Luis Alberto Romero

artículo publicado

Diciembre de 2002

La sociedad, el Estado y la política

“Que se vayan todos”. Durante ocho meses, la consigna sintetizó de manera expresiva el estado de ánimo de muchos argentinos, que responsabilizaban de sus desventuras a los políticos: ellos eran los culpables, más allá de toda duda razonable. Tanto, que bastaba remplazarlos para que todos los problemas comenzaran a encarrilarse.

No puedo contentarme con esta idea. Dicho brevemente, creo que nuestra sociedad tiene los políticos que se merece. Me parece que los nuevos políticos serán iguales, y que solo cambiarán cuando la sociedad aprenda a tratar con respeto a su Estado. En suma, creo que la responsabilidad está, en primer lugar, en la sociedad y quiero mostrarlo con un repaso de algunas circunstancias de la historia del último siglo.

Una sociedad que no respeta al Estado

Partamos de un momento inicial –con todo lo de relativo que esto tiene- fijado en las últimas décadas del siglo XIX. La sociedad argentina, que recibía año a año grandes contingentes de inmigrantes, se encontraba en situación casi magmática y en plena transformación. El Estado también estaba construyéndose, pero iba un poco más adelante, abriendo caminos y fijando rumbos a la sociedad. Aseguraba el orden y la autoridad, desarrollaba el andamiaje legal, ordenaba su presupuesto y creaba sus grandes instituciones, desde el Correo hasta el Ejército. También intervenía activamente en la expansión económica: reparto de las tierras, fomento a la inmigración, establecimiento del sistema monetario, créditos bancarios de estímulo, así como la construcción de un sistema educativo portentoso fueron otras tantas contribuciones del un Estado que gozaba del respeto de la sociedad. En ese contexto, esta sociedad fue próspera, integrativa y móvil. Su vitalidad se manifestó en el surgimiento un vasto conjunto de asociaciones de todo tipo, de ayuda mutua, fomento o recreación.

Progresivamente, en esa sociedad en formación se fueron definiendo los intereses sectoriales, económicos y profesionales: los industriales, los médicos o los trabajadores. A medida que las situaciones se hacían complejas, cada uno apeló al Estado reclamando regulación de los distintos campos de actividad, y también determinadas franquicias, algunas legítimas y otras que implicaban algún privilegio. Los reclamos fueron más vivos a partir de la Primera Guerras Mundial. Simultáneamente el Estado fue desplegándose, para intervenir y ordenar cada uno de los distintos campos. Hubo avances importantes con Yrigoyen y en los años 30, que se consolidaron en la época de Perón. Su política consistió en generalizar las representaciones corporativas, encuadrarlas en el Estado e integrarlas en un imaginario: la Comunidad Organizada, que sería también peronista.

Pero en realidad, Perón estaba instalando en el Estado a esos representantes corporativos. Cada sector o interés fue  creando un vínculo privilegiado con el segmento del Estado que debía regular su actividad, al punto que a menudo se invertían los papeles, y quien debía controlar era controlado. El Estado fiscalizaba a los sindicatos, pero estos, que según J.C. Torre estaban “sobrerepresentados”, pudieron desviar en beneficio propio algunas orientaciones más generales que Perón quiso darle a su política social. Ese fue el caso de los hospitales sindicales, que bloquearon el desarrollo de una política de salud más igualitaria. No conocemos esta historia en todo su detalle, pero allí donde se la ha estudiado aparece esta misma colusión de intereses, que se completó con la instalación en las oficinas del gobierno de funcionarios provenientes de la respectiva corporación.

 

Esta situación se profundiza luego de 1955, en el marco de un debilitamiento y perdida de legitimidad de los sucesivos gobiernos. Pese a eso, el Estado no renunció a intervenir en la promoción económica, generando nuevas franquicias, privilegios y monopolios, y en la distribución del ingreso. Las corporaciones se organizaron para la guerra, tanto en el terreno económico como político, compitiendo entre ellas y acosando al Estado. Con cambios menores, esto ocurrió tanto en los largos períodos militares como en el breve interregno peronista de 1983. Algunas corporaciones ganaron y otras perdieron. Progresivamente los actores de la pelea fueron singularizándose: no se trataba de un grupo de empresarios sino de la aventura de un empresario singular, sea Gelbard o Macri. Pero todos ellos corroyeron al Estado, destruyeron su capacidad de acción y decisión. Además, generalizaron un tipo de prácticas que, de un modo u otro, fueron adoptadas por quien quería sobrevivir en ese contexto, como lo muestra el modus operandi de la más reciente y exitosa de las corporaciones: los “piqueteros”.

Ciudadanía y democracia

¿Es inevitable que el Estado sea despedazado por la puja corporativa? Usualmente, la lucha de intereses suele estar controlada y balanceada por otro centro de representación social: las instituciones electas, en las que todos sus ciudadanos valen igual. Esto lleva a la pregunta por las limitaciones del funcionamiento de la democracia en la Argentina del siglo XX.

La sociedad abierta y móvil de principios del siglo XX aceptó con entusiasmo la propuesta de 1912 –en realidad impuesta por el Estado- de constituir una ciudadanía política. En las sociedades de fomento, las cooperativas o los clubes se producía la alfabetización participativa, que se desplegaba luego en los comités y organismos partidarios. La ilusión se mantuvo, inclusive, luego de que los resultados de esas prácticas democráticas pusieran de manifiesto problemas serios en la convivencia política. Yrigoyen y Perón encabezaron dos grandes experiencias democráticas, que se llevaron mal con las instituciones de la Constitución: hubo mucho presidencialismo y escaso respeto por la división de poderes. El Congreso, lugar de la deliberación y el acuerdo, nunca ocupó una posición central en la decisión política. Por otra parte, radicalismo y peronismo fueron, cada uno a su modo, dos movimientos políticos que pretendían encarnar la nación y el pueblo. Sus adversarios ocasionales no podían ser otra cosa que el enemigo del pueblo, la ”antipatria”. Esto le dio a la política un carácter faccioso, que se tradujo al principio en formas verbales y luego en hechos cada vez más contundentes. Alejó la posibilidad de que las instituciones representativas se convirtieran en el canal de la mediación de los intereses, que se realizó en cambio en los ámbitos cercanos al Poder Ejecutivo, con los resultados señalados.

La facciosidad tuvo otra consecuencia: la pérdida de legitimidad de la democracia, como instrumento útil, y la expresión de las propuestas de transformación en formas revolucionarias o regenerativas, de distinto signo ideológico –como señaló C. Altamirano, Onganía era en su estilo un revolucionario- pero con una común apelación a la violencia. 1966, 1973 y 1976 son hitos en esa escalada, que el Proceso, la última dictadura militar, llevó a su paroxismo.

Por reacción, principalmente, en 1983 la democracia recuperó toda su ilusión: no solo era una fórmula de convivencia; también era la panacea para todos los problemas de la sociedad. Por primera vez, la sociedad argentina tuvo una política democrática plural, tolerante y convivial, donde la argumentación, el acuerdo y el consenso eran valores. Para organizar la nueva práctica democrática, los partidos cobraron nueva vida y floreció una camada de jóvenes y promisorios políticos, que acompañaron a los más veteranos.

Fue una bella ilusión, que no alcanzó para desmontar la implacable lógica de los intereses. El fracaso de los gobiernos democráticos en solucionar rápidamente los problemas acarreados por el deterioro estatal –la hiperinflación de 1989 fue la culminación de esta experiencia de la impotencia- transformó la ilusión en desilusión y la militancia ciudadana en apatía, mientras la privacidad y la defensa del propio interés desplazaban la preocupación por el interés común. El control de la civilidad se aletargó y los políticos, librados de la tutela, se convirtieron en una corporación más, organizados también ellos para exprimir al Estado sus últimas gotas.

Pero el entusiasmo ciudadano de 1983 dejó otra herencia problemática. En la confrontación con el Proceso militar, la defensa de los derechos humanos fue una herramienta clave. De allí en más, la nueva ciudadanía se articuló principalmente para defender sus derechos frente a las posibles amenazas de un Estado que –la experiencia lo había demostrado- sabía ser terrible. Quizá por eso faltó un compromiso a fondo con el Estado ahora gobernado por la democracia. La ciudadanía supone tanto derechos como obligaciones, y entre ellas respetar las leyes. Para esto deben concurrir la conciencia cívica y un razonable temor a la sanción. Fue claro que el Estado, destruido hasta lo más profundo, era incapaz de sancionar a los evasores de impuestos o a quienes cruzaran los semáforos en rojo. Pero además, cualquier esfuerzo que hiciera en ese sentido podía ser considerado un ejemplo de uso arbitrario de la autoridad. En suma, mientras las corporaciones se daban su último festín, la nueva y alabada “sociedad civil”, por otras razones, se mostraba indiferente ante los compromisos y obligaciones de la ciudadanía.

Las conductas de los políticos, por cierto altamente censurables, están demasiado arraigadas en las prácticas de la sociedad –la de las corporaciones y la de los ciudadanos- como para ilusionarse con un cambio rápido. Es difícil que quien ignora semáforos, ocupa abusivamente el espacio público o evade el pago de impuestos –para mencionar las más inocentes de estas prácticas- pueda ser un dirigente político impoluto. También es difícil que quien se ha formado en la escuela de chantajear al Estado sea capaz, desde el gobierno, de construir su respeto. Hay una cultura cívica y política que arranca de estas prácticas elementales y se reproduce, multiplica y potencia. Hay una reeducación que encarar, que compete a la sociedad toda, y un punto de partida ineludible: que el Estado recupera el respeto de la sociedad y sea capaz de afirmar su autoridad legítima.

Publicado en Revista Todavía. OSDE

Etiquetas: Ciudadanía, Democracia, Instituciones

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