Luis Alberto Romero

artículo publicado

26 de octubre de 2008

Tropiezos de la ilusión republicana

Veinticinco años de democracia invitan a un balance. El problema está en elegir el punto desde dónde mirarlos. Si nos instalamos en 1983, el momento de las promesas, seguramente predominará la desilusión y el escepticismo. Si, en cambio, nos ubicamos en 2002, el año de la gran crisis, el balance será más positivo. Otra posibilidad es incluir el cuarto de siglo democrático en una perspectiva más larga, que abarque todo el siglo XX. Hubo un punto de inflexión, a mediados de los años setenta. La Argentina anterior a 1976 fue potente y muy conflictiva. Una economía razonablemente próspera, un Estado activo y una sociedad integrativa y móvil parecían ofrecer las condiciones para una democracia institucional que, sin embargo, no se concretó. Desde entonces, la Argentina tiene una economía de futuro incierto, un Estado desarticulado e impotente y una sociedad empobrecida y segmentada, con cada vez menos ciudadanos. Lo paradójico es que esta Argentina de la crisis y la decadencia alcanzó, con algunos sobresaltos, la continuidad institucional que el aniversario democrático recuerda. Mucho o poco, según se mire el vaso. Conviene desagregar este balance en tres cuestiones: la dimensión institucional, la política y la estatal.

En 1983 prevaleció el propósito de construir una democracia republicana que nunca había existido antes: supremacía de la ley, división de los poderes, responsabilidad ciudadana, debate racional para la construcción del interés general o, al menos, de acuerdos razonables. ¿Por qué falló?

Una parte importante les corresponde a las agudas crisis, que estimularon la concentración de las decisiones. Desde 1989, el Congreso viene transfiriendo atribuciones al Presidente, que además se apropia de otras, en el límite mismo de la ley. De Menem a Kirchner, la situación de emergencia fue la causa y la justificación del presidencialismo.

Otra parte le corresponde al estilo de los políticos peronistas, que han gobernado durante las dos terceras partes del ciclo democrático. En su cultura, estirar o forzar la norma no es grave, si el fin lo justifica. En cuanto al debate plural, el peronismo, que se proclama expresión única del pueblo, puede ignorar sin culpa las otras voces. Movimiento de conducción y verticalidad, cultiva la transacción interna, pero rara vez la argumentación racional. En suma: un estilo político que no encaja con la institucionalidad republicana, pero que se adecua admirablemente al presidencialismo de crisis.

Finalmente, la ilusión republicana ha sido pulverizada por la corrupción monumental, instalada desde 1990 y favorecida por la discrecionalidad en el manejo de la privatización del Estado. También ayuda aquí la tradición de la cultura peronista: ni la austeridad ni la probidad son considerados atributos importantes de quien hace política.

¿Una república que debió ser y no fue? La crítica republicana, de tono fuertemente moral, ha sido frecuente y aún lo es, pero no ha resultado suficiente para construir alternativas políticas. Muchos consideran que las condiciones de crisis hacen inevitable el presidencialismo. Sin embargo, el reciente conflicto del campo ha mostrado un costado nuevo de la cuestión: las disputas entre intereses sectoriales legítimos pueden dirimirse mejor, a la larga, en un ámbito institucional que posibilite la discusión abierta, la transacción y el acuerdo. Quizá por esa vía el Congreso, y más en general la división de poderes, dejen de ser una aspiración de principio y se conviertan en una necesidad social.

La política democrática que conocemos tiene poco que ver con lo imaginado en 1983: la sociedad argentina de la crisis produce pocos ciudadanos que elijan conscientemente a sus representantes. Sin embargo, en ese aspecto la democracia no funciona mal: hay una clase política bastante eficiente, capaz de producir un sufragio que la legitima regularmente.

De entrada se ha constituido una clase política joven y capacitada para la política de los medios, las encuestas y la imagen. Muchos jóvenes eligen vivir de la política, hacen de ella su profesión y optan por alguno de los partidos existentes, no tanto por pasiones ideológicas como por cálculo acerca de sus propias carreras. Hay partidos para aquellos que quieren ejercer su profesión más honorablemente, y otros partidos más comprensivos con quienes aspiran, como suele decirse, a “hacer una diferencia” con la política. Unos y otros han construido una profesión que es casi una corporación, dispuesta, como tantas otras en la Argentina, a vivir del Estado. Podrían ser mejores, pero también peores.

En una sociedad con pocos ciudadanos, hacer política consiste principalmente en producir el sufragio: votos que legitimen a los políticos y que diriman sus diferencias. Los medios de producción del sufragio son los recursos estatales, las “cajas”, que se manejan directamente desde el poder, con poca mediación de los partidos. Esto se advierte descarnadamente en las provincias más pobres: desde el gobierno, el empleo público alimenta la red partidaria, y las coimas de la obra pública engrosan las cajas políticas. El gobierno central hace su aporte financiero, pues los presupuestos provinciales son siempre insuficientes, lo regula y negocia con el gobernador la formación de la lista de congresistas. Bastante parecido a la Liga de Gobernadores de la época de Roca, con una lógica que deja de lado a los partidos políticos.

En el Gran Buenos Aires, y otras conurbaciones, el peronismo encontró, mucho mejor que sus competidores, cómo adecuarse a la explosión de la pobreza y obtener réditos políticos que lo hacen imbatible. Una red de unidades básicas flexible, densa y multiforme, intermedia entre los recursos de la administración municipal y la densa red de sociabilidad vecinal, donde el asociacionismo se combina con jefaturas territoriales que, en su pequeña escala, reemplazan a un Estado semi ausente. Por esas redes circulan recursos de todo tipo -planes de desempleo, aportes a comedores escolares, electrodomésticos o alimentos- distribuidos singular y discrecionalmente, a cambio de los imprescindibles votos para las elecciones internas, la asistencia a actos partidarios -el peronismo valora esa convalidación plebiscitaria- o simplemente los sufragios electorales.

Provincias pobres y conurbanos no son todo el país, pero sí una porción significativa: una buena base para producir sufragios y legitimar políticos que son funcionarios. Hay otro electorado que puede darse el lujo de ser independiente, y otras fuerzas políticas donde las ideas, programas y principios ocupan un lugar mayor. Esto hace que la política siga siendo competitiva y, en definitiva, tolerablemente democrática.

El ciclo democrático ha transcurrido entre crisis cada vez más profundas y breves períodos de euforia. ¿Qué han hecho los gobiernos con el Estado para reducir los daños y buscar salidas sostenidas? Creo que aquí se juega, finalmente, el balance de una democracia que prometió ser más que una forma de convivencia política.

La Argentina supo tener un Estado potente, capaz de encarar grandes empresas, y también, de repartir prebendas entre corporaciones que lo tironeaban y colonizaban. Pero la democracia heredó un Estado desarticulado, corroído e impotente, incapaz de cumplir con sus tareas mínimas. Alfonsín propuso modernizarlo, pero no pudo o no quiso. Menem lo reformó y privatizó, redujo su capacidad de control y expandió el prebendarismo, convertido en desmesurada corrupción. La Alianza pasó brevemente, arrasada por la crisis. La administración peronista actual, que ya lleva ocho años, interviene activamente para regular las grandes variables, mantiene la corrupción, protege a empresarios amigos y desarrolla un sistema de subsidios destinado a atenuar los efectos de la crisis y a construir la máquina productora de sufragios.

Lo más importante es que el peronismo, principal protagonista del ciclo democrático, ha abandonado la vocación estatal de sus figuraciones anteriores. Con Menem lo hizo de manera deliberada. Con Kirchner más disimuladamente, con despliegues de imprevisible ejecutividad discrecional, pero con escasa voluntad estatal. El Estado requiere deliberación amplia y paciente construcción de las agencias estatales. Ni las minicumbres de El Calafate ni la destrucción del Indec van en ese sentido.

Aquí creo encontrar un lugar adecuado para el balance del cuarto de siglo democrático. La democracia institucional y republicana puede ser sólo un bello ideal, y hasta una forma que obstaculiza el fondo, como se dice en el peronismo. La producción gubernamental del sufragio puede parecer divertida e idiosincrática, y hasta puede afirmarse que sirve para la asistencia social. De la corrupción puede decirse que es universal, que es sucia, pero que, como la grasa, ayuda a lubricar los motores.

Pero hay un aspecto que no es posible relativizar: el Estado. Cualquier construcción política necesita ese instrumento, ya sea para construir la democracia republicana, la justicia social o la grandeza nacional. Una sociedad decadente y en crisis como la nuestra necesita mucho más aún un Estado eficiente. En la construcción de instituciones estatales puede medirse, más allá de consideraciones de principios, la eficiencia de distintas formas de gobernar. Del presidencialismo democrático, nuestra forma predominante, sabemos que ha enfrentado eficazmente los picos de las crisis, pero sospechamos que no es igualmente apto para construir salidas consistentes.

Desde esa pregunta -la eficiencia en la construcción del Estado- quizá merezcan ser revaloradas otras cuestiones cuyo reclamo a partir de principios éticos suele ser descalificado en nombre de la eficacia o la viabilidad. Cómo se solucionan mejor los conflictos de intereses, cómo se seleccionan los gobernantes, cuál es la ética política y administrativa más eficaz. Tales me parece que son las preguntas, no solo para evaluar a los gobernantes sino al ciclo de nuestra actual experiencia democrática.

Publicado en La Nación

Etiquetas: Ciudadanía, Corrupción, Partidos

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