Luis Alberto Romero

artículo publicado

Diciembre de 2008

Veinticinco años de democracia: un balance

“Una conquista asombrosa más allá de las falencias”. Agenda pública a 25 años de democracia. Revista de Políticas Públicas de CIPPEC. Buenos Aires, diciembre de 2008. Pp113/115.

 

La democracia siempre ha evocado, a la vez, un exaltado ideal de libertad, igualdad y fraternidad y un conjunto de realizaciones concretas, siempre grises y modestas. Por eso los exámenes críticos y balances suelen tener el tono plañidero y quejoso de las “promesas incumplidas”. No faltarían razones para elegir ese tono al juzgar nuestro cuarto de siglo democrático. Las promesas de 1983 fueron grandiosas: estado de derecho, instituciones republicanas, virtud, respeto a los derechos humanos, pluralismo, debate racional y construcción consensuada de las políticas. En cuanto al estado, nos garantizaría el trabajo, el pan, la salud, la educación. No los juzguemos equivocadamente: quienes así hablaban no eran líricos sino políticos. Es difícil que la empresa de reconstrucción democrática en que estaban empeñados hubiera avanzado sin ese horizonte de ilusiones, capaz de movilizar a una nueva ciudadanía, minoritaria pero activa. No había mucho más: ni tradiciones, ni partidos, ni dirigentes, ni siquiera muchos ciudadanos. En cambio, había muchas corporaciones, reacias a adecuarse a las nuevas reglas del juego. Pero como nada es gratuito, el precio de esa hiper ilusión inicial fue una larga y sostenida desilusión, que aún nos alcanza.

Sin embargo, visto en perspectiva, esa construcción democrática que hoy evocamos tuvo mucho de asombroso. La Argentina anterior a 1976 –encuentro allí hay una bisagra- había tenido todo lo necesario para generar ciudadanos: economía relativamente próspera, estado potente, y una sociedad móvil e integrativa y participativa. Y sin embargo, la democracia que generó –la radical y la peronista- fue escasamente republicana, fuertemente unanimista y bastante facciosa, lo que explica, inclusive, los recurrentes golpes militares.

En 1983 la Argentina recibió de la última dictadura militar una economía en seria crisis, un estado desarticulado y una sociedad empobrecida y polarizada, con poca capacidad para crear nuevos ciudadanos. Pero asombrosamente, surgió allí una suerte de flor exótica: una democracia que mantuvo la continuidad institucional por veinticinco años, que sorteó muchas tormentas y dos crisis profundas. En ella se respetan razonablemente las libertades, se vota regularmente y los opositores pueden ganar elecciones. Es el vaso medio lleno. El medio vacío aparece si se compara nuestra forma democrática no ya con el ideal genérico de democracia sino con las promesas y prospectos de 1983; las deficiencias, carencias, malformaciones y desvíos, muchos y bien conocidos, nos llevan a pensar en lo que falta, lo que quizá no tendremos.

Examinemos más específicamente dos cuestiones. En primer lugar, la dimensión institucional: la república. Aquí indudablemente algo falló y sigue fallando: el equilibrio de poderes está profundamente alterado por el crecimiento de las capacidades decisionales del presidente, ocurrido en la década menemista y profundizado en los años de Kirchner. El Congreso delegó atribuciones en un presidente que se apropió de otras, en el borde mismo de la legalidad, y que sometió a los órganos de control, incluida la Corte Suprema. La crisis, la emergencia permanente, al decir de Hugo Quiroga, ha sido la causa y a la vez la justificación. La profunda reforma del estado de los noventa configuró también un contexto favorable para el decisionismo y para una fenomenal corrupción, desplegada plenamente durante las privatizaciones, y constituida en una importante herramienta de gobierno.

Otras razones se encuentran en la peculiar cultura política peronista. El justicialismo gobernó durante dieciséis de estos veinticinco años, y ha dejado su huella, no tanto en las políticas concretas, que han oscilado, como en las formas de ejecutarlas. Para ellos, la jefatura y la verticalidad son valores importantes. Convencidos de encarnar al pueblo, pueden ignorar sin culpa a las otras opiniones, o descalificarlas como ajenas al interés nacional. El menosprecio de lo “formal”, que subordinan a lo “real”, les permite tensar las normas al límite, ignorarlas o remplazarlas. Los ideales de virtud republicana dejan lugar a un laxismo moral en el que las prácticas corruptas no encuentran una condenación categórica. En suma, han impreso al gobierno un estilo que quizás haya sido eficaz para enfrentar a la crisis –es otra discusión- pero que indudablemente tiene poco de republicano.

Consideremos ahora lo más específicamente político: la ciudadanía, las elecciones y los políticos. La movilización ciudadana de 1983 se disgregó a fuerza de desilusiones. Quienes siguieron militando lo hicieron en el campo de los derechos humanos o en organizaciones civiles de control, vigilancia y denuncia, una tarea que, en otra dimensión, también cumple con eficacia la prensa. Gracias a ellos, las arbitrariedades del poder son conocidas por la opinión: un punto a favor de la democracia.

Otro punto a favor se encuentra en la eficiencia de una clase política joven, capaz de desempeñar funciones de gobierno, animar debates o manejar campañas electorales. Los políticos son profesionales que han elegido vivir de la política y privilegian sus carreras por encima de las pasiones ideológicas o de las convicciones doctrinarias. Esto tiene un costado positivo, pero también un riesgo: la tendencia de los políticos a convertirse en una corporación, que cuida sus intereses y de desentiende de sus representados. Fue esta sospecha precisamente la que desató la violenta reacción de 2001.

En cambio los partidos políticos de viejo estilo –los que alguna vez se llamaron modernos- brillan por su ausencia. En parte se debe a un estilo de hacer política, basado más en la encuesta y la imagen que en la militancia partidaria, que los hace prescindibles. Pero la mayor novedad de la Argentina de la pobreza y la polarización es que cada vez hay menos ciudadanos que decidan su voto con independencia y razón, y cada vez tienen más peso los mecanismos de producción del sufragio.

Los gobiernos tienen una máquina productora, que funciona con recursos estatales. Las cajas alimentan las redes políticas y distribuyen la asistencia social, que supo ser universal, de manera singular y discrecional, concedida finalmente a cambio del sufragio. El mecanismo se despliega con amplitud en las zonas mas pobres, como las grandes conurbaciones. Allí, el peronismo sacó apreciable ventaja, montando una red política extensa y flexible, que se ajusta a los pliegues de la sociabilidad de emergencia. Otra vez, el poco interés por las formas y la laxitud moral de los políticos peronistas les permite ajustarse más fácilmente a las condiciones de las zonas grises de un mundo excluido.

Para quien es pobre, el sufragio es, razonablemente, una forma de conseguir que lo tengan en cuenta. Otra parte del país puede darse el lujo de votar con independencia, defender sus intereses a través de canales institucionales o participar en el debate político. Ellos animan la esfera pública y los partidos políticos, incluido el justicialista, y dan vida a elecciones razonablemente competitivas.

Esta competencia entre un sufragio independiente y un sufragio producido es una de las claves para un balance de la experiencia democrática, de lo que fue y de lo que será. La otra clave está en la vigencia de los mecanismos institucionales de control y de debate, como el Congreso. Muchas veces se los ha defendido en nombre de un deber ser republicano, confrontado con la eficiencia. En los últimos meses –el conflicto del campo ha sido decisivo- se reclama que el Congreso se convierta en el lugar de la discusión y la concertación. No se trata ahora solo una reivindicación principista sino de un reclamo interesado. Aquí encuentro la segunda clave para este balance de la democracia que, por definición, está siempre abierto.

Publicado en Revista de Políticas Públicas de CIPPEC

Etiquetas: Ciudadanía, Partidos, República

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