonaerense– y con valores sólo en parte identificados con aquellos que usualmente fundamentan un sistema democrático. Las credenciales democráticas de los democráticos no eran impecables. Sospecho que un examen de este tipo hará menos nítida la línea que separa a los malos de los buenos.

Hay otra cosa que los historiadores debemos recordar: la democracia es, estrictamente, un sistema para elegir gobernantes y controlarlos, pero dice poco de las condiciones en que ese gobierno se ejerce. Los juicios acerca de lo que debió haberse hecho en cada coyuntura, usualmente ingenuos, lo son mucho más cuando suponen que las autoridades democráticas poseían un poder pleno, una potencia equivalente a la atribuida al Proceso. Los gobernantes elegidos democráticamente desde 1983 debieron conducir un Estado que, hoy lo sabemos, estaba ya profundamente minado: algo así como un auto con problemas en el freno, el acelerador y la palanca de cambios. Sólo a partir de ese arqueo de caja de 1983 puede plantearse seriamente la pregunta sobre las responsabilidades, indudablemente grandes, de quienes participaron en esta experiencia democrática.

Porque, en definitiva, no se trata simplemente de juzgar, a partir de valores absolutos, ideales y abstractos; se trata de saber y de comprender para poder asumir las responsabilidades: sólo quien comprende puede juzgar adecuadamente y actuar en consecuencia. Son estos problemas, de ciudadanía y responsabilidades, los que deben ser adecuadamente planteados, ya sea en el aula o en la discusión pública, desechando la tentación, recurrente por lo fácil, de atribuir las responsabilidades sólo a “ellos”: el Proceso, los bancos, el FMI o los políticos. Creo que es necesario volver a promover, en el examen de nuestro pasado inmediato y mediato, un saber más distanciado de las convicciones, menos inmediatamente empapado de civismo, con vistas a formar un ciudadano crítico. La apuesta es que una conciencia crítica defenderá finalmente los valores de la democracia mejor y más eficazmente que una conciencia ingenua.

Publicado en Revista Criterio

Etiquetas: Memoria, Pasado reciente

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