Luis Alberto Romero

artículo publicado

2 de junio de 2013

La utopía de ser un país normal

Aunque la crisis de 2001 ha sido superada, la larga crisis iniciada en los años setenta sigue abierta. Hoy la Argentina está tan lejos como en 2003 de ser “un país normal”, como lo prometió Néstor Kirchner, o de la aurea mediocritas que hace veinte años yo mismo propuse como un futuro ideal.

Aunque la crisis de 2001 ha sido superada, la larga crisis iniciada en los años setenta sigue abierta. Hoy la Argentina está tan lejos como en 2003 de ser “un país normal”, como lo prometió Néstor Kirchner, o de la aurea mediocritas que hace veinte años yo mismo propuse como un futuro ideal. En estas casi cuatro décadas no faltaron oportunidades para romper el círculo vicioso de la crisis. En los ochenta la democracia pareció ser una salida; en los noventa lo prometió la reforma del Estado. En este siglo, la economía mundial ofreció una oportunidad tan inesperada como magnífica. Pero el gobierno no la aprovechó, porque tenía otras prioridades o porque no supo cómo hacerlo. En ese clima de prosperidad, no se repitieron los estallidos, pero perduró el estado de emergencia.

La Argentina de los Kirchner se caracterizó por la paradójica coexistencia del esplendor de la soja y la miseria de los conurbanos. La primera fue un plus inesperado; la segunda venía de arrastre y formaba parte de la agenda del nuevo gobierno. En los primeros años, usó disciplinadamente los superávits para salir del default, pero luego algo falló y el ciclo económico virtuoso tuvo poca amplitud, insuficiente para dar solución a la pobreza. Los subsidios paliaron los problemas sociales más dramáticos, pero el Estado invirtió poco. Los empresarios obtuvieron buenas ganancias con la reactivación del mercado interno y las ayudas generosas del estado, pero no las invirtieron, quizá por falta de confianza, incrementada por la creciente y arbitraria intervención gubernamental. El gobierno privilegió los réditos a corto plazo, postergó problemas importantes, como el de la energía, y finalmente el momento esplendoroso de las tasas de crecimiento elevadas pasó. De manera sorpresiva, desde 2009 reapareció la emergencia fiscal y la escasez de divisas, como en los viejos tiempos del ciclo del stop and go.

En los países más normales, el estado suele ser el ancla que limita las improvisaciones y arbitrariedades de los gobiernos. Y allí reside, en mi opinión, el nudo de la larga crisis de la Argentina, donde desde hace cuarenta años hay cada vez menos Estado y más gobierno. Desde 1976 se viene demoliendo la maquinaria estatal, hasta llevarla a la situación miserable en que hoy se encuentra. Ese proceso, paralelo al del fortalecimiento del gobierno y del presidente, se profundizó en los años de los Kirchner, pese a su discurso estatista. La escasez también modera las arbitrariedades de un gobierno, de modo que, paradójicamente, los problemas de gestión se agudizaron con la abundancia. El gobierno atemperó con masas de subsidios cada uno de los problemas específicos, que reaparecen en toda su magnitud cuando el fin del ciclo está a la vista: el transporte, la seguridad, la energía, los subsidios, las estadísticas, los dólares, la deuda externa impaga, e incluso la proliferación de prebendados y de una importante corrupción. Hoy el estado no sólo es incapaz de modificar las condiciones sociales de la Argentina de la crisis; tampoco puede manejar sus cuestiones específicas.

Desde el punto de vista político e institucional, Néstor Kirchner tuvo un comienzo promisorio. La emergencia política quedó atrás pronto. La autoridad se recuperó, con el respaldo de la opinión; la reforma de la Corte Suprema solucionó la crisis institucional y el presidente articuló una fuerza política, construida al margen de los partidos, que lo sustentó con eficacia. Pero pronto los Kirchner retomaron el camino de la “democracia delegativa” de Menem y lo profundizaron en sentido decisionista. Avanzaron sobre los poderes Legislativo y Judicial, eliminaron los controles estatales al gobierno y sometieron a los medios de prensa hasta donde pudieron.

Desde 2010 Cristina Kirchner profundizó ese avance, que creyó legitimado por el contundente éxito electoral. Las demandas de regeneración institucional y reforma política quedaron en el camino y, en rigor, pocos fueron quienes reclamaron por ellas una vez que la economía se normalizó. La democracia de partidos tampoco se recompuso. La fuerza oficialista tuvo una composición más propia del clásico movimiento peronista que de un partido como los surgidos en 1983. Su maquinaria política, muy eficaz, fue en realidad una prolongación de la estructura del gobierno, cuyos operadores principales eran los gobernadores e intendentes. Muchos recursos fueron puestos al servicio de un discurso confrontativo, que construía enemigos del “pueblo” —los destituyentes, la oligarquía o las corporaciones— y llevó a la democracia por un camino faccioso que se suponía clausurado en 1983. El discurso oficial embretó a los otros partidos, afectados también por el drenaje de sus dirigentes, que eran cooptados por el gobierno. La oposición sólo resurgió cuando la impulsó una movilización social generada en otros ámbitos, como en 2008 o 2012.

En suma, la gestión kirchnerista consolidó un estilo político con muchos parecidos con el de los años noventa, aunque con una diferencia importante: el discurso legitimador, y sobre todo el empeño puesto para instalarlo. La destrucción institucional avanzó, la ciudadanía retrocedió, la opinión pública se faccionalizó y en un amplio sector de la sociedad el sufragio, único remanente del proyecto democrático de 1983, se convirtió en el resultado de un proceso de producción desarrollado desde el poder.

Hoy la larga crisis sigue abierta, y hasta parece que nos acercamos a una nueva emergencia. No nos preocupan tanto, como hace diez o veinte años, la deuda externa impagable, la inflación desatada ni una posible maxidevaluación. La crisis reside, en primer lugar, en la mala gestión acumulada y en la explosión de todos los problemas postergados o mal solucionados, como el de la energía. Hoy se advierte la futilidad de las políticas de emergencia aplicadas en estos años, que llevan siempre a nuevas medidas de emergencia. A la vez, una convocatoria a una amplia colaboración de todos los sectores, unida a una gestión razonable, podría poner en marcha las soluciones que, a diferencia de otras ocasiones, no son imposibles.

Sin embargo, no hay muchas esperanzas de que el gobierno de Cristina Fernández cambie su orientación. El núcleo de la emergencia que afrontamos es político e ideológico. El estilo de gobierno kirchnerista se salió de madre al comenzar su tercer período, en 2011. Entonces se hizo claro el sentido del lema “ir por todo”. Se trataba de las instituciones de la república, o lo que quedaba de ellas. Sospecho que los objetivos específicos declarados —por ejemplo, aniquilar al Grupo Clarín o “democratizar” la Justicia— son una manera de demostrar que todo el poder del Estado está en su jefe de gobierno, y que el régimen político ha dejado de ser republicano para convertirse en un autoritarismo de legitimación democrática.

En perspectiva, vemos que los Kirchner descartaron en varias ocasiones la posibilidad de cambiar ese rumbo y, por el contrario, avanzaron más profundamente en ese sentido. Las dificultades que encuentra el proyecto reeleccionario y la posibilidad de transitar los próximos tres años viendo cómo compiten los aspirantes a sucederla probablemente agreguen una dosis adicional de empecinamiento. Pero, a mediados de 2013, como antes en 2008 y en 2009, Cristina Kirchner se encuentra con manifestaciones de descontento y oposición muy firmes y diversificadas: en la calle, en los sindicatos, en los partidos, en el Poder Judicial y, de modo incipiente, en el justicialismo, que sigue a los jefes victoriosos pero no a los derrotados a término.

Quedan tres años de gobierno de Cristina Fernández. No cumplir el término sería un golpe muy fuerte a las instituciones. A la vez, es difícil imaginar cómo los transitará, si no es dando ella misma esos golpes. ¿Habrá un final wagneriano, con derrumbe del Walhalla? Esperemos que no, y hagamos todo lo posible para que así no sea.

Sobre todo porque, si se supera esta peripecia, se avizora un camino posible no sólo para salir de esta emergencia sino para revertir la larga crisis argentina. Por primera vez en mucho tiempo —al menos todo el tiempo que yo puedo recordar—, la Argentina está libre de las grandes condenas económicas. La sólida base de sus exportaciones —construida en parte por esfuerzo propio y en parte por la coyuntura internacional… permitiría salir de la emergencia y reconstruir la economía y la sociedad. Muchas cuestiones están terriblemente enredadas, pero no es imposible recuperar el orden de los superávits, como lo hizo Roberto Lavagna en circunstancias tan complicadas como esta. Los pasos siguientes deberían transmitir ese impulso sectorial al conjunto de la economía, para conducir un crecimiento menos espectacular pero más sustentable, y comenzar el complejo trabajo de disolver el mundo de la pobreza y acabar con la brecha social de la exclusión. Quizá cuando se vean los resultados, la brecha ideológica comience a reducirse.

Todo esto requiere una herramienta de la que hoy carecemos: un Estado que sea diferente del gobierno. Hoy el Estado está destrozado y hay que recomponerlo. Es sin duda la primera tarea. ¿En qué consiste? Significa restablecer las instituciones de la república para volver a equilibrar los poderes y respetar el estado de derecho. Hay que reducir al mínimo la corrupción, que hoy cuesta muy cara. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. También hay que recuperar la eficiencia de cada una de las agencias estatales, para que puedan ejecutar y aconsejar. Sobre todo, hay que recobrar la capacidad de dinamizar desde el estado la reflexión de la sociedad, según la transparente formulación de Émile Durkheim.

Esto significa promover los circuitos por los que las iniciativas estatales, políticas y técnicas circulan dentro de los órganos de pensamiento de la sociedad —el Parlamento, la prensa, la opinión, los partidos— y retornan al punto de origen con el acuerdo necesario —nunca unánime— para formular políticas sostenidas, políticas de estado. La Argentina ha vivido su larga crisis en emergencia y sólo saldrá de ella con políticas de estado, que vayan más allá de la emergencia. No es imposible.

Publicado en La Capital - Rosario

Etiquetas: Estado, Próximo gobierno

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