Luis Alberto Romero

artículo publicado

2 de abril de 2004

Malvinas: un balance

La guerra de las Malvinas constituye, sin duda, un episodio traumático que tendrá un lugar importante en cualquier reconstrucción futura de la historia. ¿Qué lugar? Su sentido es todavía ambiguo. Ubicada en la bisagra entre un régimen militar que empezaba a derrumbarse y un galopante proceso de democratización que siguió a la derrota, la guerra y su recuerdo contienen a la vez los lutos por tanta vida inútilmente sacrificada y los sones alegres del renacer democrático. Más ambiguo es todavía el juicio acerca de los militares que condujeron a la Argentina a la guerra. En junio de 1982, la mayor parte de la sociedad los condenó. ¿Qué fue lo que hicieron mal: hacer la guerra, o simplemente perderla?

Estas cuestiones no fueron debatidas a la salida de la guerra, durante el proceso de construcción democrática. Se trataba entonces de reunir el consenso más amplio que fuera posible en torno de un proyecto frágil y dificultoso. Como en otros casos -el de las responsabilidades por lo ocurrido en los años de la dictadura- se optó por acotar el chivo expiatorio y no debilitar el frente democrático con cuestiones incómodas y divisivas. Fue una discusión postergada. Como suele ocurrir en estos casos, el tema reaparece.

Quienes se entusiasmaron con la guerra fueron muchos: allí estaban el 2 de abril, en la plaza, y allí estuvieron hasta el momento mismo del anuncio de la derrota, cuando la solidaridad con lo que se consideraba una causa justa se trocó en furia e indignación. Se responsabilizó a los militares por su aventurerismo, por conducir mal una empresa sustancialmente justa. Poco importaron los crímenes de la dictadura, que empezaban a hacerse públicos. Quien más, quien menos, la mayoría pensó que la victoria era posible, y que tras ella se abría una nueva etapa para la Argentina, de plena realización de su nacionalidad.

La guerra se justificó en la recuperación de un territorio sin el cual la nación estaba incompleta, amputada. Tal argumento, que entonces pareció natural y hasta obvio, fue la consecuencia normal de más de un siglo de una educación en un nacionalismo integrista que sacralizó el territorio. Nuestra nacionalidad, construida trabajosa y conflictivamente desde las décadas finales del siglo XIX, no se fundó en la raza, la lengua o la cultura -todos esos criterios ofrecían pocas certezas-, ni tampoco en el pacto ciudadano, sino en el territorio. Esta tierra ya era argentina antes de que la idea misma de argentinidad se instalara en la conciencia de sus habitantes. A la Argentina llegó en 1516 Juan Díaz de Solís, y los aborígenes por entonces instalados en lo que sería el territorio del futuro estado argentino suelen ser presentados como argentinos en nuestros libros de texto. Ese territorio argentino fue siempre codiciado por vecinos desagradecidos y por potencias imperiales como la “pérfida Albión”, decididos todos a impedir que se concretara nuestro destino de grandeza. Porque nuestra nacionalidad fue a la vez soberbia y paranoica.

¿De qué nación se trata? En el siglo XX muchos han hablado en nombre de ella y se atribuyeron la potestad de definir sus rasgos, decidir quiénes eran miembros plenos de la nación y quiénes sus enemigos, externos e internos. Lo han hecho las Fuerzas Armadas, con sus hipótesis de conflicto, y también nuestros dos grandes movimientos políticos democráticos -el radical yrigoyenista y el peronismo- que a su turno se identificaron con la nación. También la Iglesia, que proclamó que esta nación era esencialmente católica, y algunos más. Finalmente estas ideas, limadas las aristas conflictivas, decantaron en los libros de texto que hemos usado durante décadas, con sus mapas, aprobados por el Instituto Geográfico Militar, que necesariamente incluían el Sector Antártico y las islas Malvinas, pese a que el Estado no ejercía soberanía sobre ellos. No es raro que esas sean las ideas que todos piensan cuando no saben qué están pensando, es decir, ese sentido común naturalizado al que es tan fácil apelar, ya se trate de un partido de fútbol o de una guerra. Basta frotar la lámpara para que surja el genio, o mejor, el “enano nacionalista”. Eso ocurrió el 2 de abril de 1982.

Por otra parte, quienes cuestionaron la guerra partían de otra idea de nación. Se trata de una nacionalidad pluralista y tolerante de la diversidad, adecuada para el estado democrático que se quería construir. Según esta concepción, lo esencial de la nación no es el territorio sino el pueblo, el conjunto de hombres de buena voluntad, sin distinción de raza, credo, lengua o cultura, que quieren vivir bajo la Constitución, asumir sus obligaciones y ejercer sus derechos. Nada hay de esencial en esta unión voluntaria, en este contrato político renovable y modificable, en eso que Renan llamó el “plebiscito cotidiano”.

Nuestras instituciones políticas marchan hoy, con sus más y sus menos, en ese sentido; por otra parte, las grandes usinas de identidades nacionales esenciales están hoy en retirada. Lo suficiente, al menos, como para considerar las cuestiones territoriales en términos diferentes de aquellos que nos condujeron a la guerra. Si en materia política hemos aceptado el carácter contractual de nuestro vínculo, podemos desligarlo de esa territorialidad esencial que ha caracterizado nuestro nacionalismo: la patria no está en peligro por la cesión de unas hectáreas de hielo. Si en política asignamos una importancia crucial a la discusión y al acuerdo, y aceptamos que el “otro” no es el enemigo sino una parte de una nación plural, es posible que podamos aplicar los mismos criterios a las negociaciones sobre cuestiones territoriales. Nuestros alegados derechos territoriales son, en realidad, apenas buenos argumentos; quizá mejores que los de nuestros adversarios. Lo que corresponde, entonces, es confrontarlos en un foro neutral, discutir, negociar, acordar.

Sobre todo, debe recordarse que esos argumentos se refieren a territorios que durante mucho tiempo estuvieron despoblados. Hoy hay en ellos gente: hombres, mujeres y niños. Desde hace ciento setenta años ocupan esa porción de territorio que ellos llaman Falkland Islands y nosotros islas Malvinas. En buena doctrina democrática: ¿puede prescindirse de su opinión? ¿No es acaso el argumento decisivo? Ante un caso infinitamente más complicado -determinar si Alsacia y Lorena eran alemanas o francesas- Ernest Renan propuso que fueran sus habitantes quienes lo decidieran, mediante un plebiscito. Extendiendo el razonamiento, sólo cuando los habitantes de las islas decidan que prefieren integrarse al Estado argentino, las Malvinas serán argentinas. Nada peor, para eso, que haber querido conquistarlos por las armas. El crimen de los militares no fue perder la guerra sino hacerla.

Quizás la cuestión parezca hoy lejana y relativamente irrelevante. Tenemos cuestiones más urgentes. Tras los legítimos reclamos de los ex combatientes, los principales perjudicados por este hipócrita silencio con que se ha cubierto el tema, suelen sonar las voces del irredentismo territorial. Nuevas discusiones políticas recuerdan que el viejo nacionalismo, soberbio y paranoico, todavía puede dar buenos réditos políticos a corto plazo. Es posible apelar a otros temas en lugar de las Malvinas, convocar a la “causa nacional” contra el enemigo externo y arrasar de paso con las diferencias internas, las opiniones de los otros, el debate racional. Algunos ecos se escuchan en la manera de tratar la cuestión de la deuda externa, y no faltará quien se ilusione con otra plaza aclamante, olvidando que después del 2 de abril vino el 15 de junio. La vieja cultura nacionalista, propia de tiempos no democráticos, no ha sido completamente revisada. No es difícil hacer salir de la lámpara al enano nacionalista. Lo difícil es lograr que vuelva a ella.

Publicado en La Nación

Etiquetas: Democracia, Guerra de Malvinas, La cuestión de Malvinas, Nacionalismo

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