Luis Alberto Romero

artículo publicado

31 mayo de 2017

Los 30.000 desaparecidos, ¿por ley?

La Provincia de Buenos Aires ha establecido por ley que, entre 1976 y 1983, la dictadura cívico militar produjo 30.000 desaparecidos. La decisión, que obliga al Estado provincial, tiene la generalidad de una declaración de principios. En su forma, parece similar al célebre ”Viva la santa Federación. Mueran los salvajes unitarios”, que en tiempos de Rosas debía encabezar todo documento público. Cuando se la reglamente sabremos si se limita a esta absurda imposición de sentido, o si además despliega, en forma práctica, todo su espantoso potencial totalitario.
Lo de “cívico militar” -aplicable en rigor a todo golpe castrense- alude a algo muy preciso. Los procesos por “lesa humanidad” podrían extenderse indefinidamente, y alcanzar a cualquier “cómplice civil”. La lista de posibles réprobos quedará siempre abierta.
El cuanto a los “30.000 desaparecidos”, algunos aceptan que son una expresión simbólica de principios y valores, pero la mayoría quiere que sea tomado literalmente. Se trata de una “verdad de fe”, tan irrefutable como el misterio de la Santísima Trinidad o la superioridad de la raza aria.
Las opiniones son libres; esas y las contrarias. Pero no pueden convertirse en verdades del Estado. Sobre ese tipo de verdades de fe se constituyeron los estados confesionales, que llevaron a los herejes a la hoguera y obligaron a Galileo a retractarse. No fue muy distinto de lo que, a su modo, ocurrió en la Alemania nazi o en la Unión Soviética.
Lo asombroso es que una verdad de fe sea adoptada por un Estado republicano y democrático. Una ley no puede avanzar sobre la libertad de expresión, garantizada por la Constitución. A la vez, la democracia se basa en una opinión pública libre y plural, que cuestiona y debate permanentemente. Si el Estado le pone límites a la opinión libre, socava sus fundamentos republicanos y democráticos.
Una medida de este tipo no habría sorprendido en regímenes como los de 1930 o 1950. ¿Cómo llegamos a esto después del 10 de diciembre de 1983? Por entonces, la democracia que construimos se fundó en dos valores asociados: los derechos humanos y el pluralismo. Pero los abanderados de los derechos humanos le dieron a estos un sesgo progresivamente intolerante y dogmático. Militantes convencidos, junto con profesionales de la causa, concurrieron en la construcción de un dogma. Desde allí pretenden ejercer una dictadura sobre la opinión, denunciando a los réprobos que, por ejemplo, dudan de la verdad fáctica de la cifra simbólica. Desde ahora, en la Provincia de Buenos Aires tienen el respaldo del Estado.
Para robustecer esta postura se asimiló nuestro terrorismo de Estado con la Shoa u Holocausto, sin críticas ni matices. Términos como “genocidio” se trasladaron libremente y sin rigor, para aprovechar el efecto emocional que producían. Recientemente se ha incorporado la idea de “negacionismo”, para bloquear cualquier discusión que cuestione el dogma. Por ese camino se malinterpretó la tragedia argentina y se trivializó la de los judíos.
El kirchnerismo hizo un uso político del movimiento de los derechos humanos. Los militantes de ese campo, fatigados por la larga travesía del desierto, se sintieron cómodos con un gobierno que se hacía cargo de sus consignas. Hoy, los cuadros kirchneristas han potenciado la instrumentación política del discurso de los derechos humanos. Lo usan como un ariete contra un gobierno al que, a priori, habían definido como negacionista y genocida.
Al igual que con el fallo de la Corte sobre el 2 x 1, en la coalición gobernante no hubo convicciones ni argumentos para resistir la embestida. Sus miembros le temieron a la etiqueta de “réprobo” y a la amenaza de excomunión. Se sumaron a la marea y hasta sobreactuaron.
Esta marea popular es lo más característico y lo más enigmático de la causa de los derechos humanos. Casi completamente trasmutada en sentimiento de venganza, sus raíces van más allá de las de cada grupo activista. ¿Por qué permanece tan hondo el sentimiento, a cuarenta años de la tragedia? Quizá porque se supone que es la expresión unánime del pueblo.
Hay mucho de gregario en esta inmersión en un colectivo unánime. A fines del siglo XIX Gustave Le Bon planteó este tema en “La psicología de las masas”. Señaló ese carácter gregario, ese gusto por integrar una manada, en la que el juicio y la responsabilidad individuales se disuelven. No le pasa solo a una muchedumbre de gente común. Una comisión legislativa -decía- puede comportarse como una manada. Parece ser esto lo que ocurrió en la legislatura bonaerense.
El resultado ha sido una ley cuyo propósito es bloquear la indagación y la discusión sobre una cuestión trascendente del “pasado que duele”. Si esta propuesta se consolida, los argentinos quedaremos condenados a convivir con un pasado sin elaborar y a soportar un Estado que nos dicta una explicación. ¿Hasta dónde llegará la prescripción? ¿Incluirá los actos escolares, los programas, los textos? Aterra pensar en sus efectos sobre los jóvenes y su espíritu crítico. Formaremos malos ciudadanos, privados de los instrumentos intelectuales y valorativos con que construir una noción sólida y justa de los derechos humanos.

Publicado en Clarin

Etiquetas: 30.000 desaparecidos, Estado confesional o totalitario, Le Bon y las masas, Libertad de opinión, Negacionismo

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