Luis Alberto Romero

artículo publicado

marzo de 2001

La sociedad como Cómplice, Partícipe o Responsable. Las Raíces de la Dictadura

Nuestro reconstituido sistema democrático se asienta hoy en una convicción compartida, en la que la condena del Proceso ocupa un lugar fundamental. El Proceso ha sido demonizado: sabemos que debemos recordar lo que no debe olvidarse. No es necesario recordar aquí la importancia cívica de esto. Quizá convenga en cambio reflexionar sobre un aspecto problemático, no siempre tenido en cuenta: al condenar a un grupo de genocidas, de alguna manera los hacemos los únicos responsables de lo acaecido a partir del 24 de marzo de 1976. Implícitamente, todo el resto de la sociedad queda exculpado.

Las cosas no son tan sencillas. ¿Cómo explicar el alivio con que buena parte de la sociedad recibió el golpe? ¿Qué decir de la actuación de la mayoría de los dirigentes partidarios, que todavía en 1977 se limitaban a suaves admoniciones a los dictadores, para que evitaran los “excesos”? ¿Cómo explicar el éxito de la convocatoria a los “argentinos derechos y humanos”? Quizá sea bueno preguntarse hasta que punto las conductas aberrantes del Proceso reprodujeron –sin duda de una manera inmensamente ampliada- rasgos característicos de nuestra cultura política, acuñados a lo largo del siglo XX.

Fundada en 1912, con la ley Sáenz Peña, la democracia argentina conoció antes de 1976 dos grandes experiencias, la radical y la peronista, separadas por un interludio fraudulento. La fe democrática comenzó a derrumbarse en 1955 y llegó a su punto más bajo en 1966; posteriormente, las excepcionales elecciones de 1973 forman parte de otra historia, en la que el componente democrático se subsume en una experiencia revolucionaria.

A lo largo de estos años, la práctica democrática fue decantando en algunas características que quedaron fijadas. En primer lugar, fue poco republicana. Yrigoyen y Perón fueron presidentes fuertes, con un amplio respaldo plebiscitario, pero su acción resultó poco respetuosa de las normas republicanas. Yrigoyen practicó un gobierno de excepción, apeló a las facultades presidenciales para resolver coyunturas extraordinarias e ignoró al Congreso –donde a su vez cosechó odios enconados de la oposición-, al punto de decretar la intervención federal a provincias un día antes de la reunión de las Cámaras o un día después de su disolución. Perón fue más lejos, y desde el poder pulverizó las instituciones republicanas, removió a los jueces, ignoró al Congreso, y sobre todo entrelazó las instituciones partidarias con las estatales, al extremo de que, en cada nivel, el jefe del Movimiento era la máxima autoridad estatal. A este ejercicio ilimitado de la autoridad presidencial se agregó una descalificación de la norma jurídica, que podía ser violada si eso hacía al bienestar del pueblo: la democracia “formal” no debía obstaculizar a la “real”.

En el mismo sentido, nuestros grandes movimientos democráticos fueron escasamente pluralistas. Radicales y peronistas identificaron su movimiento y sus ideas con los intereses de la Nación. La “causa” del radicalismo, o el “movimiento nacional” del peronismo eran considerados la expresión de la Nación y la herramienta de su regeneración, frente a su sistemática desnaturalización por obra del “antipueblo” o la “antipatria”: el “régimen falaz y descreído” o la “oligarquía”. Ambos movimientos, raigalmente democráticos, tendieron a desconocer o a negar al adversario, a excluirlo de los debates y del escenario político. Ambos le dieron a la confrontación política un tono definidamente faccioso y transformaron a sus adversarios en enemigos, prestos a devolver lo recibido con la misma moneda.

 

Esto explica muchas de las características del período fraudulento, entre 1930 y 1946, y sobre todo las del período posterior a la deposición de Perón en 1955. Paradójicamente, quienes en 1955 se reivindicaban como los restauradores de la democracia terminaron por destruir sus otrora vigorosas raíces, arraigadas en el imaginario social. En 1956 la violencia y la muerte entraron en la confrontación política: los fusilamientos de junio equivalen al de Manuel Dorrego, ordenado por Lavalle en 1829. Pero sobre todo, lo que corroyó la fe democrática, el conjunto de convicciones compartidas que es asiento indispensable de cualquier sistema político democrático, fue la proscripción del peronismo, vigente hasta 1966, fecha en que la suerte fue compartida por el conjunto de los partidos políticos.

La proscripción –que contra la intención de los proscriptores, robusteció y galvanizó a un peronismo decadente, y fortaleció su definición obrera- quitó toda credibilidad a la restauración democrática. ¿Qué legitimidad podían tener los representantes elegidos en esas condiciones?  Las negociaciones de los conflictos sociales se desarrollaron en otros escenarios, donde los grandes actores corporativos –sindicatos, militares, empresarios, Iglesia- se movían con comodidad, mientras los políticos hablaban al vacío desde el parlamento, o los presidentes se empeñaban en vano en hacer cumplir sus órdenes.

Así, las fuerzas democrática, herederas de una tradición autoritaria, poco republicana y poco pluralista, fueron agotando las reservas de fe democrática. Naturalmente, no fueron los únicos responsables: el otro gran protagonista de la decadencia democrática fueron las Fuerzas Armadas. En su avance hacia el centro del poder, estuvieron impulsadas y respaldadas por quienes, desde 1919, descreían de la democracia y aspiraban a un gobierno con autoridad pero sin plebiscito. Pero en su marcha, las Fuerzas Armadas fueron desarrollando sus propios criterios institucionales sobre el poder y la regulación de la conflictividad. Lo sorprendente es que, en realidad, se trató de un desarrollo, solo un poco modificado, de las tradiciones que había acuñado la democracia.

Las Fuerzas Armadas, como institución, ciertamente no creían en plebiscitos ni en plazas aclamantes, pero compartían la idea de un poder fuerte, no limitado por ningún sistema de balances y contrapesos. También estaban convencidas de ser los custodios de las esencias nacionales, corrompidas por los políticos. Nacidas con la patria, las Fuerzas Armadas eran la expresión más prístina de la identidad nacional. A lo largo de la década de 1930, la Iglesia católica agregó un motivo más a este discurso: el catolicismo era la esencia de la identidad nacional, expresada conjuntamente por la Iglesia y el Ejército: la espada y la cruz. Estas ideas, tan a tono con los totalitarismos de entreguerras, dejaron de ser populares con el fin de la Segunda Guerra. Transitoriamente, el antiperonismo sirvió como aglutinante sustituto, hasta que finalmente el fantasma del comunismo y de la subversión, y la necesidad de defender los tradicionales valores occidentales y cristianos, dio la letra al nuevo integrismo castrense, siempre presto –como sus parientes democráticos- a arrojar a las tinieblas exteriores a “infiltrados”, “subversivos” y “apátridas”.

En suma, no todo fue culpa de los militares ni ellos engendraron todos nuestros demonios: la mala práctica democrática enfermó la cultura política argentina. Este contexto es indispensable para entender el prodigioso proceso de movilización revolucionaria que vivió nuestra sociedad entre 1966 y 1976, pródigo en promesas y utopías, trasmutadas luego en la más salvaje violencia.

No son frecuentes esos estados de movilización revolucionaria. En esas ocasiones, arraiga en la conciencia colectiva la convicción de la unidad del pueblo contra un enemigo, que sintetiza al conjunto de los enemigos. Se trata de un doble proceso de agregación: la integración del conjunto de tensiones y contradicciones en un polo popular, tal como arquetípicamente se dio en el Cordobazo o las grandes puebladas subsiguientes, y la subsunción de los adversarios, las resistencias o simplemente las dificultades en un enemigo único y poderoso: la dictadura y el imperialismo. Esta polarización pertenece ciertamente al imaginario democrático, pero aquí está tensada por la seguridad acerca de cuáles son las causas del conflicto –la causa principal, que articula y explica las secundarias-, y la convicción de que ese gran conflicto, ese único combate donde se juega la suerte del pueblo, puede ser definido en favor de éste, en tanto permanezca unido. “El pueblo unido, jamás será vencido”, es otra expresión típica del imaginario democrático, como lo es la seguridad de que quienes no coinciden se alinean, automáticamente, en el campo de los enemigos del pueblo.

Este momento mágico de una sociedad, en el que todo parece estar al alcance de la voluntad, acaeció en momentos en que cualquier alternativa democrática había sido eliminada del horizonte de expectativas. No hubo ni fuerza política vigorosamente reformista, ni movimiento de masas insurgente pero encuadrado en la ley. A la hora de traducirse en política, el poderoso movimiento social solo disponía de una consigna genérica y ambigua –la vuelta de Perón- y de un único representante político eficaz: las organizaciones armadas. Cultoras de una violencia que venía anidando en las prácticas políticas desde 1956, la desarrollaron a la enésima potencia, y pasaron sin solución de continuidad de la etapa de los “Robin Hood” -¿quién lamentó el asesinato de un general represor?- al uso táctico y desapasionado de la muerte como mecanismo de conquista de los espacios de poder.

Se trataba de una cultura política que no pretendía ser democrática. Inclusive el retorno y elección de Perón, así como el tormentoso período de su presidencia, difícilmente puede entenderse desde la perspectiva de la política democrática: los terribles conflictos de la sociedad se dirimían en los más variados escenarios, pero no en los surgidos del sufragio y establecidos por la Constitución. Pero al igual que en el caso de las Fuerzas Armadas, esta cultura política que no pretendía ser democrática retomó y potenció elementos raigales de nuestras grandes tradiciones democráticas: el maniqueísmo, es decir la distinción tajante entre pueblo y antipueblo; el autoritarismo, potenciado por el amplio descrédito de la legalidad “liberal”, y la convicción ampliamente compartida de que los fines justificaban los medios, que lo “formal” no debía restringir lo “legal”. La violencia no era nueva, pero en la práctica de las organizaciones armadas –tanto las viejas como las nuevas, organizadas para combatirlas- fue llevada a un nivel hasta entonces desconocido.

Con estos antecedentes, cabe preguntarse cuánto trae de nuevo el así llamado Proceso de Reorganización Nacional. Con él, la violencia, el asesinato y la desaparición alcanzaron niveles nunca vistos. Ciertamente, las diferencias de cantidad hacen a las de calidad; pero no es menos cierto que la violencia estaba ampliamente instalada en la vida política. Desde 1976 la prácticó un estado clandestino, que operaba de noche, derrumbando la fe en las instituciones y las leyes, sistemáticamente violadas por quienes debían custodiarlas. Otra vez, hay diferencia de cantidad, pero en un rumbo ya conocido. Respecto del autoritarismo y la fe en la concentración del poder, no limitado por ninguna restricción republicana, por cierto el Proceso abogó por ello, siguiendo la tradición militar, que siempre denuncia el desgobierno en los civiles pero ignora la anarquía en su propio campo. Porque en este rubro, el Proceso fracasó contundentemente: ni resultó el singular experimento de dividir el poder entre las tres Fuerzas, ni se logró nunca que todo el poder estuviera concentrado en un punto: Videla fue un protagonista mediocre del Proceso, y sus sucesores mucho más.

En cambio, fue contundente la voluntad de identificar  el Proceso con la Nación. Las voces divergentes o alternativas fueron eliminadas física y discursivamente. Treinta mil desaparecidos le permitieron a los genocidas acallar toda otra voz, y a la vez negar su existencia: cualquier disidencia era atribuible a la subversión apátridas y estaba, por definición, fuera de la Nación. Es difícil ignorar las profundas raíces que esta negación del otro tiene en nuestra cultura política contemporánea.

Este rastreo quizá permita entender un poco mejor cuantos consentimientos, activos o pasivos, recogieron los dirigentes militares, que le hablaban a la sociedad argentina en un idioma que esta conocía bien, y que había escuchado muchas veces. Me parece bueno recordarlo, para no quedarnos en la tranquila satisfacción que puede suscitar una condena, que puede llegar a ser ritual, de los genocidas. En su excepcional maldad, fueron criaturas de nuestra sociedad.

Publicado en Puentes

Etiquetas: Democracias, Dictaduras, Fuerzas Armadas

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