Luis Alberto Romero

artículo publicado

23 de abril de 2004

La Universidad: el número y la razón

Hace poco el juez Zaffaroni señaló que la democracia no consiste siempre en hacer lo que la mayoría quiere: fue la mayoría quien quemó a los herejes en la hoguera, y también la que exterminó a los judíos en Alemania. Zaffaroni formula en términos concretos una cuestión clásica de la tradición política democrática: la tensión entre el Número y la Razón. Desde su origen en la Revolución Francesa, y por inspiración de la Ilustración y de Rousseau, voluntad popular y razón debían ser idénticas. El pueblo, es decir el conjunto de las razones individuales, no podía querer otra cosa que el bien común. Per desde entonces, la distancia entre este postulado y cualquier experiencia democrática empírica puso en evidencia que solo excepcionalmente esa voluntad popular resulta para todos idéntica a la razón, y que en no pocos casos parece su antítesis. Esa tensión –lo que Pierre Rosanvallon llamó “la cuadratura del círculo” de la democracia- constituye desde entonces una tensión creadora, que es motor de la tradición democrática, y también un desafío para quienes se inscriben en ella: como conservar uno sin perder la otra.

Ambos principios, la razón y el número, son constitutivos de la Universidad pública. La realización de la razón pasa por la excelencia académica y el premio al mérito, y se materializa en una institución clave: el concurso docente. Por otra parte, las universidades son gobernadas por representantes de los claustros de profesores, graduados y alumnos, elegidos democráticamente. Es posible establecer una relación virtuosa entre ambos principios, y de hecho así ha ocurrido. El criterio democrático y el académico solieron inscribirse en un ethos común. Los cuerpos colegiados aseguraban la transparencia; la presencia de los otros claustros en debates y decisiones obraba como control de las tendencias corporativas de los profesores. En los consejos universitarios se pudo hacer auténtica política académica: discutir racionalmente alternativas, admitir discrepancias y construir consensos en torno a la excelencia.

Conocí mucho de esto en la Universidad de los años sesenta y también en la de los años posteriores a 1984. No faltaban elementos disgregadores, pero de algún modo estaban contenidos. Hoy no creo que sea así. Confieso que escribo esto desde una posición parcial, influido por una situación personal, en una facultad también singular: la de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo creo que, cambiando las proporciones y los énfasis, los problemas son generales y comunes.

La Universidad está siendo desgarrada por varias lógicas disgregadoras, que atraviesan sus claustros y se manifiestan, abierta y desembozadamente, en sus órganos de gobierno. La primera proviene de los aparatos políticos partidarios instalados en la Universidad. Es razonable que solidaridades y convicciones compartidas, forjadas en otros ámbitos de la vida pública, se proyecten en la Universidad; no es admisible, en cambio, que la Universidad sea parte del botín a repartir entre las corporaciones políticas. Una variante de esta situación la constituyen los aparatos militantes de los partidos contestatarios, que se llaman de izquierda, fuertes sobre todo en el movimiento estudiantil. Su lógica es declaradamente no académica: la Universidad es el lugar del reclutamiento y de la movilización. Pero el reparto de los despojos universitarios no les es ajeno, pues los cuadros profesionales de militantes deben ser mantenidos, y lo son, a costa del magro presupuesto universitario y de la eficiencia de su administración.

Otra lógica disgregadora se relaciona con un punto central y conflictivo a la vez: el nivel académico, la aspiración a la excelencia, y las duras demandas de calificación que ella impone a estudiantes y profesores. Presionados por estas exigencias, muchos reclaman reducir las exigencias. Lo que suele llamarse el “facilismo” es una bandera reivindicatoria de rédito fácil, que las organizaciones estudiantiles usan con liviandad. Lo más dramático es que encuentra un sorpresivo eco en capas profesorales reacias al esfuerzo académico y poco atraídas por el desafío intelectual que éste supone. El facilismo atrae y convoca, pero no es una bandera legítima, y debe ser enmascarado. Para justificarlo es común apelar a consignas populistas o seudo izquierdistas. Se reclama una Universidad inclusiva, donde todo sea irrestricto, donde cualquier reclamo de esfuerzo e idoneidad es tachado de elitismo: una demagogia de izquierda que encubre el peor de los elitismos, pues condena a muchos a permanecer en la ignorancia.

Finalmente, hay una lógica disgregadora en el desarrollo de los debates públicos. Ellos hacen a la esencia misma de la razón y de la Universidad. Sin debate no hay esclarecimiento, ni constitución de las ideas colectivas vinculadas con la excelencia universitaria. Mucho menos aquellas que vinculen los frutos de esa excelencia con los problemas de la sociedad toda. En los buenos años universitarios, los debates siempre fueron vivos, apasionados y movilizadores; fueron parte esencial del curriculum universitario. Hoy casi no existen. Las agrupaciones estudiantiles operan como disciplinados aparatos de propaganda: obturan los espacios, confiscan la voz de los estudiantes y amenazan a los profesores con prácticas intolerantes y totalitarias. Por debajo de ellas –logro supremo- reina la desmovilización y la indiferencia, o quizás el prudente silencio.

Las lógicas disgregadoras no nacieron ayer, pero hoy han perdido límite y control. La política eficaz es la de la facción: un agrupamiento que, más allá de discursos legitimadores, mira el poder y el botín. Hacer política universitaria es para muchos controlar el poder y apropiarse de los pequeños y grandes beneficios que éste procura. Llamará la atención la modestia de algunos: el monopolio de una fotocopiadora que tiene subsidio institucional y público cautivo, la concesión de un bar que puede ser un fumadero, el control de la distribución de las becas y ayudas a estudiantes. Todo tiene su correlato y su ejemplo en la política grande; pero algunos creímos que la Universidad sería distinta. También se distribuyen otros beneficios, de índole académica, en los que el prestigio es tan importante como lo material: designaciones o promociones docentes, distinciones, becas o viajes están disponibles para quienes están dispuestos a obtener por la vía política lo que no lograron conseguir por la competencia académica legítima.

El problema no es de legalidad sino de legitimidad. No es de número sino de razón. De acuerdo con el principio democrático que rige el gobierno universitario, la razón se expresa por boca de la mayoría. ¿Es realmente así? Muchos de los criterios profundos de la Universidad no están en la letra de sus Estatutos, que pueden ser respetados, sino en el espíritu, en la tradición de la institución y de sus miembros, en el ethos compartido. Ese ethos está hoy debilitado, tanto como en cualquiera de las instituciones de nuestra sociedad.

En la Universidad, las facciones actúan legalmente. Cuando alcanzan el control de los cuerpos colegiados, y desde el gobierno mismo, las mayorías facciosas realizan su tarea de corrosión de los valores institucionales. Cotidianamente vemos como, uno a uno, van siendo derribados los pilares de la Universidad pública. La institución es fuerte, pero no indestructible, y a este paso puede terminar arrasada.

La tensión entre el número y la razón se convierte hoy en una amenaza para la Universidad. No se trata de renunciar a su virtuosa coincidencia sino de volver a ella. Solo un profundo examen de las prácticas políticas universitarias, y una crítica radical del espíritu de facción podrá, quizá, ayudar a reconstruir en la Universidad pública una universidad excelente.

Publicado en La Nación

Etiquetas: Gobierno de la Universidad, Intereses corporativos, Los profesores y la universidad

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