Luis Alberto Romero

artículo publicado

29 de octubre de 2006

La rotación asegura control sobre el poder

La periodicidad en la función pública forma parte del régimen republicano de gobierno, junto con otras flores hoy exóticas, como la división de poderes, la publicidad de los actos de gobierno o la libertad de prensa.

Todo ello, es sabido, fue pensado para controlar el poder y someterlo a reglas. Si bien existen precedentes clásicos, nuestra tradición republicana es hija de las revoluciones inglesas del siglo XVII, y de las norteamericana y francesa de fines del siglo XVIII. Es una tradición reciente y artificiosa, tanto como cualquiera de nuestros frutos civilizatorios. Su funcionamiento es tan complejo como frágil.

Mantenerla requiere instituciones consolidadas, que limiten las tendencias de los gobernantes a acumular poder y conservarlo, y de los gobernados a aceptarlo de manera pasiva. Cuando funcionan, esas instituciones se respaldan en una ciudadanía comprometida, y en una elite política no sólo virtuosa sino consciente de la ventaja de las reglas de la rotación.

Los países hispanoamericanos, nacidos en la época de aquellas revoluciones, quedaron asociados con las formas republicanas de gobierno. La acumulación de poder, el caudillismo, la tiranía debieron desarrollarse dentro de sus marcos y de su discurso. Alberdi sostuvo a mediados del siglo XIX la necesidad de una monarquía vestida de república. No sólo señalaba la necesidad transitoria de un gobierno fuerte sino la importancia de ajustar sus formas a los principios republicanos, entre ellos la no reelección del presidente. En el período previo a la ley Sáenz Peña, cuando había baja participación electoral, los gobiernos electores, tan diestros y desprejuiciados como los actuales, se ajustaron sin embargo al principio de la no reelección.

Con la ley Sáenz Peña de 1912 se ingresa en la democracia de masas. Aunque perduró la intervención de los gobernantes en la construcción del resultado electoral, los controles fueron mayores y el mercado electoral sumó una dosis de imprevisibilidad. Los grandes movimientos políticos —el yrigoyenismo y el peronismo— fueron auténticamente democráticos, pero de la variedad plebiscitaria, como era usual en el mundo de entonces.

Aquella democracia hizo crujir todos los principios republicanos, salvo el de la periodicidad de las funciones —ciertamente modificado en la Constitución de 1949—, quizá porque los recurrentes golpes de Estado hicieron abstracto el problema de las reelecciones. Hoy ya llevamos veintitrés años de continuidad institucional, y todo el mundo quiere reelegirse. Según se dice, “salvo la Ley de la Gravedad, todo se arregla”.

No eran esas las expectativas de 1983. Entonces, por primera vez en nuestro país, se imaginó construir una variante republicana de la democracia, fundada en el estado de derecho, así como se soñó en una convivencia política fundada en el pluralismo y los derechos humanos. El proyecto carecía entonces de tradiciones y rutinas —esas que sobran en las democracias republicanas consolidadas— y tampoco había, en rigor, partidos, dirigentes y una ciudadanía extendida. Había apenas un actor que despuntaba: lo llamaría la “ciudadanía consciente”, la “civilidad”, presente tras de distintas banderías políticas.

Había, sobre todo, una enorme ilusión, que asociaba la democracia, en su forma republicana, con la panacea. Por detrás de esas ilusiones —hoy es claro— había un país averiado que se hundía. Que ya no tenía ni una economía relativamente próspera, ni una sociedad abierta, móvil e igualitaria, ni un estado potente, como había ocurrido en buena parte del siglo XX. Desde 1983, las sucesivas crisis justificaron la concentración del poder. La miseria e indigencia generó el asistencialismo estatal, la gran herramienta de los gobiernos electores. A lo largo de dos décadas, la desilusión democrática —tan fuerte como lo había sido la ilusión inicial— redujo al mínimo la capacidad de control ciudadano sobre el poder. Así, se allanó el camino a los políticos corruptos —otros desertores de la causa republicana— y a los déspotas benévolos, que reclamaban seguir gobernando para asegurar la continuidad de la benevolencia. Esto es la Argentina hoy. Las cosas han cambiado mucho desde el siglo XIX y la preceptiva republicana, a la que entonces debían ajustarse los gobernantes, hoy es sólo una utopía.

Publicado en Clarín

Etiquetas: Presidencialismo, Reelección

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