Luis Alberto Romero

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

La Nación, el Estado y la Democracia. Historia y desafíos

Un nuevo amor a la patria (La Nación, julio de 2016)

En 1816, los hombres de Tucumán se propusieron crear un Estado y una nación. El Estado era incierto: no sabían quiénes se sumarían a su proyecto. En cuanto a la nación, es decir una comunidad imaginada, asentada en la mente y en el corazón de sus integrantes, su realidad era más imprecisa aún, pues de momento lo que existía eran americanos, patriotas o realistas, en guerra fratricida. Pero la nación era indispensable para sustentar el proyecto de Estado. Desde la Revolución Francesa, el mundo supo lo que los ingleses habían descubierto en el siglo XVII: la legitimidad del poder fundada en la tradición dinástica y en Dios era ya insostenible. El lugar vacío debía ser ocupado por el pueblo o la nación, dos ideas parecidas pero diferentes. Si la nación no existía, debía ser construida. Tal el legado y el mandato que dejaron los hombres de Tucumán.

Las naciones no surgen espontáneamente: necesitan que el Estado establezca el vínculo contractual que liga a los habitantes. Luego, con sostenido esfuerzo, construirá en la mente y en los corazones la identidad nacional. La naciente Argentina se fue haciendo durante varias décadas sin un Estado único. En medio de las guerras civiles, los proyectistas comenzaron a imaginar la nación futura.

Esteban Echeverría la ancló en Mayo, mientras Bartolomé Mitre, uno de los constructores del Estado, escribía la primera narración histórica de una nación en pañales. La Constitución de 1853, base del Estado, definió la índole de su nacionalidad, que incluía a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitar su suelo y que aceptaran el contrato fundador, garante de las libertades personales. Era una nacionalidad inclusiva, liberal y republicana, abierta al futuro.

El Estado se consagró a “hacer los argentinos”, pues no sólo había que insuflar argentinidad en cuyanos, salteños, correntinos y porteños, sino también en los ingentes contingentes migratorios. El principal instrumento de esta tarea prodigiosa fue la escuela pública, donde se enseñaron la geografía, la lengua y la historia nacionales. Los hijos de gallegos, calabreses o “turcos” aprendieran que San Martín era el padre de la patria. La acción estatal fue mucho más amplia-festejos cívicos, canciones patrias y monumentos-, todo lo cual sembró emotividad en los corazones. Así nació lo que entonces se llamó patriotismo, un amor a la patria que, como todo amor, debía ser cultivado y renovado cotidianamente.

Desde 1890 comenzó a emerger otra noción de nacionalidad -estudiada por Lilia Ana Bertoni-, centrada en una cultura propia, raigal y homogénea, similar a la de Alemania, la potencia del momento. Esta moda intelectual se potenció con la tensa inquietud de los sectores criollos -altos y bajos- ante el alud de inmigrantes que parecían amenazar la argentinidad. Los intelectuales buscaron el “ser nacional”, clave de la unidad, en la raza, la lengua o las tradiciones, y discutieron si pesaba más lo hispano, lo criollo, lo latino o lo aborigen.

Progresivamente se sumaron voces más potentes. El Ejército encontró la clave en el territorio, esencialmente nacional, amenazado por enemigos al otro lado de la frontera. La Iglesia definió a la Argentina como una nación católica y dejó en la penumbra a los ajenos a la creencia romana. Los grandes movimientos democráticos se declararon únicos intérpretes del pueblo nacional. Por esa vía, la discusión intelectual derivó en un multifacético conflicto político. Quien definiera la nacionalidad podía también definir al “otro” y excluirlo legítimamente. Esta polarización facciosa en torno de la nacionalidad ha sido la clave mayor de la política del siglo XX, tanto en democracia como en dictadura. Entre los excluidos estaban quienes adherían a la primigenia concepción liberal de la nacionalidad y creían que todos son la patria. Arrinconado tras estrepitosas derrotas, fue un sector cada vez más reducido.

En 1983, con la democracia llegaron la república, la ciudadanía y un pluralismo político efectivo. La nacionalidad dejó de ser un instrumento de los militares y volvió a ser cosa de la gente, que la usó creativamente. Pero “la cabra al monte tira”, y de la mano de gobiernos discrecionales la política fue retornando a su antiguo cauce. Despojada de algunos de sus elementos culturales más fuertes, conservó lo que el unanimismo le dio: la concepción de “nosotros” y de “ellos”, pueblo y antipueblo, que reverdeció durante el último ciclo político.

Pero aunque se la evocara en los mismos términos retóricos, la vieja nacionalidad -la nacionalista y también la liberal- comenzó a tener un sentido muy distinto. En primer lugar por la renovación del flujo de migrantes; quienes venían de los países vecinos, aunque hablaban español, no habían sido educados en la “argentinidad”. Por razones diferentes, comenzó a marcarse un distanciamiento de la vieja nacionalidad entre las nuevas elites, acostumbradas a vivir con un ojo y un pie fuera del país. La sociedad, quebrada por una profunda cesura social, careció de la integración y la movilidad que otrora habían hecho verosímil el mito de la unidad cultural y política. Un Estado en crisis, entre otras carencias, falló en la tarea de construir la nacionalidad y aun ignoró cuál construir. El antiguo y ya clásico discurso nacionalista de la unanimidad, instalado en el fondo del sentido común, siguió conservando su eficacia retórica, pero perdió su carnadura social.

Es difícil decir en qué consiste hoy la nacionalidad. ¿Qué tenemos en común todos los que habitamos este país y los que se fueron? Salvo quizás el fútbol, con la selección, pocas cosas suscitan un sentimiento colectivo indiscriminado y permiten una manifestación inocua de la pasión nacionalista. Tampoco el imperativo de la unidad tiene la misma densidad; nuestra sociedad está aprendiendo a ser plural y, como en todo el mundo, es más tolerante con las diferencias. Nadie cree hoy que el camino de la Argentina consista en homogeneizar, como se pensaba hace cien años. El “ser nacional” es apenas un recurso retórico.

En buena hora, porque podemos volver a las fuentes y reconstruir nuestra comunidad imaginada sobre sus bases prístinas; la Constitución de 1853 y el contrato republicano que la informó, aceptado consciente y voluntariamente. Hoy, como nunca en los 100 años anteriores, ser argentino consiste en optar por el país, con los derechos y también las obligaciones. Pero nuestra nacionalidad parece deslizarse por suelo resbaladizo, porque ese contrato está funcionando mal en sus dos partes, la ciudadanía y el Estado.

Luego del impulso de 1983, tras décadas de crisis social, nuestra ciudadanía está debilitada y en muchas partes es casi evanescente. Con la democracia mejoró nuestra conciencia de los derechos, pero se los reclamamos a un Estado que suponemos dueño de un maná inagotable. No nos preocupa saber si ese maná existe, nos basta con que el Estado provea. Por su parte éste, atenazado por lobbies y mafias diversas, carece de fuerza y de legitimidad para reclamarles a los ciudadanos esfuerzos de cuya equidad y utilidad se duda.

Sólo reconstruyendo el contrato político la Argentina puede encarar sobre bases tradicionales y renovadas la cuestión de su nacionalidad. Pero además de organizar la convivencia, se debe insuflar en el corazón el soplo vital que posibilita la ilusión y alimenta el proyecto. Décadas de retórica hueca o facciosa nos previenen sobre algo que sin embargo es esencial. Hay que reconstruir alguna forma de identidad colectiva, fundada en la diversidad y en el pluralismo, pero que tense la fibra de la sociedad. Incluso necesitamos una palabra nueva, no desgastada, que ligue el amor a la patria con la convicción republicana. Que recuerde lo precario de su existencia, amenazada por los intereses y por las pasiones, y la necesidad de renovar cotidianamente el compromiso, en lo grande, pero sobre todo en lo pequeño. Con esta pregunta y esta demanda seguramente encontraremos en los hombres de Tucumán ejemplo y estímulo.

La democracia: pasiones y razones del gobierno del pueblo (La Nación, 3 de julio de 2016)

En 1983 se plasmó una utopía democrática. En la campaña electoral, Raúl Alfonsín recitó el preámbulo de la Constitución, esencia de la institucionalidad republicana, y aseguró que con la democracia se comía, se curaba y se educaba. En suma, la panacea. La promesa de la felicidad futura se unía a la execración del pasado dictatorial y el compromiso de juzgar y condenar a los máximos responsables. Era el bien contra el mal, sin términos medios.

La democracia de Alfonsín interpeló exitosamente a un actor político nuevo: la ciudadanía, presente en todo el arco político; en ellos encarnó la utopía, y ellos la sostuvieron con fidelidad hasta 1987. ¿Qué democracia era aquella? Liberal, sin duda, y fundada en los derechos humanos, una doctrina del siglo XVII que los horrores de la dictadura habían sacado del olvido. Institucional también, fundada en el Estado de Derecho que el Juicio a las Juntas habría de consolidar. Y finalmente, plural, fundada en el valor de la diferencia, en la discusión de argumentos y en el acuerdo. ¿Recuperada? No exactamente. Nunca la habíamos conocido.

Una dictadura con votos

Democracia es una voz con muchos sentidos y una raíz común: la legitimidad derivada de la voluntad del pueblo, ese pueblo cuyos representantes hablan en el Preámbulo constitucional. El sufragio universal masculino se estableció en 1821 en la provincia de Buenos Aires. No era un salto al vacío; el disciplinado voto rural -manejado por hacendados y jueces de paz- equilibraba los humores cambiantes de los votantes urbanos. Rosas combinó su larga dictadura personal con un cuidadoso respeto por las elecciones, vigilando tanto la concurrencia de los ciudadanos como que votaran por la lista gubernamental. La suya fue una dictadura democrática y plebiscitaria, un poco arcaica y a la vez muy moderna.

El sufragio universal masculino se generalizó con la Constitución de 1853. Los gobernantes continuaron manipulándolo, como en todo el mundo por entonces, y por eso pocos se tomaban el trabajo de ir a votar; pero en cambio había una activa vida cívica, con animados debates y una opinión pública sobre la cual se asentaba la legitimidad de la República. La situación cambió a fines del siglo XIX. Con la inmigración masiva y el crecimiento, comenzaron a aflorar tensiones y protestas de todo tipo -chacareros, obreros, estudiantes, empresarios-, y entre ellas una específicamente política, que demandó el sufragio libre y la vigencia de la Constitución, violentada por el “régimen”. Con este reclamo surgió en 1891 el primer partido moderno, la Unión Cívica Radical.

La suma de conflictos y demandas impulsó a un sector de la élite gobernante a una sustancial modificación electoral. La ley Sáenz Peña de 1912 estableció el voto secreto y el uso del padrón militar, libre de manipulaciones. Fue también obligatorio, para impulsar imperativamente a los habitantes a asumir los deberes de la ciudadanía. La compleja operación buscaba restablecer la legitimidad política, encauzar las protestas por un camino institucional y contribuir al arraigo de los inmigrantes y sus hijos. La primera elección presidencial llevó al gobierno al jefe de la oposición, el radical Yrigoyen.

El origen de la utopía

En 1916 comenzó la primera experiencia democrática plena, la que se legitimó en el sufragio amplio, la que generó esperanzas y acunó la utopía democrática. Se prolongó, con intermitencias, hasta 1955. Sus dos protagonistas, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, fueron diferentes en muchas cosas, como lo fue el país que gobernaron y el Estado con que lo hicieron. Pero tuvieron algo en común: encarnaron la voluntad y la esperanza popular. Vistos en perspectiva, dieron forma a una experiencia social y política y trazaron el camino para lo que siguió.

Ambos gobernaron una sociedad democrática, que sumó la exitosa incorporación de sectores nuevos -migrantes externos e internos- con una tendencia sostenida a la movilidad social. La Argentina babélica de 1900 fue convirtiéndose en otra integrada y nacionalizada, cuyos mayores conflictos surgían de la aceleración en las demandas de integración. Uno de sus rasgos fue el vigor de las asociaciones voluntarias, desde las mutuales a los sindicatos o las sociedades de fomento barriales. En ellas se formaron y adquirieron sus herramientas -hablar, organizar, gestionar- los cuadros convocados por la nueva política democrática.

Muchas cosas diferenciaron a Yrigoyen de Perón -una de ellas, el respeto a rajatabla del primero por las garantías constitucionales-, pero ambos coincidieron en un estilo de gobierno y una concepción de la democracia que en 1920 Max Weber había definido como liderazgo carismático de masas. Ambos se llevaron mal con la normativa republicana y particularmente con la división de poderes, que Yrigoyen salteó a menudo y Perón subordinó a la autoridad del jefe. Ambos se identificaron con la nación y el pueblo, concebido como un cuerpo homogéneo y unánime que se expresaba a través de su líder. Ambos desconocían la legitimidad de la oposición: el “otro” político era para Yrigoyen el “régimen falaz y descreído” y para Perón, “la antipatria”. Ambos alimentaron una política facciosa, de enfrentamientos, a la que Perón sumó la dura represión política.

Pero, a la vez, ambos expresaron las demandas sociales de democratización y de igualdad, así como la confianza en que el Estado haría su parte para ayudar a cada uno a avanzar en la carrera del ascenso. Ésa fue la esencia de aquella utopía democrática, que se expresó en un régimen político democrático pero no republicano, y crecientemente autoritario. Nada muy extraño si se considera la situación de las democracias en el mundo de la entreguerra.

En 1955 se inició un interludio que se prolongó hasta 1983. La proscripción del peronismo, que condenó las salidas democráticas, y una sucesión de dictaduras militares, cada vez más intensas, acompañaron a una sociedad que expresó sus conflictos por vías democráticas. Hubo entonces todo tipo de utopías, pero todas ajenas a la democracia.

Fin de la ilusión

En 1983 la sociedad se enamoró de la democracia, con mucho voluntarismo y una enorme ilusión; pero el choque con la realidad terminó generando una desilusión similar. El punto de ruptura fue la crisis militar de Semana Santa de 1987 y la constatación de que toda la civilidad democrática era insuficiente para torcer el brazo de la corporación militar. Se sumaron otros fracasos similares -con los sindicatos, los empresarios y la Iglesia- y, sobre todo, la evidencia de que el Estado no podía hacerse cargo de sus promesas iniciales. La civilidad democrática se replegó, y además la dividió el tema de los Derechos Humanos, que había sido como el Arca de la Alianza de la democracia. A la intransigencia de sus activistas, exacerbada por la ley de Obediencia Debida, se sumó la prédica de nuevos militantes que unieron los derechos humanos con el discurso de los años setenta.

La desilusión democrática estuvo pautada por las sucesivas crisis económicas, cada vez más agudas. Carlos Menem llegó al gobierno a caballo de la hiperinflación de 1989, mientras que la crisis de 2001 barrió con los partidos -cuya reconstrucción había sido uno de los logros de la democracia- y con la confianza en los políticos de la democracia, abriendo así el camino a Néstor Kirchner.

Menem inició el desvío hacia la “democracia delegativa”. El poder se concentró en el Ejecutivo, a costa del Congreso, que resignó sus atribuciones, y del Poder Judicial, que aceptó ser manipulado. El poder presidencial fue desmontando los mecanismos del Estado que lo limitaban. Profundizando en ese rumbo, los Kirchner construyeron un régimen de decisionismo discrecional, que agregó un argumento digno de C. Schmitt: democratizar las instituciones significaba someterlas a la voluntad de la mayoría. Con esa idea, Cristina Kirchner propuso en 2011 el “vamos por todo”.

La polarización de la sociedad, iniciada a mediados de los años setenta, terminó conformando un mundo de la pobreza ajeno a las ideas de ciudadanía sobre las que se había fundado la utopía democrática. En los años de los Kirchner, esto derivó en una transformación del sentido del sufragio. El gobierno organizó un partido informal, sobre la base de las autoridades locales y el uso de los recursos fiscales; volcados en el mundo de la pobreza, estos recursos se trasmutaban en votos. Invirtiendo la lógica democrática, era el gobierno quien producía los sufragios que lo legitimaban.

El uso de recursos públicos fue parte de un mecanismo que excedía la finalidad electoral. La corrupción de los gobiernos, un mal endémico, comenzó a crecer durante la dictadura militar, se expandió en los años de Menem y se transformó cualitativamente con el kirchnerismo, que organizó el saqueo sistemático del Estado. Los efectos sobre la ética democrática fueron demoledores.

Lo llamativo fue el apoyo militante que este “proyecto” concitó. Fue nuestra utopía democrática más reciente, surgida del cruce entre la fantasía revolucionaria, el ideal de los derechos humanos y el usufructo del maná infinito, repartido por el Estado. El discurso, que hablaba de la lucha del pueblo unido contra sus enemigos, remitía al yrigoyenismo y al primer peronismo. En uno de sus corsi e ricorsi la historia trajo también la faccionalización de la política y el inicio de un autoritarismo que, esta vez, pudo ser frenado por la sociedad civil.

El pesimismo de la razón

A principios del siglo XX, ante la emergencia de la democracia, Gaetano Mosca vio en ella el mecanismo por el cual, cada cierto tiempo, la sociedad se sacaba de encima una élite fatigada y desgastada y la remplazaba por otra pujante y optimista. Sólo que -en su experiencia de estudioso y de ciudadano en la Italia fascista-, las nuevas élites caían en manos de los aprovechadores de siempre, los sfrutattori. Quien examine los avatares de nuestra experiencia democrática, y sobre todo, la reciente encontrará razonable la fórmula de Mosca y su pesimismo.

En realidad, no sabemos exactamente qué tipo de democracia quieren los argentinos ni, sobre todo, si están dispuestos a asumir las pesadas responsabilidades ciudadanas o, como señaló Tocqueville a mediados del siglo XIX, se conforman con un nuevo déspota benévolo y corrupto. Se trata del pesimismo de la razón. Sarmiento, que apelaba al optimismo del corazón, habría dicho que “las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas”. Hoy el futuro está razonablemente abierto a lo que cada uno de nosotros haga. Entre tanto por reconstruir, está nuestra democracia. Debemos recuperar la utopía, pero esta vez moderada por la razón y el saber.

El Estado a 200 años de la Independencia (Clarín, 9 de julio de 2016)

Cómo nos relacionamos con el momento fundador de 1816, cuyo Bicentenario celebramos? Doscientos años después, el Estado soberano proclamado en Tucumán poco se parece a nuestro actual Estado argentino. Reconstruir la historia de dos siglos, seguir uno de los hilos de la trama dejando de lado los otros –aun el de la nacionalidad, tan íntimamente ligado– exige al historiador un esfuerzo analítico digno de un anatomista. Pero el desafío debe ser encarado, para rendir cuentas, hacer un balance honesto y pensar en cómo seguir adelante.

El gesto del 9 de julio de 1816 tuvo una grandeza y una audacia sorprendentes en ese grupo de congresales, hombres prudentes, en su mayoría letrados o clérigos. Al comenzar sus deliberaciones, con el manifiesto “Fin de la revolución. Principio del orden” tomaron distancia de las prácticas y discursos de los años posteriores a 1810, que juzgaban exagerados o disparatados. Pero proclamar la Independencia de las Provincias Unidas en América del Sud –como hicieron poco después– fue un gesto mucho más audaz que el de los hombres de Mayo.

Forzados por las circunstancias, estos se habían hecho cargo de un fragmento del derrumbado Imperio español en América, como ocurrió simultáneamente en varias capitales hispanoamericanas. En 1816, con excepción del foco rioplatense, todos los otros habían sido sofocados por los realistas, vigorizados por la restauración de Fernando VII y la política reaccionaria de la Santa Alianza. Independizarse significaba plantar cara al rey español, que para muchos era legítimo, confiando apenas en la morigeración de Gran Bretaña y en la capacidad, todavía no probada, del general San Martín.

El Estado declarado independiente era por entonces poco más que la fachada de una casa no construida. ¿Cuál sería el territorio del nuevo Estado, prudentemente definido como de “América del Sud”? ¿Qué pasaría con el Alto Perú? ¿Con Paraguay? ¿Con las Misiones? ¿Con la Banda Oriental, y con todas las tierras nunca ocupadas por los españoles? ¿Les ganarían la pulseada a Artigas y a los Pueblos Libres, cuyo proyecto competía entonces con el de los hombres de Tucumán?

​La misma incertidumbre tenían sobre la forma de gobierno: ¿monarquía o república? En favor de ambas había buenos fundamentos y muchas razones prácticas, de modo que la discusión quedó pendiente. ¿Existía al menos un embrión estatal para llevar adelante el proyecto? Estaba el Directorio, asentado en Buenos Aires, pero fue abatido en 1820, precisamente cuando se disolvían los Pueblos Libres. La rioplatense parecía destinada a ser una de aquellas “repúblicas aéreas” de las que hablaba Bolívar cuando lo ganaba la desesperanza.

Los triunfos de San Martín definieron las dudas sobre la independencia; en cuanto a la forma de gobierno, al declinar la Santa Alianza predominó el espontáneo sentimiento republicano, tan común en toda Hispanoamérica como singular en el resto del mundo occidental, salvo en los Estados Unidos.

De la crisis de 1820 quedaron en pie una docena de provincias autónomas, con la idea, clara pero poco acuciante, de que debían formar un Estado. Solo debían resolver algunas cuestiones, como el carácter unitario o federal de su gobierno o el modo de repartir las rentas de la Aduana de Buenos Aires, único ingreso fiscal consistente. En el fondo se trataba de encontrar una fórmula de convivencia de las provincias con Buenos Aires, la mayor y más rica de ellas.

La solución no fue sencilla. La discusión transcurrió a lo largo siete décadas de guerras civiles, jalonadas por treguas y acuerdos, transitorios pero constructivos en el largo plazo.

El más importante, la Constitución de 1853, dejó una base institucional acordada y un Estado embrionario. Pero las guerras se prolongaron por otras tres décadas, más sangrientas aún, cuando el conflicto con Paraguay exacerbó las resistencias provincianas al gobierno central.

El conflicto fue definido por el nuevo Ejército nacional, que sucesivamente sometió a las provincias –la última fue Buenos Aires, en 1880– a la autoridad de un Estado que, finalmente, pudo exhibir el monopolio de la coerción legítima. En el mismo impulso, el Ejército también sometió a los imperios aborígenes del desierto, ocupó la Patagonia y aseguró el control del Chaco Austral. Hacia 1880 el nuevo Estado controlaba un territorio casi igual al que actualmente tiene la Argentina.

Por entonces, con la inmigración, los ferrocarriles y el desarrollo de la producción agropecuaria, ya estaba en marcha la gran transformación que construyó la Argentina moderna. La participación del Estado, cuya organización se consolidó luego de 1880, fue decisiva. En pocas décadas se plasmó el sistema institucional diseñado en la Constitución, se establecieron el sistema judicial, el monetario y el fiscal y se lanzaron políticas, como la educativa, que modelaron profundamente la sociedad.
El sistema público de enseñanza, creado en 1884, resultó decisivo para nacionalizar a los argentinos, formar a los ciudadanos y capacitar a los habitantes para desenvolverse y prosperar.

Fue una de las políticas que el Estado promovió a lo largo de casi un siglo, sin que los matices de los distintos gobiernos la modificaran en lo sustancial.
Otras políticas de gran influencia –más allá del juicio que merezcan– fueron la creación del Estado regulador e intervencionista luego de 1930, las políticas sociales de Perón en 1946 o las políticas de promoción económica de la década de 1960. Todas muestran que había un Estado potente, que pudo formularlas, sostenerlas y desarrollarlas mediante una burocracia capacitada, eficiente y con una idea definida del servicio público.
Pero, simultáneamente, los gobiernos incursionaron por un camino distinto, que terminó llevando al Estado muy lejos del rumbo inicial.

Desde que tuvieron recursos disponibles, los gobernantes destinaron una parte a promover iniciativas que, aun sin perder de vista el interés general, concedieron una ventaja importante, una franquicia para un sector particular. El primer ejemplo fue la promoción de la industria azucarera de Tucumán, que nunca llegó a ser eficiente y competitiva. Algo similar ocurrió posteriormente con la industria nacional para el mercado interno, con las regiones atrasadas o con las grandes empresas extranjeras de los años sesenta.

De la promoción a la prebenda, y de esta a la corrupción, se desarrolló una zona matizada pero cada vez más oscura, en la que lo decisivo era asegurar que los gobernantes concedieran o mantuvieran un privilegio para un grupo de interés adecuadamente organizado y aguerrido, como los sindicatos, los empresarios, la Iglesia, los militares, así como infinidad de grupos menores.

Después de 1955, muchos de estos grupos avanzaron y se establecieron en los ministerios y oficinas estatales, para empujar desde adentro las medidas deseadas. Esta colonización convirtió al Estado en campo de combate y en botín, reduciendo su capacidad de acción autónoma.

La conflictividad social, instalada en su interior, culminó en la gran crisis de 1975. Fue entonces cuando se cerró este largo ciclo estatal, en el que convivieron potencia y prebendarismo.

De esta crisis surgió un consenso largamente instalado: según los militares, había que “achicar el Estado para agrandar la Nación”. Las razones y justificaciones cambiaron a lo largo de las cuatro décadas siguientes, pero de hecho todos los gobiernos participaron en la tarea de desarmar e inutilizar el Estado, ya fuera por acción deliberada o por omisión, como fue el caso del de Alfonsín.

El punto emergente era el déficit fiscal, originado en un exceso de empleados públicos –una de las viejas formas de prebendarismo–, pero sobre todo en el costo acumulado de las políticas de promoción y subsidio.

Para achicarlo, se optó primero por privatizar empresas estatales, vendiendo los bienes o el monopolio del servicio. A la vez, el Estado ahorró reduciendo su participación en áreas básicas, como la educación y la salud, confiando en que sería sustituido por la iniciativa privada, al menos para quienes pudieran pagarlo. Finalmente, se neutralizaron o suprimieron los entes estatales de regulación y control, para facilitar la acción de los grupos beneficiados con las privatizaciones y a la larga, también la de los gobiernos.
Este triunfo del Estado prebendario y sus beneficiarios por sobre el Estado potente, preocupado por el interés general, estimuló la polarización social, la consolidación de un pequeño núcleo, muy rico y poderoso, y la formación de un vasto sector de pobres, en el que cayeron amplios sectores de las clases medias. Fueron ellos quienes sufrieron la retirada estatal de sus obligaciones básicas.

En su última fase, luego de la crisis de 1989, el Estado experimentó una transformación más profunda. Sus gobernantes modificaron el mecanismo del sistema prebendario, abandonaron su rol pasivo de receptores y se convirtieron en sujetos activos del expolio estatal. Por esa vía, la corrupción se convirtió en un régimen, que podría llamarse cleptocrático. Estos gobernantes completaron la liquidación del Estado, y particularmente la de aquellas agencias u oficinas que –como el Indec– podían limitar su gobierno discrecional.

A fines de 2015, un nuevo gobierno recibe un Estado destruido. Aquello que, siguiendo la inspiración de los hombres de Tucumán, la sociedad había construido durante un siglo y medio se halla hoy corroído en todo su cuerpo, desde su burocracia hasta su mismo fundamento: el Estado de derecho. No sé si los hombres de Tucumán eran tan conscientes como nosotros de la inmensidad de los problemas que encaraban. Podemos suponer que sí, estimularnos con el ejemplo de su audacia y no vacilar en la indispensable tarea de reconstruir nuestro Estado.

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Luis Alberto Romero
© 2014