Luis Alberto Romero

artículo publicado

12 de diciembre de 2004

Lo que queda de la crisis

¿Es posible reconocer en esta apacible primavera de 2004 las tensas jornadas del invierno de 2002? Sólo en parte. Las calles de Buenos Aires siguen pobladas de reclamantes, pero ha disminuido la exasperada tensión, la rabia y desesperación de otrora; muchos demandan ahora por sus salarios y por la porción que les corresponde de una incipiente prosperidad. ¿Ha vuelto la puja por la distribución, característica de la vieja Argentina, tan vigorosa como conflictiva? ¿Todo ha sido un mal sueño? ¿O simplemente estamos tan mal como antes, pero nos hemos acostumbrado, según el conocido dictum de Mendieta?

Un historiador sabe que el presente es siempre algo indefinido y cargado de potencialidades. Lo que aún no ha sucedido terminará de darle su sentido, y ese futuro es demasiado incierto para hablar con autoridad sobre él: el pasado enseña, pero solo sobre las grandes líneas del futuro, y no sobre sus aspectos contingentes. Pero en cambio la historia, el saber de los grises, suele dar útiles lecciones de moderación respecto de las lecturas más dramáticas del presente. Nuestro oficio nos enseña a atemperar esas proyecciones, a atenuar pesimismos y optimismos: a la larga, nada resulta tan malo ni tan bueno como le parece a quien lo vive ingenuamente. Con esas limitaciones trataré de reflexionar, a la luz de la experiencia histórica, sobre lo que ha quedado de la crisis de 2002.

Ese año, una serie de figuras sociales expresaban la crisis de forma dramática. Los ahorristas, los asambleístas barriales o los piqueteros testimoniaban el reclamo y la protesta airada y los cartoneros eran la desesperada manifestación de la miseria y la degradación. La Argentina estaba hundida en una triple crisis: crisis de su economía, crisis de legitimidad de sus gobernantes y crisis de un estado incapaz de asegurar el mantenimiento de la legalidad y el orden. En realidad, se trataba de una historia ya vista: en 1989, en 1982 y quizá en 1975. Porque de entonces data la gran inflexión en el decurso histórico argentino, el momento del pasaje de la Argentina vital y conflictiva a la Argentina exangüe que nos ha tocado vivir desde hace tres décadas.

Ciertamente hubo períodos de bonanza, pero los costos de esas breves fiestas se pagaron muy caros. La Argentina se endeudó y abrió su economía y, por ahora, lo destruido parece ser más que lo construido. Los costos del cambio se miden en primer lugar en la desocupación, y con ella el empobrecimiento y la polarización de la sociedad, escindida en dos mundos, tal como lo muestra la disímil calidad de la vivienda, la salud, la educación y la seguridad. Mucho se debe a que el estado ha renunciado a sus funciones específicas –la regulación de las fuerzas del mercado, en beneficio de la equidad social-, aunque en cambio conservó muchos de sus viejos comportamientos prebendarios.

En medio de este panorama de declinación, que ya lleva un largo cuarto de siglo, surgió una suerte de flor exótica: la Argentina lleva ya veinte años de democracia republicana. Pero la alimenta una ciudadanía ciclotímica, más consciente de sus derechos que de sus deberes con la comunidad y el estado. Y la sostiene una clase política que, progresivamente, se ha convertido en una corporación: una más de las muchas que en la Argentina viven a costa del estado.

Sobre esa Argentina de la larga decadencia cayó la crisis de 2002: el derrumbe económico amenazó arrastrar a la clase política, y con ella al experimento democrático, y el estado mismo pareció a punto de disolverse. Por entonces, muchos auguraron un derrumbe total, que permitiría una mágica regeneración. Sin embargo eso no ocurrió. Las elecciones de 2003, contra muchos pronósticos, renovaron el crédito de la democracia institucional, y muchos de quienes desde la plaza clamaban porque se fueran todos, aparecen hoy cooptados por una clase política que, en lo sustancial, no ha cambiado demasiado. Desde entonces, la figura presidencial recuperó su autoridad –algo indispensable en un país de tan fuerte tradición presidencialista- y las fallas de legitimidad electoral fueron ampliamente compensadas con un estilo de gobierno peculiar, y a menudo chocante, pero que no puede ser tildado de débil.

Otros datos ayudan a configurar la actual primavera apacible. En primer lugar, el trámite de negociación de la deuda: acostumbrados a pensar en ella en términos de inescapable condicionamiento, hemos descubierto que el estado tiene un margen no escaso de negociación. Se trata de una reivindicación de la política y del descubrimiento de inesperadas potencialidades estatales. Entre el transitorio respiro del default y la prosperidad de la soja, la economía se ha reactivado y se disfruta de una cierta bonanza, que beneficia en primer lugar a un estado con sorprendentes excedentes en su caja, con los que paga parte de su deuda interna. La tensión social se ha descomprimido, en parte por el masivo plan de Jefes y Jefas de Hogar, en parte por el acostumbramiento de la sociedad a manifestaciones de protesta que otrora auguraban el precipicio social y hoy son tomadas como una contingencia más de la azarosa vida cotidiana.

El período de vacío político de 2001 y 2002 llegó a su fin: el Partido Justicialista es hegemónico, carece de oposición y logra saldar sus conflictos internos. La competencia, probablemente inevitable, entre Kirchner y Duhalde viene transcurriendo hasta ahora por canales civilizados. Finalmente, el impulso ciudadano de fines de 2001, uno de los elementos más revulsivos pero potencialmente más valiosos de la crisis, no se ha perdido. La ciudadanía está mucho más activa y alerta que en los años noventa, y hace oír su voz a través de demandas específicas, como el reclamo por la seguridad, que busca canalizar a través de las instituciones representativas.

Las cosas no están tan mal como parecía en 2002, pero tampoco tan bien como podría suponerse a partir de una lectura superficial de estas buenas noticias. Los problemas de fondo, aquellos que hace dos años hacían pensar en una crisis terminal, están allí, firmes. En economía no sabemos cuál será nuestro rumbo futuro, que lugar podremos ocupar en una economía mundializada. La bonanza constituye una oportunidad para buscar ese camino, pero no garantiza la solución, de la que aún no se habla. Sobre todo, sabemos que tiene un fin: cualquier arreglo de la deuda implicará una exigencia suma de disciplina fiscal; los precios de los bienes exportables van y vienen, y es probable que pronto recordemos este año 2004 como “los buenos tiempos”.

Ninguna de las salidas previsibles para la economía augura un sustantivo aumento del empleo: habrá que acostumbrarse a convivir con altos niveles de pobreza. La Argentina de las clases medias, la movilidad y la integración no volverá. La desocupación constituye una situación insoluble en términos teóricos –como casi todas las del puzzle argentino- y solo se puede aspirar a sobrellevarla un poco mejor, especialmente en materia de transparencia y equidad de los auxilios estatales, uno de los terrenos donde las administración actual no puede mostrar muchos avances.

Los problemas de seguridad, hoy instalados en el centro de las preocupaciones, remiten en parte al deterioro social pero sobre todo a la incapacidad estatal para hacer cumplir la ley. Es en el estado donde se concentran los mayores problemas de la Argentina en crisis: en su escasa capacidad de acción, en su colonización por los intereses que debería controlar, en la destrucción de la ética de su burocracia. El “ajuste y reforma” –la gran consigna de los noventa- no significó en los hechos eliminar su rol prebendario, sino concentrar sus beneficios sobre sectores más acotados y poderosos. Como un subproducto no deseado de la democracia, la “clase política” se ha sumado a los prebendados. Modificar esta situación no solo es una exigencia ética y política sino un requisito para cualquier acción colectiva que tenga al estado por centro. Aquí es donde se lamenta la falta de acciones claras. En el PAMI, elegido como leading case, no hay avances notorios, y puede verse como antiguas prácticas provinciales se han instalado ahora en el ámbito nacional.

Tampoco son alentadoras las noticias en otro de los frentes de la crisis: la institucionalidad republicana. La línea que separa la necesaria autoridad presidencial del autoritarismo es delgada; ni el libre juego de los poderes, ni el debate público están entre las prioridades de la actual gestión presidencial, que en este aspecto se va pareciendo cada vez más a la de los noventa, o a la de la mayoría de los gobiernos provinciales. El Congreso se torna irrelevante, no existe el juego de partidos, y los mismos partidos tienen una existencia más virtual que real. El entusiasmo ciudadano que alumbró la democracia, allá por 1983, se sostiene en algunos ámbitos, pero tiene un fin anunciado, pues ni las condiciones de la sociedad ni el deteriorado sistema educativo están en condiciones de producir nuevas camadas de ciudadanos.

En suma, más allá de un cierto respiro momentáneo, las grandes incógnitas sobre el futuro argentino siguen abiertas. El gobierno actual no ha avanzado de manera irrevocable por ninguno de los caminos posibles, ni los positivos ni los negativos. Todavía, cada uno de sus actos puede ser interpretado en un sentido u otro. Quizás estemos entrando en una nueva etapa en lo económico, en lo institucional, en lo democrático, que tuerza el decurso de la decadencia argentina. Quizá, más simplemente, los santacruceños han remplazado a los riojanos como agentes eficientes e interesados del destino argentino. No lo sabemos. Lo bueno de mirar el presente, y preguntarse por lo que queda de la crisis, reside en descubrir que hay muchos futuros posibles, y que la acción humana –la de los ciudadanos- cuenta.

Publicado en La Gaceta (Tucumán)

Etiquetas: Crisis de 2001, Decadencia argentina, Kirchner

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