Luis Alberto Romero

artículo publicado

14 de enero de 2007

Terrorismo de Estado: la Triple A en el banquillo

¿Cuántas generaciones se han educado en las verdades del Nunca más? Para ellos, 1976 representó un comienzo definido: el de “los años de plomo”, el terrorismo de estado y la masacre. Esta versión, ratificada en su momento por el juicio y condena a las Juntas, empieza a ser hoy cuestionada desde el mismo ámbito judicial, que indaga sobre los polvos de los años anteriores, aquellos que luego trajeron los lodos. No hay nada que no se supiera o no se hubiera dicho, pero asumido por la Justicia, tiene fuerza suficiente para conmover la versión establecida.

De acuerdo con lo formulado por la CONADEP,  ratificado por la Justicia y difundido por Nunca Más, la sociedad argentina fue la víctima inocente de dos organizaciones perversas, aunque de responsabilidades disímiles, pues una de ellas utilizó los instrumentos del estado, destinados a defender la ley, para subvertirlo. Esa versión se construyó rápidamente, entre el fin de la Guerra de Malvinas y los inicios del nuevo gobierno democrático. Contra lo que ella proclamaba, las cosas no estaban por entonces tan claras, ni los campos tan definidamente divididos, y fueron necesarios acuerdos y concesiones que incluían no indagar demasiado sobre la “sociedad inocente”. Aún así, el presidente Alfonsín colocó el listón muy alto, especialmente en lo relativo a los militares, teniendo en cuenta la fragilidad de sus apoyos, la obvia oposición de los militares y la fuerte reticencia de los peronistas, que mayoritariamente preferían aceptar la auto amnistía militar.

Por entonces, la aceptación general de esta versión fue esencial para la construcción de un régimen democrático que solo contaba, como soporte, con la nueva fe cívica, fundada en la demonización del Proceso y en la exaltación simétrica de la panacea democrática. También fue esencial para  construir –otra novedad- el estado de derecho. El juicio y condena a las Juntas militares fue un verdadero jalón, fijado definitivamente, más allá de retrocesos transitorios, como la ley de Obediencia o los indultos presidenciales.

Las limitaciones de esta versión se fueron manifestando progresivamente. Una de ellas era la sobrevaloración de la potencia democrática, desmentida rudamente hasta hoy. La otra fue la oclusión de los sucesos anteriores a 1976, resultado de un acuerdo político, pero también de la convicción compartida de que la construcción democrática no resistiría un ajuste público de cuentas entre sus protagonistas necesarios.

Varios procesos confluyen hoy en la reconsideración de los años anteriores a 1976, a la que convocan los jueces. Uno de ellos es el largo y contradictorio proceso que continúa llevando a los estrados a los responsables directos del terrorismo militar: en el continuo cruce de argumentos y acusasiones recíprocas, es cada vez mas difícil detenerse en la barrera de 1976. Por otra parte, los responsables de aquel acuerdo tienen hoy un escaso prestigio, luego de las sucesivas crisis de la fe democrática.  También ha cambiado la imagen de los actores de aquellos años. Muchos de ellos son recordados no como “víctimas inocentes” sino como luchadores, combatientes por un ideal, y a la vez hoy son muchos los que se reconcilian con un pasado que en 1983 habían cubierto con una capa de convicciones republicanas. Otras facetas, menos simpáticas, de ese pasado anterior a 1976 resurgen con episodios como el reciente del 17 de octubre, cuyo protagonista más destacado parece digno de aquella tradición de matonismo sindical que finalmente confluyó en la Triple A.

Los años entre 1973 y 1976 vuelven así por muchos caminos. Pero la Argentina ha cambiado mucho desde entonces, tanto que cabe preguntarse, incluso, sobre la pertinencia de conceptos explicativos elaborados en otro contexto, como el de “terrorismo de estado”, hoy en discusión. En 1973, cuando Perón volvió al poder, confluían dos conflictos. El principal se hallaba en la puja corporativa: trabajadores y empresarios buscando inclinar en su favor la acción del estado. Por otro lado, en el seno del peronismo, con la sucesión a la vista, competían sus dirigentes tradicionales, sindicalistas y políticos, y un grupo nuevo, Montoneros, dotado de un aparato militar y una densa organización de base. Se confiaba en que Perón pudiera reconstituir la fuerza del estado, para controlar la lucha de intereses, y que absorbiera, a fuerza de carisma, el conflicto interior del peronismo. En el primer caso, intentó con el Pacto Social y fracasó. En el segundo, decidió fortalecer a los por entonces más débiles, los dirigentes tradicionales, que construyeron su propia fuerza armada. Aquí comienza, en rigor, el terrorismo de estado, pues ese aparato se montó en los sótanos del ministerio de Bienestar Social, tuvo el apoyo de jefes policiales en actividad, y recibió su bautismo el 20 de junio de 1973.

Es fácil comprender su dimensión terrorista, jalonada por unos cuantos cadáveres, equivalente al terrorismo de sus rivales y competidores. ¿El justo llamarlo “estatal”? La cuestión puede parecer trivial, pero no lo es a los fines de la justicia. Hay países en los que la línea que separa el estado de la sociedad es clara, pero no era el caso de la Argentina de entonces. A lo largo del siglo XX, el estado había hecho mucho más que establecer normas para la competencia de intereses: había intervenido repartiendo beneficios, prebendas y privilegios. Cada uno de los intereses buscó cómo asegurar su posición, colonizando la porción respectiva del estado: los productores rurales el ministerio de Agricultura, los médicos el de Salud Pública, los sindicalistas el de Trabajo, y así siguió hasta hoy. ¿Puede hoy saberse donde termina la sociedad y empieza el estado en el caso del PAMI, donde es difícil distinguir a gerentes de gerenciadores?

Por otra parte, la barbarización de la convivencia que progresivamente caracterizó la cultura política argentina de la segunda mitad del siglo XX hizo normales métodos al principio excepcionales para dirimir los conflictos. Quien podía, no vacilaba en utilizar la herramienta estatal, ya fuera para actuar o para asegurarse el encubrimiento y la impunidad. Es una historia bien conocida en el campo del sindicalismo, pero no ajena al mundo empresario, donde imperios construidos con el favor estatal cambiaron de mano luego de que se esgrimieran razones ante las cuales nadie podía resistirse.

Lo singular de estos años fue la manera inadvertida como esto se convirtió en natural. En su momento Perón sostuvo que los conflictos políticos se resolvían con la Policía; detrás del sentido republicano inicial de esta frase emerge otro, siniestro, que remite a López Rega, Villar y Almirón.  ¿Sus adversarios en la puja interna tenían más preocupaciones por mantener separados los campos de lo estatal y lo societal?  No lo parece, a juzgar por el entusiasmo con que se lanzaron a capturar fragmentos de ese estado en la coyuntura de 1973, y también por la relación que establecieron entre la administración estatal y su aparato militar.

En suma, la distinción que hoy nos parece tan clara, entre un estado neutro, que administra la ley, y una sociedad que procesa sus conflictos en el marco fijado por el estado no tenía mayor sentido para sus protagonistas de entonces. Tampoco tenía sentido por entonces otra distinción, que hoy nos parece clara, entre los medios y los fines: para unos y para otros, y para el resto, que contemplaba y hacía coro, la vida humana estaba lejos de ser un valor absoluto. En ese sentido, la imagen de esos años, entre 1973 y 1976, que la justicia nos invita a examinar, es posiblemente tan siniestra como la de los siguientes. Creo que entramos en un territorio de la memoria conflictivo, en el que la unanimidad de la construcción democrática –si algo queda de ella- puede conmoverse. No se quién impulsa la revisión judicial, ni quienes serán sus beneficiarios inmediatos. Los procesos históricos tienen causas que van más allá de la intención de sus agentes.  Pero estoy convencido de que ya era hora de hacerlo; que mirar el pasado de frente siempre es saludable, y es, por otra parte, la única forma de construir algo sólido.

Publicado en La Nación

Etiquetas: Gobierno peronista, Triple A, Violencia

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