Luis Alberto Romero

artículo publicado

4 de noviembre de 2013

No hay estado de derecho sin libertad de prensa

El fallo de la Corte sobre la ley de medios nos obliga a reflexionar sobre dos cuestiones básicas de la democracia republicana: la libertad de prensa y el estado de derecho. Cada una tiene su historia. En la Edad Media, los burgueses y las comunas comenzaron a defender sus libertades específicas, amenazadas por la arbitrariedad del señor feudal. Luego libertad se convirtió en un principio general, que fundamentó los modernos sistemas políticos. Su objetivo principal fue siempre limitar al poder, con su tendencia a crecer, a meterse en los ámbitos de individuos y sociedades, regimentarlos, acallarlos o reprimirlos. Cambiaron los regímenes, el poder pasó de los señores feudales a los reyes, y de éstos a los gobiernos democráticos. pero se mantuvo la idea de que en el poder reside una posible amenaza, y que la libertad debe defenderse.

La libertad es un principio, un sentido, pero existe a través de leyes específicas, que la acotan, deslindan y protegen. No hay libertad sin estado de derecho, que en una república se funda en en la Constitución y en la justicia. Quien quiere la libertad, quiere la ley y la justicia.

Un componente central de la libertad ha sido la libertad de prensa. Desde los tiempos en que era ejercida por pequeños impresores independientes hasta hoy, cuando los actores principales son grandes empresas periodísticas, la prensa libre es uno de los fundamentos de la opinión libre y plural. Cada ciudadano ejerce su libertad de leer, ver o escuchar lo que quiere. Los grandes medios, aún sin proponérselo deliberadamente, cumplen la función de equilibrar el poder político, controlarlo, criticarlo, denunciarlo. Son una parte fundamental del sistema republicano. Son también uno de los blancos preferidos de autoritarismos y dictaduras.

La democracia republicana nunca tuvo mucho arraigo en la Argentina. En el pasado tuvimos dictaduras y también democracias autoritarias y hasta dictatoriales. Una de estas, entre 1946 y 1955, se interesó especialmente en la prensa y las radios. Compró, expropió, censuró y hasta encarceló a quienes se atrevían a disentir públicamente. Para quienes querían escuchar una voz distinta de la oficial, la única alternativa eran las radios uruguayas.

En 1983 la Argentina construyó una democracia republicana y un estado de derecho y recuperó el valor de la libertad, hasta entonces relativizado, ya fuera en nombre de los intereses del pueblo o del orden. Pero desde 1989 el país comenzó gradualmente a desviarse del camino. Primero fue el Congreso, cuya irresponsable mayoría delegó en el Ejecutivo las facultades extraordinarias que cimentan el actual decisionismo presidencial. Luego vino la manipulación de los jueces, y la Corte de mayoría automática.

Los Kirchner comenzaron restituyendo la dignidad de la Corte, pero su ánimo republicano duró poco, y hoy estamos bastante lejos del estado de derecho. A diferencia de Menem, poco preocupado por las opiniones disidentes, decidieron imponer su relato. Compraron medios, presionaron a los periodistas y finalmente la emprendieron con Clarín, un medio suficientemente fuerte como para conservar su independencia. Todavía no hemos llegado a la situación del primer peronismo porque, a diferencia de entonces, existe una opinión vigorosa que mantiene su adhesión a los principios de 1983. O quizá, simplemente, se aburre con el relato oficial.

La ley de Medios fue el instrumento para derribar a Clarín. En el Congreso la votó la mayoría disciplinada junto con muchos opositores confundidos. Como sea, es una ley. La justicia discutió sobre su constitucionalidad y finalmente la Corte Suprema falló. Ha pasado por los dos filtros de nuestra Constitución. Quienes hoy reclamamos una reconstrucción de la institucionalidad republicana debemos aceptar que ley debe ser acatada.

Esto no significa concordar con el fallo -que ha sido dividido- ni dejar de discutirlo. En una democracia republicana las cuestiones nunca se cierran. No se cerró cuando la ley de Obediencia Debida de 1987, y tampoco debe cerrarse en este caso. Muchas opiniones calificadas han sostenido que el fallo de la Corte ha atendido sobre todo a la legalidad del procedimiento -también fue legal el de 1987- y ha sacrificado la defensa de la libertad de expresión, amenazada por un gobierno discrecional. Ha seguido la letra de la Constitución pero no su espíritu.

Sin embargo, en las recomendaciones sobre la aplicación de la ley, la Corte ha dejado un lugar para la defensa de la libertad de prensa. En una república normal, esas recomendaciones servirían de orientación en las diversas cuestiones litigiosas pendientes, que serán decisivas para el caso. Pero en la Argentina no vivimos en circunstancias normales. El Ejecutivo se interesa poco por el espíritu de las leyes y atiende exclusivamente a la libertad de acción que la ley le otorga. Probablemente tratará de aprovechar el fallo para liquidar a Clarín, y con él, a buena parte de nuestra prensa libre.

La ciudadanía, la opinión y los partidos deben enfrentar un desafío mayúsculo: qué hacer, dentro del estado de derecho, para defender la amenazada libertad de prensa. Los márgenes son pocos, pero existen. Los instrumentos republicanos para construir la opinión y hacerla valer también son conocidos y han sido probados recientemente. Es cuestión de ponerse en movimiento.

Publicado en Clarín

Etiquetas: Clarín, Corte Suprema, Ley de medios

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