Luis Alberto Romero

artículo publicado

Enero de 2004

Reconstruir el estado

El texto de Rubén Berenblum es a la vez un análisis del desempeño de la sociedad argentina durante el siglo XX, y una propuesta, casi una exhortación, a retomar el rumbo perdido en algún momento. Comparto en lo esencial su espíritu: Mis comentarios serán, más bien, precisiones dirigidas a deslindar esos dos campos, para afinar el análisis y, quizá, hacer más efectiva la exhortación.

1.

El punto central de Berenblum es la “clase dirigente”. Nos dice que hoy falta, y que hay que reconstruirla, regenerarla. Le asigna una función creadora y directriz de los procesos históricos, y pone como ejemplo la “Generación del 80”. Tengo dudas sobre esta caracterización. En el caso de “generación del 80” –un concepto muy propio de los años ‘60- ha pesado mucho el paradigma de la planificación: en una sociedad compleja, todo proceso de crecimiento, obedece a un designio racional, concebido y ejecutado por un sujeto colectivo, sea una clase dirigente o el Estado planificador.

Prefiero una imagen más matizada de los procesos históricos y su dinámica. Creo que los actores tienen una importancia enorme, pero dudo de su acción racional y deliberada; los imagino más bien como sonámbulos: avanzando a tientas hacia un destino borrosamente percibido, a menudo engañoso, mediante acciones que solo son consistentes a medias, y con efectos frecuentemente inesperados. Por otra parte, creo que hay procesos sociales impersonales –al estilo de la “globalización”-, que dependen de la conciencia o la voluntad de los actores, que van seleccionando y dan sentido a algunas de sus acciones. De la confluencia de ambos –actores sonambulescos y procesos impersonales- resultan lo que luego –ya realizados- llamamos proyectos: versiones estilizadas de una historia compleja y confusa, que nos gusta atribuir a sujetos racionales y conscientes. Por eso creo que una apuesta a la “clase dirigente” y su voluntad de acción tiene que basarse principalmente en una consideración de las circunstancias, duras, difíciles de modificar y hasta de entender, en que actuará.

2.

Son esas circunstancias las que han cambiado drásticamente en el último cuarto de siglo. Hasta entonces, la Argentina fue un país próspero. A veces, gracias a sus dirigentes; otras, a pesar de ellos. Hubo una razón necesaria, aunque no suficiente, para esa prosperidad: la conexión del país con una tendencia dominante en el mundo; el aprovechamiento de una onda general de prosperidad, o inclusive de una crisis. En cada caso, la Argentina ocupó en el mundo un lugar que –señala con justeza Berenblum- hoy no tiene.

Vista desde el siglo XXI, esa prosperidad resulta del entrelazamiento de una serie de ondas favorables. La etapa expansiva fundada en las exportaciones agropecuarias primero, en la que la Argentina aprovechó al máximo el contexto internacional, inclusive para fundar su crecimiento industrial (aquí mi impresión es un poco distinta de la de Berenblum). La etapa entre las Guerras mundiales, cuando se hizo de necesidad virtud,  y se  aprovechó la crisis mundial y la fractura del mercado internacional para desarrollar la industria sustitutiva y el mercado interno. Finalmente, la etapa expansiva posterior a 1958, apoyada en el flujo de capitales extranjeros, cuando se concretó el segundo tramo de la sustitución de importaciones. Se podría precisar, en cada caso, si se aprovechó al máximo lo que cada situación permitía; también cabría un balance de costos y beneficios, teniendo en cuenta las consecuencias distorsivas y no equitativas de cada onda expansiva. Pero en conjunto –de acuerdo con mi perspectiva de 2001, tan distinta de la de 1970- todas ellas hicieron un país, una economía, una sociedad, un Estado.

 

Porque en cada caso, el impulso externo estuvo organizado, mediado, dirigido y controlado por un Estado activo. Hoy sabemos cuánto de intervención estatal hubo entre 1880 y 1914, cuya elite dirigente estuvo lejos de ajustarse a una definición escolásticamente liberal. Hemos aprendido sobre la audacia y la creatividad de la clase dirigente de la “década infame”, constructora del estado dirigista que luego desarrolló Perón (al punto que Marcelo Cavarozzi fecha en 1930 el origen de la “Argentina peronista”, sepultada en 1989). Apreciamos mucho mejor que sus contemporáneos el esfuerzo desarrollista de Frondizi y su personal “batalla del petróleo”, y hasta valoramos las políticas de Krieger Vasena, que consolidaron el último tramo del crecimiento de esa Argentina industrial cuya ausencia se lamenta hoy. No hay dudas de que hubo prebendas, despilfarro e ineficiencia. Gustará más o menos uno u otro aspecto de estas gestiones, pero es indudable que en todas ellas había Estado, y con él esa “clase dirigente” que reclama Berenblum.

La historia cambió en los últimos 25 años. Como antes, nos hemos movido a impulsos de las tendencias mundiales, y éstas han consistido en liberar las fuerzas del capitalismo de mercado, controladas hasta entonces por los complejos sistemas políticos propios de la época de la “guerra fría”. En las últimas décadas éstas actúan con libertad inusitada, desplegando su formidable capacidad creativa y destructiva, esa que en el siglo pasado admiró a Marx. Sin controles ni ataduras, el capitalismo avanza destrozandolo todo, incluyendo sus propias creaciones, que hasta hoy le habían servido de base y control. Entre ellas, los estados nacionales, uno de los grandes inventos del siglo XIX, a cuyo amparo las víctimas del capitalismo habían mejorado su capacidad de negociación, sus condiciones de supervivencia. Hoy el tigre está suelto y lo devora todo, hasta a quienes lo cabalgan.

4.

En todo el mundo el Estado retrocede, en mayor o menor medida. En la Argentina, raquítico e impotente, está en vías de extinción. A las causas generales hemos sumado causas particulares, que tienen que ver -me parece- con el funcionamiento de nuestra política, y en particular de nuestra democracia política.

La prosperidad, en sus sucesivas olas, construyó en la Argentina una sociedad democrática, que siempre resultó excepcional en el contexto de América Latina. Según una fórmula corriente, imprecisa pero elocuente, era una sociedad de clase media. Un rasgo distintivo fue la falta de diferencias estamentales, el poco peso del rango y el prestigio, y el estilo igualitario de las relaciones; los últimos vestigios del “antiguo régimen” fueron barridos por el peronismo. Otro rasgo distintivo fue su fuerte movilidad, y la permanente capacidad de la sociedad para incorporar nuevos contingentes a los beneficios de la expansión: los migrantes extranjeros a principios de siglo, los migrantes internos a mediados, los de los países limítrofes un poco después. Buena parte de la acción del Estado estuvo dedicada a esto –uno de sus logros más preciados fue el sistema educativo- y cuando las fuerzas espontáneas de la integración flaquearon, el Estado concurrió, munido de los instrumentos de la “justicia social”, para restablecer su dinámica.

El resultado fue una sociedad integrada, sin grandes cortes y sin identidades de clase que llegaran a cristalizar plenamente: tal el sentido de las “clases medias”, fórmula que no alude a un segmento fijo sino a ese tránsito permanente, en que los hijos estaban de alguna manera mejor que sus padres.  Esta es, no cabe duda, una versión sumamente estilizada, que no toma en cuenta fuertes diferencias regionales, pero en lo sustantivo me parece cierta.

De esta sociedad democrática, móvil e igualitaria, surgió el impulso, la materia prima, la condición necesaria -pero no suficiente- para construir una política democrática. Se trató, principalmente, de una sociedad civil densa, pletórica de asociaciones, donde abundaba el espíritu de participación. Sin embargo, el resultado final no fue un sistema político democrático que recogiera y diera forma a esos impulsos societarios. La historia de esta desventura sería larga, pero basta con puntualizar sus rasgos más salientes.

Tuvimos dos grandes partidos de amplia base popular, que en su momento gobernaron sobre la base de una sólida legitimidad democrática: el radicalismo y el peronismo. Más aún, cada uno en su medida, contribuyeron a la democratización de las relaciones sociales. Pero ambos fueron –me apresuro a declarar que hoy han cambiado- escasamente republicanos. En uno y en otro, la autoridad del jefe del movimiento –a la vez jefe de Estado- fue puesta por encima de los complejos y delicados mecanismos constitucionales, que establecen la división de poderes y demás garantías de la libertad política. En mayor o menor medida, es posible encontrar este rasgo en Yrigoyen, en Perón, en Frondizi y naturalmente en Menem.

Por otra parte, radicalismo y peronismo se consideraron a si mismos como la expresión unívoca del pueblo y de la nación. El argumento permitía legitimar los avances de los gobernantes que encarnaban su mandato, por sobre los derechos de quienes, en algún sentido, eran colocados fuera del campo del pueblo o de la nación. Desde los tiempos de la Revolución Francesa, en el mundo occidental esta forma de argumentar la legitimidad ha sido constitutiva de la democracia; pero a la larga, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, entró en diálogo con los principios provenientes de la tradición liberal, y ambos han llegado a una fórmula híbrida pero equilibrada. En la Argentina de la prosperidad, esto casi no ocurrió.

Quien encarna los intereses del pueblo coloca naturalmente a sus adversarios en el campo de los enemigos del pueblo: “el régimen falaz y descreído”, “la antipatria”, “la oligarquía”. Son operaciones discursivas, que no necesariamente tuvieron consecuencias prácticas, pero inevitablemente le dieron a la política una crispación facciosa que le impidió llegar a un punto de estabilidad. Esa fue la característica de los dos grandes gobiernos populares y democráticos.

Sobre esa debilidad de la política democrática se construyó el espacio que, una y otra vez, vinieron a ocupar los militares. Su argumento era similar: ellos encarnaban los intereses superiores de la Nación. Se colocaban así por encima de las rencillas facciosas, propias de los intereses políticos, que eran descalificados como particulares y mezquinos. La descalificación de la política venía de la mano de la asunción del criterio antes señalado: alguien se atribuía la representación de la Nación y la facultad de determinar quiénes no pertenecían a ella. En este caso, la “antipatria” se convirtió en “la subversión apátrida”, y su exclusión del mundo de lo legítimo fue finalmente mucho más drástica. Fue una versión extrema y detestable. Pero los materiales ideológicos con que se construyó no eran ajenos a la política democrática que realmente tuvimos.

Antes de llegar a los extremos de la última dictadura, esta manera de entender la competencia política –en muchos aspectos común a gobiernos militares y civiles- condujo a la inhabilitación de los órganos representativos donde –según la preceptiva constitucional- debían dirimirse los conflictos de intereses propios de toda sociedad. Ha sido característico de nuestra cultura política democrática la descalificación del acuerdo, que siempre es “espurio”, hecho “a espaldas del pueblo”; en suma: un “contubernio”. También se descalificó cualquier escenario político donde esos conflictos pudieran procesarse de manera civilizada y constructiva, y en particular el Parlamento. Curiosamente, ese era el único lugar donde quienes no tenían quien los defendiera podían esgrimir un argumento de peso: los votos.

El escenario político fue reemplazado, de manera creciente, por otro donde los intereses sociales, abroquelados en corporaciones, actuaban de manera directa. Sindicatos de todo tipo, organizaciones empresarias o de pequeños productores, Fuerzas Armadas, Iglesia, y muchas otras, se organizaron para la guerra, pero dispuestos a la negociación. La noción de bien común retrocedió ante el reclamo corporativo. Lucharon por los beneficios que podía otorgar un Estado cuya capacidad de repartirlos crecía. Pero a la vez, huérfano de apoyo en una sólida política democrática, el Estado perdió la iniciativa y se convirtió en el botín de la lucha corporativa, desarrollada casi sin mediaciones. A comienzos de la década de 1970 esta lucha llegó al paroxismo. Podemos recordar a Perón en su último discurso público, viejo y enfermo, reclamando tregua y acuerdo a esas corporaciones que decían obedecerlo.

Probablemente entonces la “clase dirigente” tomó la decisión de achicar el Estado y de aprovechar las nuevas fuerzas del capitalismo de mercado para que ellas establecieran la disciplina entre los protagonistas de la puja corporativa. Las nuevas tendencias de la economía mundial resultaron así funcionales para solucionar los males de una sociedad conflictiva y un sistema político que no llegaba a sustentarse en la democracia. Quienes emprendieron este camino –desde el ministro Martínez de Hoz en adelante- se entusiasmaron con la posibilidad de liberar el tigre, cabalgarlo y usarlo para devorar a competidores y enemigos. Los grandes debían ganar, de una vez para siempre. Hoy –sabemos- el tigre terminó comiéndose el aparato productivo, el Estado y con ellos a su “clase dirigente”. Cada día vemos cómo uno de los que lo cabalgó se convierte en su víctima. En el juego local, no es fácil encontrar a los ganadores.

5.

Lo paradójico de la Argentina es que cuando ese proceso destructivo estaba lanzado, y probablemente era irreversible, se constituyó finalmente un sistema político democrático plural. Fue decisivo un suceso algo tangencial a esta historia: la Guerra de Malvinas, resultado de la más nefasta combinación de nuestras tradiciones nacionalistas e integristas, sin embargo tan presentes en nuestras desventuras políticas.

La democracia construida desde 1983 fue nueva y original. Estuvo fundada en una renovada y poderosa fe cívica, en la confianza acerca de las potencialidades de Estado, y sobre todo en el pluralismo, la tolerancia del otro, la valoración del disenso, la convicción de que no hay fines que justifiquen cualquier medio. Los partidos se han hecho pluralistas y tolerantes con el otro. Nadie dice representar a la Nación. Esto es sin duda una conquista fundamental. Lamentablemente, parece que solo la valoran quienes pueden comparar vívidamente esta situación con otras anteriores, y además practican el ejercicio de memoria correspondiente.

Lo paradójico, en un país que supo tener una sociedad democrática, es que esto ocurre cuando la sociedad se ha fracturado, al punto de segmentarse de manera profunda. No hay ya movilidad ascendente, ni “clase media”, ni “burguesía nacional”, ni siquiera “establishment multinacional” vinculado con actividades productivas. El Estado ha perdido prácticamente todos sus instrumentos de acción, para organizar la economía o compensar las desigualdades sociales, y los acreedores externos pueden dirigirlo a voluntad. La sociedad democrática pertenece al pasado.

En cuanto a la democracia política, luego de una década y media de ejercicio, la fe cívica está debilitada al punto de que una porción más que respetable de los electores prefiere no optar por candidato alguno. También se redujo la confianza en la eficiencia o potencia del Estado, de modo que, para muchos, el sufragio se torna un instrumento inútil o indiferente. ¿Para qué elegir gobernantes de un Estado con un margen de acción mínimo? Tan pequeño, que todo lo que puede hacer tiende a reproducir y profundizar su situación de impotencia.

Este examen me lleva a dudar de la eficiencia inmediata de una “clase dirigente” que hoy es difícil de hallar. Pero a la vez me permite percibir un pequeño espacio para iniciar un camino diferente. Veo allí el único resquicio para el optimismo de la voluntad. Quien gobierne debe demostrar que el Estado tiene algún margen de maniobra, aunque sea mínimo, que puede ampliarse, de manera modesta pero sostenida, en tanto concentre en torno suyo un núcleo de fe cívica y de confianza estatal. Esta confianza requiere de propuestas, no salvacionistas o desesperadas sino modestas, racionales, ajustadas a las estrechas condiciones, pero que planteen alguna mínima modificación en la situación actual. Que logren reconstruir, para sectores amplios de la sociedad que alguna vez le dieron sentido a la democracia y a la política, el sentido de agruparse en torno del Estado y volver a conformar una voluntad política. Se trata, en un grado mínimo, sin ilusiones ni expectativas espectaculares, de encontrar la forma de revertir el circulo vicioso de la impotencia y la despolitización. De iniciar un proceso a lo largo del cual, más como resultado que como actor eficaz, surja una “clase dirigente”. Necesitamos al Estado. Me parece que este es, en el fondo, el argumento principal de Berenblum, y también el mío.

Publicado en Encrucijadas

Etiquetas: Clase dirigente, Crisis del Estado, Proyectos

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