Luis Alberto Romero

artículo publicado

5 de septiembre de 2000

Negocios en el Senado

Desde que fue diseñado por Alberdi, el Senado parece un laboratorio político proclive a transacciones de costos diversos. La crisis actual exige reformular toda negociación, haciéndola correcta y pública.

Al describir las relaciones entre el Senado, el Ejecutivo y los gobiernos provinciales a fines del siglo pasado, Natalio Botana habla de un “intercambio de protecciones recíprocas entre la Nación y las provincias”.

Explicando las resistencias que Menem encontró en el Senado, un analista se refiere al “alto costo de la transacción política”, que infló el déficit fiscal. Ambas referencias, con un siglo de distancia, aluden a un problema que pare ce constitutivo del Senado, y más en general, de un sistema político basado en la división de poderes.

El Senado fue pensado por Alberdi para salvaguardar las autonomías provinciales; de hecho, éstas ya no existían a fines del siglo XIX, cuando Pellegrini diagnosticó que el federalismo estaba muerto: era demasiado fuerte el poder presidencial y demasiado desigual la situación entre las provincias modernas, prósperas y pobladas, y las tradicionales.

Los vientos democráticos del siglo XX las afectaron de distinta manera: en unas predominó la política de masas, de ideas y consignas; en las otras, el caudillismo y el clientelismo. Todas tienen hoy tres senadores; detrás de la mayoría de ellos no hay ni masas de ciudadanos ante quienes responder, ni consistentes intereses sociales, ni alguna norma de disciplina partidaria, ni —por lo que vemos— verdadera autoridad moral. Pero su poder institucional y su capacidad de veto son muy altos. No es extraño, entonces, que el Senado haya sido, a lo largo de un siglo, el ámbito de la negociación secreta, el lugar donde pueden verse amplificados los problemas de toda la vida política.

Probablemente fue en el Senado —la “invernada de gobernadores”— donde Roca y sus sucesores articularon los complejos intereses de lo que se llamó Partido Autonomista Nacional: una liga de gobernadores comandada por el presidente, basada en un sistema de favores recíprocos, algunos grandes, generales y patrióticos, y muchos particulares y mezquinos. Algo parecido debe de haber ocurrido en los años treinta entre el presidente Justo y la Concordancia, un partido oficialista de existencia algo hipotética: tropa heterogénea de grupos provinciales que seguramente usaba el Senado para negociar, intercambiar y acordar.

Muy distinta fue la situación de Yrigoyen y Perón, ambos investidos de un mandato democrático y plebiscitario que —en su opinión— los colocaba por encima de los otros poderes del Estado. Yrigoyen ignoró al Congreso, tensó al máximo la autoridad presidencial, avanzó todo lo que pudo, pero se detuvo ante un Senado sistemáticamente hostil, que no aprobó casi ninguna de sus iniciativas legislativas: el Presidente no acordó con ellosy renunció a concretarlas. Con el mismo mandato popular, Perón también expandió la autoridad presidencial e ignoró al Congreso, donde una amplia y disciplinada mayoría parlamentaria convalidó sus actos, sin vacilaciones ni negociaciones.

Canjes a distinta escala

Los tiempos de Roca y Justo se asemejan en algo a los actuales: funcionamiento de las instituciones republicanas, división de poderes, negociación y finalmente el “toma y daca”. En algunos casos, el intercambio tuvo que ver con la gran política: la protección nacional al azúcar tucumano, de fines del siglo XIX; pagarlo un poco más caro, a cambio de desarrollar una economía regional y beneficiar a grupos locales fuertes, bastiones del Estado nacional. Otros canjes fueron de escala mediana: en tiempos de Roca se construían colegios nacionales y escuelas normales en las provincias, fuente de atractivos empleos, pagados por el tesoro nacional; en tiempos de Justo, probablemente habrán sido caminos o diques, y últimamente, regímenes de promoción económica, o más modestamente, Aportes del Tesoro Nacional y planes Trabajar.

Los hubo, siempre, de escala individual: empleos, pensiones graciables o jubilaciones. Detrás de cada senador, de cada funcionario político, hay máquinas partidarias que mantener, que no son baratas; muchas veces los recursos clientelares que administran legalmente no son suficientes y deben complementarse con otros ingresos. En el extremo está el beneficio personal: ¿cuántos políticos de provincia, como el nieto de Juan Moreyra de Payró, hicieron carrera y fortuna en la Capital, gracias a una senaduría o una diputación? En esta gradación de favores no es fácil establecer la línea que separa el bien del mal, dónde termina el acuerdo, sin el cual no hay política, y dónde empieza el acuerdo espurio, que culmina en el soborno.

El acuerdo y la contraprestación no fueron necesarios durante los gobiernos militares —con sus propias reglas respecto de dones y contradones— ni quizá durante los gobiernos de Frondizi o Illia, cuando las verdaderas negociaciones tenían lugar en ámbitos distintos del parlamentario.

Estas prácticas se reactivan con la reconstrucción democrática de 1983. Como nunca antes, tenemos hoy democracia republicana, con división de poderes efectiva y con negociaciones. Gobernantes y políticos están aprendiendo a negociar, como están aprendiendo muchas otras cosas de una democracia con tan pocos precedentes. Lo que Yrigoyen no quiso hacer, lo que Perón no necesitó hacer, se impone como problema a los actuales presidentes democráticos: qué pueden dar para obtener algo.

Los fines y los medios: una alternativa clara para un predicador o un profesor de civismo, pero muy compleja para un político, que balancea convicciones y responsabilidades. La situación con Alfonsín se parece a la de Yrigoyen: negoció por lo alto, sostuvo los principios y obtuvo poco del Senado. Menem al principio pudo desentenderse de los otros poderes; pero progresivamente gobernadores, diputados y senadores, oficialistas, fueron recordando su existencia, y allí aparecieron los “altos costos de la transacción política”. Probablemente fue entonces cuando los mecanismos de la negociación se envilecieron y adquirieron la forma que hoy vemos. A De la Rúa, que se parece a Alfonsín, le ha tocado en suerte suceder a Menem.

Hoy se reacciona ante las formas groseras de la negociación con un saludable espíritu republicano, y esto es excelente; pero también se esgrimen los viejos argumentos contra la política democrática y republicana, ya oídos en 1966 y 1976, y también en 1970. Se coincide en que la virtud de nuestras instituciones republicanas ha sido ofendida y que estamos ante una crisis terminal. En verdad —cualquier lector de historia lo sabe—, nuestra pobre República no ha sido nunca una vestal. Violada y prostituida tantas veces y tanto tiempo, hoy quiere redimirse, como María Magdalena, o como Jean Valjean, el personaje de Los miserables, de Víctor Hugo, que desde el fondo de su degradación encuentra la fuerza para hacerse un hombre nuevo. ¿Debemos lapidar y condenar a nuestra República o acompañarla en su regeneración, en su ruptura con el pasado?

En este proceso de sinceramiento y rehabilitación, se nos ponen delante de los ojos cosas que siempre estuvieron, que nos negamos a ver o que no nos molestaron; que admitimos como vivezas criollas o saludables ejemplos de “vocación de poder”. Ahora el rey está desnudo. ¿Crisis profunda? Nuestro punto de referencia no puede ser otro que 1983:porque hay República hay negociación, y la más espuria negociación política es preferible al autoritarismo militar, el cesarismo presidencialista o la negociación corporativa.

Ciertamente estamos en una crisis, pero ni la primera ni la última en la larga historia que nos espera de construcción de una democracia republicana. Como toda crisis, tiene riesgos —por impaciencia, patear el tablero— y oportunidades: mejorar el funcionamiento de la política.Aprender a negociar de manera correcta y pública, asumiendo que hay intereses legítimos y contrapuestos que deben llegar a una transacción: tal parece ser el desafío que esta peculiar coyuntura plantea.

Publicado en Clarín

Etiquetas: El Senado, Federalismo, Prebendas

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