Luis Alberto Romero

artículo publicado

14 de diciembre de 2016

Por qué fracasó la reforma electoral que propuso el Gobierno

El proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno ha fracasado. El Senado hizo saber, sin necesidad de votar, que no aprobaría el texto enviado por Diputados. De nada valieron las negociaciones con los gobernadores, que no pudieron o no quisieron orientar el voto de sus senadores. No es el único traspié legislativo del Gobierno, pero tiene algo de específico, y de común con sucesos similares de otros tiempos y lugares.

La legislación sobre el sufragio es quizás el punto más sensible de las democracias. Salvo en los casos de imposición autoritaria, una modificación del sistema electoral requiere la confluencia de dos factores: una corriente de opinión pública que lo reclame, y una conformidad por parte del reducido conjunto de personas que decide, y lo hace según sus intereses personales. En política, los principios importan, pero un político no se suicida por ellos.

Principios y conveniencia se han combinado, en proporciones variables, en cada reforma electoral importante. Un caso bastante típico es el de Gran Bretaña de 1867. En el siglo XIX, los británicos tenían un régimen político representativo pero no democrático, pues el voto no era un derecho sino una franquicia concedida a algunos. El número de votantes fue aumentando gradualmente, desde la reforma de 1832. En 1865, estimulado por el empuje de la nueva Liga de la Reforma, el gobernante partido Liberal propuso un pequeño incremento. El ministro Gladstone tenía sólidas convicciones políticas y religiosas pero escaso sentido de la oportunidad. En el Parlamento, un sector importante de su partido lo abandonó, temeroso de un “exceso de democracia”, y el proyecto fue rechazado.

En 1867, los conservadores, que gobernaban en minoría, retomaron el proyecto y lo ampliaron considerablemente: podrían votar todos los varones que poseyeran o alquilaran una vivienda. Entusiasmados, conservadores y liberales se unieron para aprobarlo. El ministro Disraeli, un conservador moderno, aunque aprovechó pro domo sua la iniciativa liberal, no llevó a los suyos al suicidio. Al año siguiente, una ley menos publicitada modificó las circunscripciones electorales, licuó el incremento de votos de los trabajadores y reforzó el peso de los distritos rurales, que eran baluartes conservadores. La reforma no modificó la tendencia sostenida a la ampliación del sufragio, pero demoró sus efectos; una década después, los conservadores habían aprendido la técnica de ganar votos obreros. El sentido de la oportunidad le permitió a Disraeli alinear una victoria táctica con otra estratégica.

Otro notable ejemplo de reforma electoral fue la Ley Sáenz Peña de 1912. También la Argentina era entonces una república más representativa que democrática, sobre todo por la manipulación del sufragio por los gobernantes y sus pandillas electorales. Desde 1890 había un reclamo de pureza electoral, expresado por la Unión Cívica Radical en términos regeneracionistas y revolucionarios. Ese reclamo se sumó a otros, de tipo social: los chacareros de la “pampa gringa” o los trabajadores urbanos, dirigidos por los anarquistas. Roque Sáenz Peña y su grupo reformista advirtieron que la falta de institucionalización de estos movimientos contestatarios favorecía a los grupos más radicalizados y ponía en riesgo la estabilidad política. Los gobiernos podían seguir amañando elecciones, pero su legitimidad estaba amenazada.

La reforma consistió en hacer creíbles las elecciones -el sufragio secreto y el uso del padrón militar- y a la vez, en hacer obligatorio el sufragio. Una masa de nuevos ciudadanos, que podían y debían votar, arrastraría las impurezas del sistema vigente. Pero los reformistas no pensaban en suicidarse: suponían que las fuerzas nuevas -radicales, socialistas- sólo obtendrían las minorías, otra novedad del sistema. Estaban convencidos de que, en el nuevo clima democrático, se impondría un conservadorismo renovado con figuras notables, apoyados por gobiernos provinciales duchos en elecciones.

Muchos hombres del régimen dudaron de que el riesgo fuera necesario. Pero los reformistas estaban seguros, y convencidos de que la estabilidad política lo requería, y lograron la mayoría necesaria en el Congreso. La gran reforma de 1912, base de nuestra democracia moderna, combinó lo conseguido por una opinión pública demandante y lo concedido por un régimen político que apostó a una transformación. ¿El triunfo de Yrigoyen significa que equivocaron el cálculo? Se trata de otra cuestión, para la que no hay una respuesta simple.

En suma, como escribió Hobsbawm, la democracia es una planta que crece desde abajo, por sus raíces, y desde arriba, porque se la riega. Esta idea -de abajo y de arriba- sigue siendo válida para las reformas que, como la que hoy propone el Gobierno, pretenden recuperar algunos de los valores fundacionales de la democracia. El Gobierno no hizo mucho para crear un clima de opinión que acompañara su proyecto, pues creyó que sus ventajas serían evidentes. Negoció bien en Diputados, donde la ley pasó, y para el Senado, apostó al apoyo de los gobernadores, pagado generosamente. ¿Por qué no funcionó?

En el Senado no hablaron los gobernadores sino los políticos de provincia, sobre todo los más tradicionales. La reforma no destruía sus aparatos de construir poder, pero los privaba de una pieza importante: la manipulación de las boletas. Quizá la recompensa no fue la adecuada, ni para los gobernadores ni para los senadores.

Respecto de la opinión pública, la conveniencia no resultó tan evidente. El mensaje del Gobierno fue equívoco. Los indignados con la elección tucumana de 2015 se encontraron con que, para regenerar el sufragio, el ministro de Interior negociaba con el gobernador Manzur; era casi un oxímoron, una contradicción en los términos. Quizá por eso no hubo una opinión movilizada que reclamara por su aprobación, como la que se movió en otras causas públicas, como la del matrimonio igualitario o la de “Ni Una Menos”.

En ocasiones las movilizaciones espontáneas pesan, pero a la larga su eficacia reside en la organización, la persistencia y el lento trabajo de concientización. Quizás el Gobierno comunique mal, y tenga poco sentido de la oportunidad, ese que le faltó a Gladstone y le sobró a Disraeli. Pero no es el responsable principal. Esta tarea corresponde fundamentalmente a los partidos y las organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas tienen como finalidad especifica la mejora de las prácticas políticas. De momento, sus resultados han sido pobres, pues el tema no se incorporó a la lista de urgencias de una agenda ciudadana hoy dominada por otras preocupaciones.

Es posible que el Gobierno retome ese u otro proyecto similar, como la boleta única. Uno de sus méritos es no dramatizar las derrotas y persistir en sus propósitos. ¿Con qué suerte? Quizá pueda incrementar el empeño de los gobernadores, recurriendo a las adecuadas “materialidades conducentes”, como decía Yrigoyen. Pero difícilmente logrará algo si no alinea, detrás del proyecto, una buena dosis de convicción y movilización ciudadana. Este desafío va más allá del gobierno, pues nos interpela a todos nosotros.

Publicado en La Nación

Etiquetas: Historia, Ley Sáenz Peña, Macri, Reforma electoral, Senado

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