Luis Alberto Romero

artículo publicado

24 de diciembre de 2017

Los violentos, entre el pueblo y sus representantes

Algo puede estar cambiando en nuestra política, y para mal. El lunes pasado el gobierno ganó en la Cámara de Diputados una batalla política importante, pero la demostración de fuerza de la minoría parece anunciar una larga guerra, de final incierto.

Lo más significativo de la jornada fue el golpe infringido a la democracia institucional por un jugador dispuesto a ignorar sus reglas, un hecho de consecuencias difíciles de predecir.

La violencia de distinto tipo dominó ambas jornadas, en la plaza y en el recinto. Su envoltorio discursivo remite al eterno problema de la democracia: quiénes son los que pueden hablar en nombre del pueblo soberano y decidir por él.

En el fondo, hay distintas versiones de esa cosa intangible que es el pueblo. No las diferencia la verdad o la falsedad sino la verosimilitud.

Nuestra democracia institucional, duramente conquistada en 1983, se basa en una versión convincente, afirmada por la Constitución y aceptada en buena parte del mundo.

El pueblo delibera y gobierna solamente a través de sus representantes, electos por medio del sufragio. La igualdad política, materializada en las elecciones, le da a esta ficción una sólida verosimilitud, ratificada por la eficiencia del régimen.

Pero la misma Constitución afirma que los ciudadanos, que forman el pueblo, pueden expresarse públicamente, debatir, esclarecer las opciones y hasta definir una tendencia dominante en la opinión, que no carece de importancia para los representantes electos.

También tienen derecho a manifestarse en marchas y concentraciones, con banderas, consignas y pintadas. Desde la Revolución Francesa, son muchos los que ven allí la expresión más tangible y auténtica del pueblo, el momento donde su voz se expresa con claridad y sabiduría.

¿Puede aplicarse esta interpretación a lo sucedido frente al Congreso en las dos jornadas pasadas? ¿Estaba allí el pueblo? No parece verosímil.

Comparada con las últimas grandes manifestaciones, como la del caso Maldonado, en la Plaza no había mucha gente, e intervino poco. Los cuatro centenares de protagonistas activos, más que voceros del pueblo, parecían guerreros, milicias violentas, bien pertrechadas y estrictamente organizadas. Sin embargo, para los auténticos creyentes, el pueblo estaba allí y, más aún, estaba siendo reprimido.

La práctica violenta toca otro punto sensible de esta realidad discursiva en que estamos inmersos. La ley exige que el Estado mantenga el orden y lo autoriza a recurrir a la fuerza legítima.

Sin embargo, desde el fin de la dictadura se ha naturalizado la idea de que cualquier ejercicio de autoridad es siempre una forma de represión. En cambio, paradójicamente, quienes con solvencia profesional apedrean a las fuerzas de seguridad, “son” el pueblo soberano y por lo tanto ejercen la violencia legítimamente.

Un muerto entre ellos habría consolidado esta imagen y probablemente se habría suspendido la sesión de Diputados, que era el objetivo de los violentos. En cambio, un muerto entre los policías habría sido considerado parte de los riesgos del oficio. Así están las cosas en este tema.

Dentro del Congreso, en principio rigen otras normas. Los representantes deben deliberar y discutir ordenadamente, hasta encontrar la solución que mejor convenga a la Nación y que obtenga la mayoría a la hora de votar.

El reglamento, de raigambre liberal, defiende el derecho de las minorías a expresarse, dilatar el debate u obstruirlo. Pueden no dar quórum, pedir pase a comisión, plantear cuestiones de privilegio, pronunciar largos discursos, pedir cuartos intermedios o incluso solicitar que se levante la sesión, si alguna causa lo justifica.

Lo que no está permitido es mezclar la deliberación de los representantes con las formas de expresión del pueblo. Son dos esferas separadas. No se puede meter la plaza en el recinto. Esto es precisamente lo que hizo la minoría opositora en las dos jornadas pasadas. Jugó coordinadamente en ambos escenarios, y el jueves logró mezclarlos.

Al comienzo, algunos diputados se sumaron a los violentos para forzar las vallas e ingresar al Congreso. La Gendarmería los detuvo, lo que fue interpretado por los diputados de la minoría como una brutal represión contra el pueblo.

Parados -para que sus asentaderas no marcaran el quórum-, reclamaron que se levantara la sesión por los sucesos de la plaza, y además patotearon al presidente de la Cámara y a los diputados peronistas que acompañaban al gobierno. Consiguieron tocarles alguna fibra -la de las convicciones o la del temor- y evitaron que se alcanzara el quórum. La jornada fue de ellos.

El lunes se reanudó el combate en la plaza. La denostada Gendarmería fue remplazada por la bisoña Policía Metropolitana, que sin armas fue al sacrificio. En la Cámara volvió a argumentarse que había gente herida, quizá moribunda, lo que impedía sesionar. Pero la mayoría parlamentaria, mejor organizada, logró hacer avanzar la sesión. Se discutió ordenadamente y al cabo de 17 horas la ley se aprobó.

Quizás esto quede como una anécdota. Pero las organizaciones violentas progresaron en su dominio de las manifestaciones callejeras. Lo más importante: un grupo minoritario rompió una de las reglas básicas sobre las que se sustenta la legitimidad parlamentaria.

El Parlamento es una institución frágil, y es vulnerable a la acción de quienes pueden atacarlo simultáneamente desde adentro y afuera. Desde fines del siglo XIX, los regímenes democráticos soportaron este tipo de asedio desgastante y destituyente, cuyos protagonistas más conocidos fueron los partidos fascistas.

No sabemos si el kirchnerismo, que montó esta jornada junto con la izquierda dura, persistirá en esta línea o no. Un paso más lo ubicará en el ámbito de los destituyentes, el “club del helicóptero”, como suele decirse. Quizás pronto sea necesaria una gran reacción ciudadana en defensa de sus instituciones.

Hay una perspectiva menos pesimista de lo ocurrido. El objetivo del kirchnerismo quizá fue, simplemente, presionar al peronismo federal. Su propósito inmediato no sería destituir a Macri sino forzar a Pichetto o Urtubey a que lo abandonen.

Si es así, las instituciones no están amenazadas, pero en cambio al gobierno le quedan dos años difíciles: una larga guerra con batallas de este tipo ante cada uno de los pasos del “reformismo permanente” que propone. Una guerra de desgaste, que requerirá del oficialismo toda la paciencia de Gandhi.

Publicado en Los Andes

Etiquetas: Democracia representativa y directa, Kirchnerismo, Represión, Violencia callejera, Violencia en el Congreso

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