Luis Alberto Romero

artículo publicado

Mayo 2020

Las lacras del Estado y la democracia

Luis Alberto Romero

De  las  muchas  lacras  elijo  tres,  referidas  al  Estado,  la  sociedad y la democracia.

Un Estado impotente

Hasta  los  años  setenta  del  siglo  pasado,  la  Argentina  supo  tener  un  Estado  potente,  capaz  de  proponerse  metas  y  alcanzarlas.  Fue  también  un  Estado  generoso  y  concesivo  ante  quienes  sabían  presionarlo  y  obtener  beneficios especiales, como ya ocurrió desde 1876 con el sector  azucarero  tucumano.  Con  el  tiempo,  la  potencia  se  erosionó  y  aumentó  el  número  de  los  reclamantes  del   maná   estatal,   quienes,   para   asegurar   su   parte,   desde  la  década  de  1960  colonizaron  sus  ministerios.  Eso fue un golpe durísimo para la capacidad de acción y  la  unidad  de  propósito  del  Estado. 

Desde  mediados  de  los  años  setenta  la  tendencia  mundial  a  “achicar  el  Estado” comenzó a traducirse en reducción, jibarización y hasta eliminación de las oficinas estatales encargadas del  control  y  de  la  regulación,  tanto  de  las  actividades  privadas  como  de  los  mismos  gobiernos.  La  reducción  se  extendió  incluso  a  las  actividades  indelegables  del  Estado: la salud, la educación, la seguridad.Así  hemos  llegado  a  tener  un  Estado  devorado  por  distintos  grupos  de  interés  -grandes  y  chicos,  legales  y  mafiosos-  que  succionan  la  riqueza  que  el  Estado  toma  de  la  sociedad  a  través  de  un  sistema  impositivo  tan  oneroso  como  inequitativo.  Esto  fue  reduciendo  la  capacidad de gestión, y a la vez, liberando de controles a los gobiernos de turno. Estos encontraron la coyuntura adecuada    para    desarrollar    un    estilo    de    gobierno    decisionista  que  -triste  es  decirlo-  resultó  ser  el  único  posible para dirigir la desarticulada máquina estatal.

En esta situación el Estado llega a esta circunstancia de pandemia.  Se  superpone  a  una  coyuntura  económica  que,   dos   meses   atrás,   nos   parecía   angustiante   e   irreversible  y  que  hoy  ha  quedado  en  la  trastienda.  El   hiperactivismo   presidencial   -liberado   por   razones   sanitarias del control de los órganos colegiados- apenas disimula  las  primeras  manifestaciones  de  la  falta  de  coordinación  entre  los  entes  de  gestión,  la  imprevisión,  la ineficiencia. Sobre todo, llama la atención la vergonzosa exhibición de la colonización estatal, puesta en evidencia por el reparto de los comandos del Ministerio de Bienestar Social -dueño de una caja importante y flexible- entre cuatro grandes grupos  que  conforman  la  alianza  política  gobernante,  dispuestos   a   continuar   con   las   antiguas   prácticas   corruptas. La revelación de un caso -probablemente uno entre muchos- pudo en evidencia la gangrena estatal y, lo  que  es  peor,  la  escasa  confianza  que  inspiran  estas  agencias en el caso de que la pandemia se desborde y desencadene desobediencias o protestas sociales.

El inmenso mundo de la pobreza 

Hacia 1970, la Argentina tenía pleno empleo, una pobreza muy acotada y una sociedad altamente conflictiva pero caracterizada todavía por su integración y su movilidad. Cincuenta  años  después  tiene  más  de  un  tercio  de  pobres,   que   conforman   un   “mundo   de   la   pobreza”   escindido,  con  su  propio  modo  de  sobrevivir,  su  estilo  de  vida  y  su  cultura.  El  Estado  tiene  allí  poca  presencia,  incluso en los aspectos básicos de la salud, la educación y  la  seguridad,  y  la  vigencia  de  la  ley  -incluyendo  la  noción  de  la  diferencia  entre  lo  lícito  y  lo  ilícito-  es  más  que relativa. No hay en el mundo de la pobreza -no puede haberlos- ciudadanos responsables de sus derechos y obligaciones, en el sentido clásico de la democracia. Hay votantes cuyo peso  político  es  decisivo,  y  una  máquina  para  producir  el sufragio. Incluye operadores políticos que conectan a los referentes de las organizaciones sociales territoriales con  el  poder  administrador,  operando  la  trasmutación  de  subsidios  en  sufragios  electorales  en  favor  de  los  candidatos del gobierno.

Los  grandes  conurbanos,  y  especialmente  el  de  Buenos  Aires, constituyen un mundo en equilibrio inestable, que puede tornarse en tormentoso, como en 2001, si flaquean los mecanismos de contención que administra el Estado. Los  trabajadores  informales  ya  estaban  recibiendo  lo  más duro de la crisis económica antes de la plaga. Esta no  ha  llegado  hasta  hoy  (18  de  abril)  a  este  mundo,  protegido hasta ahora por la distancia social y ecológica, pero la encontrará indefensa si se instala el virus. En este caso  probablemente  habrá  reacciones  violentas,  que  pondrán al gobierno en una dura alternativa.

Una democracia poco republicana

La     moderna     democracia     de     sufragio     universal     obligatorio   comenzó   en   1912,   prolongándose   hasta   nuestros  días  con  interrupciones  y  otras  alternativas.  Es  posible  distinguir  dos  ciclos  democráticos,  separados  por un interludio entre 1955 y 1983. El primero se extendió, con  altibajos,  hasta  1955,  y  estuvo  dominado  por  las  figuras  de  Hipólito  Yrigoyen  y  Juan  Domingo  Perón,  dos  líderes  de  credenciales  democráticas  inobjetables.  Sus  regímenes,  con  matices,  tuvieron  un  estilo  plebiscitario  y se apartaron de los principios republicanos y liberales, tanto en lo institucional como en lo ideológico. Yrigoyen se  llevó  muy  mal  con  el  Congreso  y  la  oposición;  Perón  fue  más  allá  y  suprimió  las  libertades  políticas.  En  lo  discursivo,  ambos  líderes  identificaron  sus  movimientos  con la nación y el pueblo, y colocaron a la oposición en el lugar del enemigo del pueblo, la anti patria. Ello generó un clima político faccioso y altamente conflictivo.

Entre   1955   y   1983   la   cuestión   democrática   pasó   a   segundo plano y el escenario fue ocupado por dictaduras militares y grupos de interés organizados. En 1983, luego de la retirada de los militares, se inició un segundo ciclo democrático, que se prolonga hasta el presente, lo cual en sí mismo es un logro notable. Ese año, sorpresivamente, “Las  medidas  y  los  gestos  de  Fernández  parecen  indicar  un  retorno  a  la  ortodoxia  justicialista.  Esta  incluye  gobernar  por  decreto,  desentenderse  del  Congreso  -la  pandemia  ayuda  a  esto-  crear  impuestos  a  los  sectores  productivos,  tolerar  la  instalación de las distintas parcialidades de su frente político en los organismos estatales.

Con   Raúl   Alfonsín,   surgió   una   novedosa   democracia   republicana   y   pluralista,   firmemente   asentada   en   el   estado de derecho. Todo ello era novedoso. Por entonces florecieron los partidos políticos, el Congreso y el debate público, sostenidos por una nueva ciudadanía consciente y comprometida. En el clima de euforia de esos años se supuso  que  con  la  democracia  se  solucionaban  todos  los problemas del Estado, la sociedad y la economía.

La  hiperinflación  de  1989  derrumbó  las  ilusiones  y  la  conciencia de crisis habilitó el retorno a una conducción presidencial  centralizada,  que  fue  el  punto  de  partida  para un gradual retorno a los viejos usos no republicanos: gobierno    hiper    presidencial,    neutralización    de    los    órganos  representativos,  avance  del  Ejecutivo  sobre  las  instituciones, todo lo cual coincidió con la profundización de  las  políticas  de  achicamiento  del  Estado.  La  crisis  de  2001  -que  sacó  a  la  luz  el  deterioro  de  la  sociedad-  derrumbó  la  legitimidad  de  la  representación  política,  liquidó  a  los  partidos,  estimuló  las  organizaciones  de  intereses y robusteció el hegemonismo presidencial. Este se  desplegó  durante  el  gobierno  de  los  Kirchner  (2003-1015), quienes agregaron un discurso divisivo e intolerante, que  recreaba  la  antinomia  pueblo/  antipueblo.  De  ese  modo, la democracia argentina -que había capeado con fortaleza algunas crisis institucionales graves- retornaba a sus fuentes.

En  2015  el  presidente  M.  Macri  -que  había  derrotado  al  candidato justicialista- propuso una reforma del Estado, para  achicar  el  espacio  de  los  grupos  prebendados,  y  un  retorno  a  las  instituciones  republicanas.  Su  proyecto  tuvo grandes errores en la ejecución, pero, sobre todo, no pudo superar la frontal oposición del justicialismo, tras del cual se nuclearon sindicalistas, empresarios protegidos, organizaciones  de  desocupados  y  todos  los  que  tenían  algún  privilegio  estatal  que  defender.  En  la  elección  de  2019   este   establishment   organizó   eficientemente   su   séquito popular y recuperó el gobierno.

Su candidato, Alberto Fernández, propuso una reducción de  los  enfrentamientos  y  una  vuelta  a  los  buenos  usos  republicanos.   Cristina   Kirchner,   que   lo   había   elegido   como candidato y que compartió la fórmula, conserva un caudal de apoyos que le permitió mantener una posición muy fuerte en el nuevo gobierno Todos se preguntaron -y se preguntan- cómo sería la coexistencia entre ambos.

La aguda crisis de la deuda externa, que demandaba un acuerdo mínimo con la oposición, favoreció la alternativa dialoguista,  y  lo  mismo  ocurrió  con  la  pandemia  y  la  crisis  sanitaria  que,  como  la  deuda  externa,  convocó  al   esfuerzo   conjunto.   Las   medidas   y   los   gestos   de   Fernández, sin embargo, parecen indicar un retorno a la ortodoxia justicialista. Esta incluye gobernar por decreto, “El decisionismo dialoguista de Fernández transita por  un  filo  estrecho.  El  frente  político  gobernante  es  heterogéneo  y  mal  soldado,  hay  una  disputa  pendiente por el reparto del poder, apenas postergada por la crisis sanitaria, y quien lo encabeza y debería ejercer de árbitro no es el dueño total de las decisiones”desentenderse  del  Congreso  -la  pandemia  ayuda  a  esto- crear impuestos a los sectores productivos, tolerar la instalación de las distintas parcialidades de su frente político  en  los  organismos  estatales,  deslizar,  cada  vez  más  frecuentemente,  ataques  verbales  a  la  oposición  y  desarrollar  un  discurso  de  guerra  y  unidad  contra  el  enemigo  que  recuerda  cada  vez  más  el  clima  de  los  gobiernos de los Kirchner. 

¿Una oportunidad para la democracia republicana?

Sin  embargo,  el  decisionismo  dialoguista  de  Fernández  transita por un filo estrecho. El frente político gobernante es heterogéneo y mal soldado, hay una disputa pendiente por el reparto del poder, apenas postergada por la crisis sanitaria, y quien lo encabeza y debería ejercer de árbitro no es el dueño total de las decisiones.¿Oportunidad  para  la  oposición?  Tampoco  está  unida  como para aprovecharla. No se divide tanto por partidos como   por   posiciones   institucionales:   están   quienes   son   responsables   de   gobiernos   subnacionales   -que   necesitan alinear su acción con el gobierno nacional- y quienes tienen responsabilidades políticas, más atentos a marcar las diferencias con el oficialismo. De modo que es difícil que ese heterogéneo conjunto encuentre el punto adecuado  entre  colaborar  o  señalar  los  deslizamientos  decisionistas.

La conjugación de un Estado con fallas en la máquina de gestionar  -que  solo  puede  ser  gobernado  a  golpes  de  decisión- y una fisura en la firmeza de la conducción quizá conduzca  a  un  mal  final  -esperemos  que  no-  pero  a  la  vez, más a largo plazo, puede abrir una oportunidad para una alternativa de gobierno democrática y republicana. ¿Cómo lograr que se desarrolle y consolide? No se trata de  argumentar  con  valores  y  principios  -habitualmente  descalificados  como  “meramente  formales”-  sino  de  demostrar  que  es  más  eficiente  que  el  decisionismo  hegemónico.

Un acuerdo republicano debería posibilitar la limpieza de esos establos de Augías -eso es hoy el Estado-, de modo de reconstruir su burocracia y sus agencias, su eficiencia y  su  capacidad  de  control.  Un  acuerdo  republicano  debería ser capaz de construir el diálogo para recuperar y hacer fructífero el pensamiento diverso de la sociedad, y  de  imaginar  alternativas  que  vayan  más  allá  de  la  urgencia inmediata.

Para   ganar   consenso,   el   republicanismo   debe   dejar   de   lado   el   elitismo   teórico   y   principista   y   mostrar,   prácticamente,   su   capacidad   para   ofrecer   mejores   alternativas,  para  resolver  problemas  concretos.  Debe  demostrar  que  es  genuinamente  popular,  en  el  sentido  con el que nuestra Constitución habla de pueblo.

Hay  una  tarea  de  construcción  política  y  discursiva  enorme para quienes quieren evitar que esta doble crisis conduzca a un reforzamiento del autoritarismo y aspiran a recuperar la democracia republicana. Es inmensa, pero como suele decirse, las cosas fáciles ya las hizo otro.

Publicado en DemLat., n.14.

Etiquetas: El Estado, La democracia, La posibilidad de una democracia republicana, La sociedad y la pobreza

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